Caso real: absolución estafa y delito de administración desleal. Sociedades gestoras y sociedades cooperativas

Parte demandante:

•  Juan S.L

?Parte demandanda:

•  Floor S.L

El Ministerio Fiscal

• No formula acusación, solicita absolución

Parte Demandante:

– Pena de prisión de seis años por el delito de estafa, y multa de doce meses con una cuota de diez euros.

– Así como la pena de seis años de prisión por el delito de administración desleal y multa de doce meses con una cuota.

– Por último la parte demandante solicita junto con los dos delitos anteriores, una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la inhabilitación para cualquier cargo de responsabilidad en promotoras, gestoras y cooperativas de viviendas durante el tiempo de la condena, más al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Parte demandanda:

– Que no se le impute ningún delito al considerarse no responsable

– Al considerarse la solicitud de absolución del representado se entiende que no tiene grado alguno de autoría o participación en los hechos.

– La no existencia ilícita penal no cabe pronunciar circunstancias modificativas de responsabilidad criminal. Así, como tampoco una responsabilidad civil.

– La no imposición de las costas procesales

– Que se tenga presente el escrito presentado y la práctica de la prueba solicitada.

Parte demandante: 

– Una adquisición de terrenos con un importe diferente a lo figurado en el Balance de Situación de la Cooperativa, Seguida de una solicitud de préstamo innecesaria. Una asamble convocada por el demandado a la que únicamente acudieron los socios fundadores, sin convocar a los cooperativista. Una mala praxis en las facultades que le correspondían, con mala fe y deslealmente.

Parte demandada:

– El acusado compró los terrenos a nombre de la cooperativa, así como se puede comprobar en las escrituras. Cumpliendo a su vez la tarea que la parte demandante le había encomendado y en suelo urbanizable. Suscribió el mismo un préstamo hipotecario que presentó a concurso y fue aprobado en un final. Los honorarios fueron calculados en base a los terrenos, con todos sus cálculos. Junto con la contratación de una poliza que garantizaría los fondos depositados por los cooperativistas, siendo el único destino de estos el proyecto. Establece por tanto, la parte demandante, haber cumplido con todas sus tareas y con buena fe.

• Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• Código Penal.