Las Asociaciones Judiciales piden al CGPJ a que haga frente al intento de control de la Justicia

Después de su paso por el Congreso de los Diputados (196 votos a favor, 150 votos en contra y 1 abstención), la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para la reforma del procedimiento de elección de los Vocales del Consejo del Poder Judicial correspondientes al turno judicial y para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, ha sido aprobada definitivamente esta misma semana por la Cámara Alta en todos sus términos.

“Ya se ha conseguido lo que se pretendía”

Fruto de lo anterior, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), mediante una solicitud conjunta, han instado a la Comisión Permanente del CGPJ a fin de que, “a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución”.

Tribunal Supremo (Foto: Economist & Jurist)

“En una democracia real es obligación básica de los Poderes del Estado garantizar el funcionamiento de los órganos e instituciones constitucionales, en particular aquellas diseñadas para asegurar el respeto a los valores y pilares que sustentan el Estado de Derecho y actuar como contrapeso frente a cualquier intento de control o desestabilización, incluidos los que eventualmente pudieran proceder de esos mismos Poderes”, anuncia el primer párrafo del comunicado conjunto.

En cambio, “lejos de trabajar en este objetivo”, el Senado aprobó definitivamente la Proposición de Ley Orgánica, “sin escuchar a nadie y por vía de urgencia”.

A juicio de las tres Asociaciones Judiciales, “tras más de dos años a lo largo de los cuales las formaciones políticas han evidenciado su incapacidad para reformar la LOPJ y que sean los Jueces y Magistrados quienes elijan democráticamente a 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces, así como cumplir las obligaciones que les impone la Constitución y renovar en plazo las instituciones, ahora trasladan las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, privándole de una de sus funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política”.

“Ya se ha conseguido lo que se pretendía”, confirma contundente el comunicado. “Reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario”. “Lo que era el palo y la zanahoria se queda sólo en el palo”, advierten las Asociaciones Judiciales.

En opinión de las tres instituciones representativas, nada de esto hubiera sucedido si, como sostienen el Comité de Ministros de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) o la Comisión de Venecia, “los vocales de origen judicial del CGPJ fueran elegidos directamente por los jueces”.

Así pues, tras instar al CGPJ a adoptar las medidas oportunas y a ejercer las acciones a su alcance para defender sus competiciones y la Carta Magna, las tres Asociaciones firmantes aseguran que seguirán “luchando para que, pese a todo y a todos, nuestro Estado de Derecho sea una realidad”.

Solicitud de consejo técnico

Según informan distintas fuentes jurídicas, el CGPJ, a través de su presidente, Carlos Lesmes, ha decidido encargar un informe a su gabinete técnico para que detalle el alcance de la reforma anunciada.

A modo de ejemplo, tras la reforma, al Consejo le invaden distintos interrogantes: ¿Podrá el mismo aprobar las bases de convocatoria de plazas? ¿Será posible que el CGPJ subsane los nombramientos que sean impugnados ante el Tribunal Supremo? ¿Estará habilitado el propio Consejo a nombrar jueces sustitutos?

Tras el pleno del órgano celebrado ayer jueves, algún vocal reiteró su preocupación e indignación frente a la reforma reiterada e incluso puso sobre la mesa la posibilidad de acudir ante el Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencia, por invasión del poder legislativo en las funciones del judicial. Fuentes cercanas al Consejo apuntan que esta última iniciativa no ha presentado, al menos de momento, el respaldo y apoyo necesario.