Abogados de víctimas plantean en el Congreso nuevas enmiendas para mejorar la futura reforma del baremo

Nueva ofensiva de las asociaciones de abogados de víctimas para presentar distintas enmiendas y mejorar el proyecto de ley que modifica el texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RDL 8/2004, de 29 de octubre, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradora sobre reforma del baremo de tráfico que sigue sin moverse en el Congreso de los Diputados desde el año pasado.

A esta reunión con los diputados socialistas comparecieron Manuel Castellanos, como presidente de la sección de responsabilidad civil y seguros del ICAM; Eduardo González, secretario general de ANAVA-RC, Alberto Salas, presidente de ADEVI y Xavier Coca, como presidente de ADAVIAC. El Proyecto de Ley se encuentra paralizado desde junio de 2024 en la Comisión de Economía y Comercio del Congreso de los Diputados.

En esta oportunidad, los tres presidentes resaltan el apoyo institucional del propio ICAM a las enmiendas que presentaron dichas asociaciones a estos diputados y que empezarán a circular en otras formaciones políticas en breve.

Al final son veinte enmiendas donde se habla de la gratuidad de los atestados, de las mejoras de las prótesis, se pide una modificación del baremo médico porque las lesiones en la columna vertebral solo se hablan de cervicales, cuando también hay que hablar de las lesiones lumbar y dorsal.

Manuel Castellanos, abogado de víctimas y presidente de ANAVA-RC, acudió a esta reunión de esta semana con el Grupo Parlamentario Socialista, como presidente de la sección de rc y seguros del ICAM: “Nos hemos viso con Pedro Casares, ponente de la iniciativa como es el proyecto de ley del baremo de tráfico y su adecuación viene recogido en el propio baremo, donde se indica que cada tres años debe haber un informe razonado”.

“Ese informe razonado de la Comisión del Baremo fue en julio del 2020. De manera paralela hay una directiva que es la del seguro de responsabilidad civil del automóvil, que debía haberse traspuesto antes del 23 de diciembre del 2023, pero no se ha hecho nada”.

Reunión entre grupo socialista y asociaciones de abogados de víctimas.  Xavier Coca, primero por la izquierda, Pedro Casares, tercero por la izquierda, PSOE, responsable de su ponencia. A su lado, Manuel Castellanos, ICAM; Alberto Salas de ADEVI y Eduardo González, primero por la derecha en ANAVA-RC. (Imagen: ANAVA.RC)

El escenario, según este jurista, es el de un proyecto de ley de reforma de baremo donde hay modificaciones del baremo en beneficio de las víctimas que están consensuadas entre las víctimas y el sector asegurador. Esa iniciativa legislativa está en la mesa del Congreso desde junio del año pasado. Es un proyecto de ley de tramitación urgente y pese a ello se está de prórrogas de enmiendas en la actualidad. La última enmienda termina el próximo miércoles. Son enmiendas parciales. Desde entonces, las asociaciones de abogados de víctimas estamos cerrando reuniones con los miembros de la Mesa de Economía del Congreso, PP, PSOE, Sumar, Junts y HBildu, para que conozcan las enmiendas técnicas que hemos planteado”.

Veinte enmiendas planteadas

Sobre esta cuestión se ha planteado una veintena de enmiendas que deben beneficiar a las víctimas en una reunión que fue productiva de casi tres horas de reunión: “Las hemos explicado al grupo parlamentario socialista (PSOE), tanto a su responsable de economía y justicia. En esta reunión estuvimos presentes representantes de ANAVA-RC, ADEVI Y ADAVIAC y en mi caso, en esta ocasión, como presidente de dicha sección de rc y seguro en el ICAM, “se ha pedido la gratuidad de los atestados, entra otras cuestiones, fundamental para optar al tratamiento sanitario, si no se tiene en quince días se puede perder dicha asistencia. Según el ayuntamiento, puede estar su coste entre 20 y 200 euros”.

Para Castellanos, “este proyecto de ley que contiene las modificaciones planteadas por la Comisión del Baremo que se han presentado hace algunos años, al igual que nuestras últimas enmiendas pretenden mejorar la vida y recuperación en la medida de lo posible de los lesionados graves”. El problema de la aprobación de estas enmiendas es «el clima político que hay, donde se aprueban pocas cuestiones por la situación política que hay en estos momentos, pero este es un tema social y no político y queremos reunirnos con el resto de las fuerzas políticas».

Este jurista nos indica algunas de las enmiendas planteadas que modifican distintos artículos de este proyecto de ley. Las tres asociaciones plantean modificar la redacción del actual artículo 80, concepto de lucro cesante en los supuestos de muerte. De esta forma quedaría “en los supuestos de muerte, el lucro cesante consiste en las pérdidas netas que sufren aquellos que dependían económicamente de los ingresos de la víctima y que por ello tienen la condición de perjudicados. El presente concepto se estima, de conformidad a las hipótesis y reglas de la presente Ley y las Bases Técnicas Actuariales vigentes a la fecha del accidente, de conformidad al Art. 38 de la presente”.

Otra modificación a la que hemos tenido acceso tiene que ver con la propuesta de modificación del artículo 136 en cuanto al concepto de lucro cesante en secuelas. La redacción que plantean las tres asociaciones es la siguiente: “En los supuestos de secuelas, el lucro cesante consiste en la pérdida de capacidad de ganancia por trabajo personal y, en particular, en el perjuicio que sufre el lesionado por la pérdida o disminución neta de ingresos provenientes del trabajo que desarrolla o desarrollaba a fecha del accidente”.

Sobre la justificación se indica que “esta fórmula es la única que nos garantiza que no se castigue a las personas que se reinventan laboralmente no obstante sus secuelas, o que se vean obligadas a demostrar los perjuicios reales económicos que les haya supuesto la pérdida de la posibilidad de seguir prosperando en el trabajo que tenían a fecha del accidente no obstante el nuevo trabajo, teniendo que demostrar un lucro que, con el reconocimiento de la incapacidad laboral el sistema pretende que se entienda acreditado y estimado”.

Atestado debe ser gratuito

Otro de los que acudió a esta reunión fue Alberto Salas, presidente de la Asociación de Abogados Víctimas de Accidentes (ADEVI), quien explica a este medio que “hemos trasladado al grupo socialista las veinte propuestas consensuadas por las tres asociaciones mayoritarias de abogados de víctimas y el propio Colegio de Abogados de Madrid. Nos hemos centrado en seis de ellas y dentro de estas la que creo que la irrenunciable es la de la gratuidad de los atestados de los accidentes de tráfico. Es un coste económico que se carga a las víctimas cuando quedan en una situación de desamparo”.

Al mismo tiempo, considera que es importante que “las autoridades, antes de mandarlo al juzgado, te lo den a ti. Te encuentras con que el juzgado tarda en incoar el expediente, pasan de siete y veinte días, te queda fuera de los plazos de asistencia sanitaria y se puede quedar ese lesionado sin tratamiento. Al final genera un doble efecto pernicioso, por un lado, el gravamen de la tasa y, por otro, que te quedes fuera de dicho tratamiento médico”.

Debate en el ICAM sobre la reforma del baremo con expertos como José Antonio Badillo, Juan Manuel Villar y el propio Manuel Castellanos, abogado experto en la materia. (Imagen: ICAM)

En su opinión, la receptividad de Pedro Casares y sus colaboradores del PSOE fue buena: “Nos han escuchado con interés, necesitamos que vean que es un tema importante que lleva años parado en el Congreso desde que la Comisión de Seguimiento del Baremo hizo el informe razonado con 50 propuestas allá por el 2021, propuestas consensuadas entre los miembros de esa Comisión para mejorar la calidad de vida de las víctimas de accidentes. Este informe se ha convertido en anteproyecto sujeto a alegaciones de asociaciones de víctimas y otros colectivos”.

Salas recuerda que “hay una directiva de la UE que ya había que trasponer y que estamos fuera de plazo. No sabemos cómo se ha retrasado tanto en comparación con la ley 1/2025 se ha aprobado con bastante más rapidez que estas reformas que necesitan las víctimas de accidentes de tráfico. Curiosamente, el tema del atestado no está en las propuestas planteadas por la Comisión de Seguimiento del Baremo, y es algo de vital importancia. En algunas poblaciones se están pidiendo hasta 260 euros. Su demora hace que puedas perder la asistencia sanitaria”.

En las próximas semanas, las tres asociaciones se pondrán en contacto con el resto de fuerzas políticas para retomar nuevas negociaciones en este 2025 para intentar reactivar un tema que está casi parado pese a la importancia social que supone mejorar la vida de las víctimas de tráfico. “Al final de lo que se trata es de lograr el consenso parlamentario para que se puedan aprobar con prontitud dichas reformas que son necesarias y básicas para las víctimas de accidentes. Este es un tema social que excede de la política. Hay que buscar el consenso adecuado entre todos nuestros parlamentarios”.