Abogados en Derecho Público piden a los magistrados de los TSJ que aclaren el criterio sobre las costas

Será este miércoles cuando concluya la reunión que han mantenido en Murcia los presidentes de las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, donde se espera conclusiones importantes habida cuenta del momento actual, tanto por la ley de amnistía como por los cambios del RD6/2023 que han dejado poco clara la situación de las costas judiciales y la cuestión de las medidas cautelares, entre otros temas.

La Región de Murcia acoge desde este pasado lunes el encuentro de presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ de España y de la Audiencia Nacional. La reunión de trabajo, que durará hasta este miércoles, fue inaugurada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, junto con la presidenta de la Sala Contenciosa, María Consuelo Uris.

Según ha podido saber Economist & Jurist, los magistrados profundizaron en asuntos de relevancia en su jurisdicción, especialmente las últimas novedades jurisprudenciales en las costas procesales, con la intervención de Isaac Merino Jara, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o la prueba y la adopción de medidas cautelares en el proceso Contencioso-Administrativo.

Además, una de las ponencias, a cargo de la presidenta de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Dolores Rivera Frade, abordó la protección del patrimonio cultural. En el encuentro participó también el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo Contreras, que explicó los últimos avances en modernización donde los jueces están divididos sobre el uso habitual de las vistas telemáticas.

Miguel Pascual de Riquelme, anfitrión de las jornadas, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. (Imagen: Poder judicial)

Los jueces necesitan medios

Para Alberto Palomar, socio de derecho público de BROSETA, «es importante que haya un pronunciamiento sobra las costas judiciales. Esperemos que lleguen a algún acuerdo unificador sobre el tema. No queda claro el fundamento de las costas cuando te enfrentas a un abogado del Estado que paga la Administración pública. Sobre las medidas cautelares, ha mejorado mucho el planteamiento, es razonable; y sobre la organización, es fundamental una mejor gestión para que afronten la carga de trabajo que tienen».

Asimismo, señala que «la Administración ha crecido mucho y funciona con criterios de mayor dificultad porque su ámbito de competencia ha crecido de forma notable. Sin embargo, con la reforma que hicieron de la casación, la jurisdicción contenciosa no está al alcance de cualquiera. Ahora la situación es que vemos que muchos de los jueces van a remolque de sus asuntos».

Desde su punto de vista “el principal problema creo que es el atasco y la demora de los procedimientos que ya es un histórico y no mejora. Eso produce que las sentencias no tengan la calidad que se espera y que en alguna ocasión se quitan los asuntos de en medio. Al final afecta todo esto afecta al control de los poderes públicos porque los jueces de lo Contencioso realizan ese control que es necesario para frenar cualquier abuso”.

En su opinión «a sociedad española debería repensar como mejorar la actividad de nuestros tribunales. Lo malo de una mala sentencia es que hay una poder público que no se fiscaliza bien, esto es algo que hay que tener en cuenta. A esto hay que añadir las costas judiciales y que te pueden dar una sentencia tipo como está haciendo el Supremo por las reclamaciones interpuestas por empresarios y entidades por el Covid-19».

Al final “este sistema de control de los poderes públicos es muy mejorable. No tienen la culpa los jueces. Es un problema de que todas las reformas que se han ido haciendo debilitan los sistemas de control. No hacen jueces más dedicados e independientes, sino profesionales más preocupados por sacar todo el papel que tienen pendiente que es mucho. No es de recibo que el CGPJ señala que muchos de nuestros jueces tienen una carga de trabajo superior al 150% eso no es asumible”.

Para Palomar “si se insiste en las costas, si se paquetizan las sentencias y se insiste en el pleito testigo eso generará que al final el acceso a la jurisdicción contenciosa será mas restrictivo. En la jurisdicción civil vas o te llaman, pero en el contencioso no tienes más remedio, vienes de un acto declarativo de la Administración. Es la que dice que vas a pagar una multa y uno se defiende. Entiendo que desespere a muchos ciudadanos este tipo de situaciones. Los jueces de lo contencioso deben tener medios adecuados”.

Alberto Palomar cree que las costas no deben imponerse “ya cobran los abogados del Estado de la Administración”. (Imagen: Broseta Abogados)

Las costas hay que limitarlas

Por su parte Alberto Dorrego, socio responsable de Derecho Público de Eversheds Sutherland y presidente de la sección de Derecho Público del ICAM, señala que “a los abogados de jurisdicción contenciosa-administrativa nos preocupa el tema de las costas. Estaría muy bien que establecieran un criterio lo más unificado posible sobre una cuestión que es de funcionamiento ordinario que es la interpretación del nuevo artículo 139-4 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa, que es el que regula las costas y la posibilidad de limitar su cuantía en primera instancia”.

Este experto indica a E&J que el RD-ley 6/2023 que regula notables cambios en las distintas leyes procesales de todas las jurisdicciones para introducir las vistas tecnológicas y otra serie de innovaciones, entre ellas modificaciones el RD-ley introdujo una modificación en la regulación de las cosas. Es una regulación confusa lo que parece deducirse es que se ha eliminado la posibilidad que se limiten las costas en primera instancia. De eso se desprende la redacción de la norma aunque no es clara Y algunas salas d gobierno como Galicia y Asturias que han establecido una interpretación limitativa de las mismas”.

En su opinión, “esta medida produce un problema operativo en nuevos procesos contenciosos porque tienes que convencer a ti cliente de ir a reclamar. Creo que no tiene sentido eliminar la limitación de las costas. Es una jurisdicción especial y distinta. No hay igualdad de armas, porque se parte previo de una actuación administrativa que tiene una presunción de legitimidad. Esta es una jurisdicción revisora, donde algo más del 25% de los asuntos se estiman. Si se implanten las costas sin limitación expulsas a muchos afectados de la jurisdicción”.

Sobre esta medida, Dorrego señala que “hace daño a la tutela judicial efectiva al mismo tiempo que reduce el control jurisdiccional que se hacen de los poderes públicos. Es fundamental que los TSJ establezcan un criterio claro sobre la limitación de costas y que dejen tranquilos a los profesionales del sector con un criterio uniforme sobre esta cuestión. Al mismo tiempo deberían pronunciarse sobre el poco encaje que tienen las vistas telemáticas en el proceso contencioso. En este ámbito debería limitarse lo telemático porque hay muchos problemas técnicos y los actos procesales quedan fuera de contenido”.

Alberto Dorrego subraya que las costas judiciales limitan el acceso a la Justicia de muchos justiciables. (Imagen: ICAM)

En cuanto al funcionamiento de la jurisdicción, Dorrego considera que «en general cumple bien con su trabajo porque su función constitucional es importante. Hay algunos TSJ colapsados, frente a otros que funcionan mejor. Es el momento de crear nuevas secciones en los TSJ, relacionadas con tributario; contratación pública o responsabilidad patrimonial; y urbanístico, entre otras o avanzar en la creación de tribunales administrativos especializados o secciones especializadas para que no exista la dispersión temática que hay y que resta eficacia».

Al mismo tiempo, «la jurisdicción no ha sabido tratar los casos que son parecidos en la jurisdicción. Habría que hacer propuestas al poder legislativo porque el pleito testigo encaja mal. Hay que hacer una regulación propia para evitar los colapsos».

Faltan recursos de casación

Por su parte, Diego Gómez, of counsel de la boutique de Derecho Público Villar & Asociados, cree que hay que buscar una solución al tema de las costas judiciales, “por un lado el Tribunal Supremo te dice que no se puede utilizar los baremos, pero por otro cuando vas a litigar no sabes realmente el riesgo que corre tu cliente a la hora de ir la vía judicial».

Desde su punto de vista “esta situación se ha complicado con el RD-ley 6/2023 en el que en este debate abierto hay algunos profesionales que se ha eliminado la limitación de costas. Creo que no debe entenderse así. Los TSJ de Galicia y Asturias creen que se puede seguir limitando dichas costas judiciales”.

Para este jurista “hay que darse cuenta que esta norma solo se aplica a los procedimientos que se inician desde el pasado 20 de marzo. Parece que el Tribunal Supremo está dispuesto a resolver un asunto para aclarar esta problemática. En un reciente curso al que acudí en Santander sobre la jurisdicción contenciosa-administrativa con ponentes de primer nivel, donde se debatió si hay igualdad de armas entre las administraciones y los justiciables, también señalé que otro de los problemas es el volumen de trabajo que tienen los jueces de lo Contencioso. En el contencioso es más pernicioso porque recibe el juez un expediente técnico-administrativo que analiza con rapidez”.

Diego Gómez advierte de la gran carga de trabajo de los jueces de lo Contencioso: “Así no pueden controlar a los poderes públicos». (Imagen: Villar & Asociados)

Este jurista señala que “si tienes poco tiempo para resolver, hay más incentivos a confirmar lo que te han enviado desde la Administración. Desde esa perspectiva la falta de medios y la propia Inspección que realiza el CGPJ a todos los juzgados para ver si cumplen con los ratios establecidos, afecta a la calidad democrática porque estos magistrados se encargan de controlar la actividad de los poderes públicos como dice el articulo 106 de la Constitución. Bajo ningún concepto se debe beneficiar la impunidad de la Administración”.

Este experto cree que hay un problema sobre el desarrollo de la ley en el recurso de casación autonómico “el problema es que hay salas como las de Cantabria o La Rioja que tienen pocos magistrados donde en realidad no existe el recurso de casación autonómico. Tenemos una España que el Constitucional ha dicho que en unas comunidades autónomas haya recurso económico de casación y otras no, que no influye en el principio de igualdad. A nivel organizativo, tenemos muchos asuntos que no tienen apelación porque la cantidad es inferior a 30.000 euros. Muchas de las cosas que discute la gente es de cuantía inferior a ella”.