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¿Cuáles son las funciones de un abogado penalista?

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¿Cuáles son las funciones de un abogado penalista?



La figura del abogado penalista adquiere una relevancia significativa en situaciones en las que un ciudadano o persona jurídica se enfrenta a cargos por la supuesta comisión de un delito, o presenta una denuncia para pedir responsabilidad penal a un tercero ante la Justicia.  Son profesionales del Derecho especializados en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿Qué hace un abogado penalista?

Para entender las funciones de un abogado penalista, es preciso asimilar primero algunos conceptos jurídicos: el delito, la presunción de inocencia y el derecho de defensa.



  • Se considera delito todo aquel acto u omisión imprudente o intencionado, que vaya en contra del ordenamiento jurídico de la sociedad, y que esté tipificado como tal en el Código Penal (es decir, que sea un acto punible).
  • El principio de presunción de inocencia se encuentra regulado en la Constitución Española, y propugna que cualquier persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario durante el enjuiciamiento del caso.
  • El derecho de defensa está reconocido por el Tribunal Constitucional como una trasposición de las normas internacionales sobre derechos humanos: se da a entender que cualquier persona que sea objeto de una acusación tiene derecho a defenderse por sí misma o a recibir defensa técnica ante la Justicia.

«Son profesionales del Derecho especializados en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal» (Foto: Economist & Jurist)

En este último punto, caben tanto la defensa jurídica por parte de un abogado contratado a su elección, o mediante la designación de un abogado de oficio por parte del Tribunal.



Estos son, precisamente, los abogados penalistas: los profesionales expertos en Derecho Penal que se dedican a representar a los acusados, obedeciendo bien al ruego del acusado, bien al del Tribunal que le nombra de oficio para su representación.



Sus funciones abarcan actuaciones como:

  • Asistencia en comisaría. Acompañan a quien haya sido detenido por la supuesta comisión de un delito, para asistir tanto su declaración como su derecho a guardar silencio.
  • Asesoramiento jurídico. Comprenden tanto el consejo como la representación colegiada durante el proceso penal en el que el acusado se vea inmerso, incluyendo asistencia durante la investigación del Tribunal, y elaboración de estrategias de defensa o de acusación.
  • Asistencia preventiva. Se trata de un asesoramiento privado (puntual o recurrente) para aquellos ciudadanos que deseen prevenirse frente a posibles responsabilidades penales fruto de sus actuaciones (normalmente, de índole mercantil).

¿Cómo ser abogado penalista?

Para que una persona pueda ejercer como abogado penalista, tendrá que superar distintas fases de preparación:

  1. Licenciarse en Derecho. El paso imprescindible para ejercer esta profesión es obtener la licenciatura o el grado en Derecho. No hablamos solo de los conocimientos, sino también de la titulación oficial, sin la cual no se podrá continuar en el resto del proceso.
  2. Obtener el máster en el Ejercicio de la Abogacía. Se trata de un título de posgrado que habilita a los graduados o licenciados en Derecho para la práctica de la abogacía profesional. El examen de acceso es convocado por el Ministerio de Justicia, según las disposiciones de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.
  3. Obtener un máster de especialización. El abogado penalista deberá superar un máster de especialización en Derecho Penal, para formarse como experto en esta materia de cara al posterior desarrollo de sus funciones profesionales.
  4. El último paso obligatorio consiste en adherirse a un colegio profesional de abogados en la ciudad donde vaya a ejercerse la abogacía.

¿Qué estudiar para ser abogado penalista?

El Derecho es una disciplina viva, que está sujeta a constantes modificaciones como consecuencia de la actualización del ordenamiento jurídico y de las sentencias sobre otros casos.

Estudios obligatorios y complementarios

Es imprescindible, como dijimos antes, haberse licenciado o graduado en Derecho, haber superado el máster para ser habilitado profesionalmente, haberse especializado en Derecho Penal y formar parte de un colegio profesional de abogados.

Actualizaciones sobre nuevas normas

Entrando en detalle sobre los pasos que configuran el mencionado itinerario formativo, hemos de señalar que no basta con la obtención de los títulos correspondientes, o de la cumplimentación de las formalidades de acceso: el abogado penalista es, por definición, especialista en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Si bien no se trata de una parte obligatoria, es sumamente recomendable que el abogado penalista permanezca al día de todas las normas que se incorporen o deroguen en el ordenamiento penal, y de la jurisprudencia que emane de los tribunales.

Esto significa que el abogado penalista, para velar por un adecuado ejercicio de sus funciones profesionales, deberá complementar su formación mediante cursos, seminarios o másteres sobre aspectos concretos de las leyes penales: son de especial importancia tanto para las acusaciones o defensas particulares, como para las actuaciones de oficio emprendidas por la Fiscalía (delitos contra el Estado).

La jurisprudencia de los tribunales

Por otro lado, recordemos que las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho: por lo tanto, tampoco hay que olvidar la jurisprudencia que va «creando las normas».

La jurisprudencia es de inmediata aplicación cuando emana del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y que, independientemente de qué tribunal proceda, puede ser tenida en cuenta por otros tribunales cuando los abogados articulan la defensa o la acusación en torno a ella.

Un abogado penalista es un profesional del Derecho que está especializado en todos los aspectos relacionados, tanto a nivel penal como a nivel procesal, con la comisión de delitos: su función principal es enarbolar la acusación o la defensa de personas o entidades en procedimientos penales, así como prestarles el debido asesoramiento tanto dentro como fuera de dichos procedimientos.

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