Abogados, procuradores y funcionarios analizan los retos de la nueva viceconsejera de Justicia de la CAM

Carmen Martín, hasta ahora directora general de Infraestructuras Judiciales de la Comunidad de Madrid, se ha convertido en pieza clave de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local al ser nombrada nueva viceconsejera de Justicia y Victimas de este nuevo Gobierno regional. Su promoción profesional viene dada por la salida a petición propia de Yolanda Ibarrola a seguir en ese cargo, que desempeñaba desde el 2018.

Los abogados consultados por Economist & Jurist valoran el trabajo de Ibarrola en estos últimos años en el Gobierno madrileño, donde ha ocupado puestos de responsabilidad, donde destaca el cargo de Consejera de Justicia en el Gobierno de Ángel Garrido (mayo 2018 a agosto 2019) para luego asumir con Isabel Díaz Ayuso el cargo de viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid

También consideran que, con el peso específico de la justicia madrileña organizada en 21 partidos judiciales, no desentonaría que esta actividad se pudiera gestionar desde una consejería propia. Ahora, el modelo es de Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, lo que la convierte en la consejería de mayor tamaño.

En el caso de Carmen Martín hay que reseñar que es licenciada en Derecho y diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Urbanístico y de la Construcción en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial.

Desde el año 2005 es funcionaria, perteneciente al cuerpo de Técnicos de Administración General (rama jurídica), habiendo desempeñado puestos en la administración local y autonómica. Ha sido subdirectora general de Infraestructuras Judiciales en la Comunidad de Madrid y desde el año 2018 hasta la fecha ha desempeñado el puesto de directora general de Infraestructuras Judiciales.

Eso le ha hecho conocer bien la justicia madrileña, tanto a nivel de sedes como de necesidades. También se la vincula al proyecto de Ciudad de La Justicia como una de sus promotoras.

Por su parte, el cargo de director general de Infraestructuras judiciales lo asumirá Pablo García-Valdecasas, licenciado en Derecho y doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Reflotar los juzgados madrileños

Para Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, “hay que valorar mucho el elemento de continuidad de la nueva viceconsejera de Justicia y Víctimas, ya conocedora de la justicia madrileña al haber sido en las dos últimas legislaturas pieza clave del equipo de Yolanda Ibarrola”.

Eugenio Ribón, decano del ICAM. (Foto: ICAM)

El primer tema que se debe abordar es reflotar la justicia madrileña tras las huelgas sufridas en cadena. Tras la huelga los LAJs tuvimos una primera reunión con Ibarrola, es lógico pensar que habrá otra con Carmen Martín, ahora que esa huelga se ha desconvocado”.

Otro tema prioritario para el decano madrileño será “la dignificación de las relaciones de la abogacía con la Administración de Justicia, tanto a nivel de infraestructuras como de Turno de Oficio e impulsar un Pacto de Estado de cara a impulsar las normas que no se aprobaron en la última legislatura”.

“En esta ocasión sabemos que el PP tendrá mayoría absoluta, con lo cual la clave será que la Consejería de Hacienda que ahora va a ocupar Rocío Albert pueda autorizar inversiones en sedes judiciales, rehabilitación de edificios y mejora en los baremos del Turno de Oficio que deben actualizase de forma periódica conforme al IPC. Es fundamental que tenga autonomía presupuestaria para mejorar la justicia madrileña”.

Funcionarios reclaman acuerdo sectorial

Desde las organizaciones sindicales, Juan Carlos Ferreiro, responsable en Madrid del sindicato CSIF, subraya que “la continuidad del proyecto está garantizada con Carmen Martín, una profesional que conoce bien la Administración de justicia y esperamos que pueda afrontar los retos que se vislumbra en la justicia madrileña”.

Juan Carlos Ferreiro, responsable en Madrid del sindicato CSIF. (Foto: CSIF)

A este respecto, destaca que “está pendiente la firma de acuerdo sectorial en nuestro ámbito a nivel de funcionarios. Ese acuerdo sectorial venció en el 2020 y ahora habrá que reactivarlo porque se nos vinieron encima las elecciones autonómicas y todo se cerró en falso. Es un tema que queremos que se impulse una vez se constituya este nuevo Gobierno regional y esté configurada esta viceconsejería de Justicia y Víctimas”.

Otra preocupación sindical es que se siga cumpliendo con “el plan de infraestructuras de nuevas sedes judiciales que se está desarrollando. Así se han abierto nuevas sedes judiciales en Navalcarnero, El Escorial y otras pendientes en otros partidos judiciales, pero sobre todo también nos preocupa cuál va a ser el futuro del proyecto de la Ciudad de la Justicia, desierta su adjudicación en la última convocatoria según pudimos saber”.

Al mismo tiempo, Ferreiro destaca que otra cuestión a implementar en los próximos meses tiene que ver con el el expediente electrónico y el papel cero “es el momento de implementar las nuevas tecnologías.”

“Ya hay experiencias piloto de implantación del expediente digital y ahora falta su plena implantación en todos los órganos jurisdiccionales para alcanzar el rato de papel cero y la interoperabilidad con todas las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas en justicia”, comenta

A este respecto, señala que “los gestores procesales existentes son diferentes a nivel autonómico, eso hace que el de Galicia no tenga nada que ver con el de Andalucía ni éste con el de Madrid, o el de Cataluña. La interoperabilidad es un reto para un mejor funcionamiento de la justicia como servicio público en todo el pais”.

Mejorar sedes judiciales

Desde el colectivo de procuradores, su decano Alberto García hace una valoración positiva del nombramiento de Carmen Martín como nueva viceconsejera de Justicia y Victimas de la Comunidad de Madrid. “Conoce bien todo lo que es el mundo de la justicia de Madrid. Con nuestro colectivo la relación es fluida sobre todo en lo concerniente a las nuevas sedes judiciales y trabajado conjuntamente en el proyecto de la Ciudad de la Justicia”.

Alberto García Barrenechea (Foto: ICPM)

En su opinión “es una buena señal la presencia de Carmen al frente de esta área de Justicia, donde el papel de Alejandra Alonso, que sigue al frente de la Dirección General de RRHH y de Relaciones con la Administración de Justicia, es también importante. Es un trabajo complejo porque se trata de ser interlocutora con los funcionarios, entre otras competencias”.

A su juicio, “Carmen Martín conoce bien la Comunidad de Madrid y no hay que explicarla nada relacionado con la justicia madrileña. Los temas más urgentes tienen que ver con la mejora de los baremos del Turno de Oficio, tienen que actualizarse pese a que han tenido subidas importantes. Debemos seguir luchando por tener unos baremos retributivos dignos”.

Junto a ello, otra de las prioridades para los procuradores madrileños tiene que ver con “el retraso que hay en la justicia madrileña a nivel de asuntos y juicios. Llevamos casi cinco meses de parones y eso se está notando en los juzgados madrileños. Eso está provocando en los decanatos muchas deficiencias en el reparto. Ahora hay una especie de huelga encubierta de los funcionarios porque no se nota que el trabajo sea efectivo”.

Desde su punto de vista, “habrá que presionar al Ministerio de Justicia para que pueda levantar estas huelgas para ordenar la justicia madrileña y su espacio judicial que está convulso y muy retrasado”.

Respecto a la Ciudad de la Justicia, “hay que ver la viabilidad del proyecto porque la dimensión de Madrid es muy superior el de otras ciudades españolas donde ya cuentan con un espacio agrupado de sedes judiciales. Hay que volver a retomarlo para hacer una Ciudad de la Justicia solvente, pero de otro modo para que pueda ponerse en marcha con la financiación adecuada”.

Mientras tanto, cree que “el reagrupamiento de las sedes puede ser la alternativa, tal y como se está haciendo ahora. Ahora en tres calles tenemos todos los primeros instancia de Madrid, eso es un avance. Las Audiencias Provinciales, Penal y Civil están en el mismo sitio. La reagrupación de sedes puede ser la transición hacia la Ciudad de la Justicia”.

Al mismo tiempo, considera necesario “rehabilitar muchos edificios judiciales existentes en los 21 partidos judiciales de Madrid. No es sólo Madrid capital, hay avances con las sedes nuevas de Navalcarnero, Valdemoro o la de Colmenar, pero urge hacer una nueva en Móstoles otra en Arganda o en Torrejón. Esto supone un plan de choque para los partidos judiciales porque algunas sedes judiciales son muy deficientes”.