A vueltas con la cuestión del Sahara

El año 2022 supuso un giro copernicano en la política de nuestro país en lo que hace referencia a la cuestión del Sahara Occidental. Pero es que, tras las últimas elecciones, se han dado nuevas circunstancias que pudieran ser anecdóticas. La primera, Tesh Sidi se ha convertido en la primera diputada de origen saharaui de nuestro Congreso de los Diputados y la recién elegida presidente del Congreso, Francina Armengol, es una ferviente defensora de la causa saharaui y una de las mayores críticas al cambio de política realizado por Pedro Sánchez en 2022.

Mientras la comunidad internacional, con muy pocas excepciones, continúa sin reconocer la anexión de facto marroquí, el Gobierno de España, cambiando toda su postura anterior y, de repente, considera que la posición ‘más seria, creíble y realista’ para que se solucione el conflicto del Sáhara Occidental es la autonomía que defiende el Gobierno marroquí, lo que significa el reconocimiento de la soberanía de Marruecos en el territorio y el abandono de la postura de exigir un referéndum de libre determinación. Todo ello en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, que sólo contemplan la posibilidad en el futuro de la realización de un referéndum de autodeterminación para resolver la situación.

La necesidad de la celebración del referéndum ha sido la opción española desde 1976. En nuestro país tenemos una amplia colonia de saharauis con los que nos unen lazos históricos y que han pasado de ser ciudadanos españoles de pleno derecho en 1975 a ser apátridas.

El cambio de postura se escenifico el 7 de abril de 2022 en Rabat, donde el rey de Marruecos y el presidente del Gobierno español hicieron una declaración conjunta al respecto.  El pueblo del Sahara ha considerado este hecho como una segunda traición (la primera fue el abandono del territorio tras los acuerdos tripartitos de Madrid).

Imagen desde uno de los campamentos de refugiados saharauis. (Foto: Pablo Montes)

El llamado Sahara Occidental fue provincia española hasta 1979 en que España lo abandonó entregándoselo a Marruecos. España, aún, sigue siendo de derecho administradora del territorio por mandato de la ONU, un mandato que no se ha revocado. Somos, por ello, internacionalmente responsables de lo que allí suceda.

La ONU ha establecido la necesidad de un referéndum para que el pueblo saharaui se manifieste sobre su destino, pero este no se ha celebrado por las trabas que está poniendo Marruecos con el apoyo de EEUU y Francia. Mientras, el Ejército marroquí está violando sistemáticamente los derechos humanos de la población saharaui de los territorios ocupados, lo que ha sido denunciado de forma permanente por Amnistía Internacional.

En los últimos años, activistas saharauis, defensores de derechos humanos y periodistas han continuado sufriendo amenazas por parte de las autoridades marroquíes. Los defensores de derechos humanos siguen sufriendo restricciones a su labor que incluyen hostigamiento, vigilancia, limitaciones a su libertad de circulación y enjuiciamientos de motivación política.

A pesar de ello, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), a diferencia de casi todas las misiones de las Naciones Unidas desplegadas por el mundo, no contempla en su mandato un mecanismo de observación de los derechos humanos.

La situación actual del Sáhara Occidental es la de un territorio con una doble naturaleza jurídica internacional: por un lado, es un Territorio No Autónomo, según las Naciones Unidas, y por otro es un territorio ocupado militarmente por Marruecos y, por ello, debe estar sometido al llamado Derecho Internacional Humanitario. El problema fundamental es que la Comunidad Internacional no ha procedido a la calificación formal del Sáhara como “territorio ocupado”. Pero la calificación especifica por el Consejo de Seguridad, a pesar de no ser una condición sine qua non para la aplicación del Derecho Humanitario, facilitaría la invocación de dicha legislación y provocaría un consenso sobre la situación de hecho que se vive actualmente, siendo un elemento importante para invocar en cualquier momento, ya que su contenido jurídico prohíbe la alteración de la composición humana de un territorio ocupado y la apropiación de las riquezas naturales, lo que no está siendo respetado por Marruecos.

Prueba de ello es la intención de Marruecos de incluir como saharauis a diversas tribus de sur de ese país para modificar el censo para el referéndum o que el Tribunal General de la Unión Europea ha tenido que emitir varias resoluciones en las que invalidaba los acuerdos comerciales entre la Unión y Marruecos por no contar con el beneplácito del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. Estas resoluciones dejan patentes que no se pueden explotar los recursos de un territorio en proceso de descolonización (y el Sahara lo es) sin el consentimiento de su pueblo.

En este escenario, el cambio de la postura española no incide en la resolución del conflicto, porque nuestro país no tiene la capacidad de dar efectividad a esa declaración. No puede firmar ningún acuerdo con Marruecos que sea aplicable al Sáhara Occidental sin incurrir en responsabilidad internacional.

España ha apoyado siempre de forma tácita la ocupación del territorio, y ha cedido al chantaje marroquí (Ceuta, Melilla, inmigración organizada desde y por Marruecos…) en su actuación en la materia. Todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara descartan cualquier solución que no pase por la autodeterminación, y es más, reconocen al Frente Polisario como el único representante legítimo del pueblo saharaui.

La República Árabe Saharaui Democrática reclama que España aún tiene responsabilidades en el Sáhara, y asegura que sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. No aceptan, por tanto, la renuncia unilateral de España a ese encargo que le hicieron las Naciones Unidas.

Ayuda humanitaria. (Foto: Pablo Montes)

Para entender estás cuestiones debemos acercarnos a la historia. El día 14 de noviembre de 1975, se firmó en España el Acuerdo Tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por el que España abandonaba definitivamente el territorio a favor de los otros dos firmantes que reclamaban el territorio del Sáhara Occidental como parte del suyo propio, aunque resoluciones de la ONU como la 377 se han mostrado en contra de la ocupación de cualquiera de los dos países sobre el territorio saharaui. Posteriormente, Mauritania se retiró del territorio y este fue ocupado por Marruecos.

En 2014, la Audiencia Nacional explica como un importante sector doctrinal sigue considerando que España es potencia administradora de iure, aunque no de facto. Indica la Audiencia que esto se debe a que los Acuerdos Tripartitos de Madrid no son válidos si no se realiza un referéndum en el territorio ocupado. Así lo entendió la Asamblea General de Naciones Unidas.

La condición de potencia administradora es atribuida por la ONU a un Estado para que administre y promueva el desarrollo de un territorio colonial hasta que su población ejerza el derecho de autodeterminación, lo que conlleva obligaciones jurídicas. El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus conclusiones de 13 de septiembre de 2016, considera que España tiene «la capacidad, incluso la obligación, de proteger a nivel jurídico los derechos del pueblo del Sahara Occidental; en particular su derecho a la libre determinación y su soberanía sobre los recursos naturales de este territorio» (Apartado 188 de sus conclusiones).

Reconozco que, en este tema, no puedo ser imparcial. Para mi el pueblo del Sahara está unido a la historia de nuestro país. Pero es que, además, sus pretensiones son justas. Y nuestro país tiene una importante responsabilidad en lo que le sucede. Estamos obligados a ello por nuestros compromisos internacionales.  Un viejo proverbio saharaui indica háblale a quien comprenda tus palabras. El pueblo saharaui ha confiado en la comunidad internacional y en la paz. ¿Vamos a dejarlos abandonados? ¿Comprenderemos sus palabras?