Alfonso Trallero, socio penalista de Ontier: “La falta de medios de la Audiencia Nacional es alarmante, demora en años la celebración de algunos juicios”

La llegada de este 2025 ha culminado con una de las noticias jurídicas más destacadas del pasado año, que adelantamos hace unas semanas: la integración del Bufete Trallero, del que era titular Alfonso Trallero, referente en derecho penal, en una estructura mayor como es la de Ontier. En esta conversación que mantenemos con este jurista atisbamos que la operación está empezando a funcionar.

En esta conversación que mantenemos con este jurista, atisbamos que la operación está empezando a funcionar. «Queremos aportar nuestra expertise para que Ontier sea aún mejor despacho del que es en estos momentos», comenta cuando empezamos a hablar.

La trayectoria de Alfonso Trallero viene marcada por la innovación y su espíritu emprendedor en un área clásica como el derecho penal. Tuvo uno de los mejores maestros de la profesión, el recordado Miguel Bajo, para luego, desde ahí, crear su propio proyecto personal. Su buen hacer le ha permitido llevar asuntos penales de primer nivel y ser un asiduo en los medios de comunicación como voz autorizada para opinar sobre cualquier asunto penal del momento. Ahora ha llegado otro momento importante para él y su equipo.

«Las boutiques penales, como la mía, han sabido mantener un nivel de calidad acorde con la complejidad de los asuntos que llevamos habitualmente. En un momento te das cuenta de que tu oferta de servicios es limitada; cada vez más, los casos son transnacionales y necesitas formar parte de estructuras más potentes, como es el caso de Ontier. Su oferta nos convenció por dos razones: la primera, la calidad humana de sus equipos y su apuesta por la innovación; y la segunda, su compromiso con la litigación penal, que nos parecía la mejor opción con diferencia».

Tras este primer mes largo en Ontier, Alfonso Trallero y su equipo consideran que «hemos acertado; quizás deberíamos haberlo hecho antes, porque estamos viendo muchas oportunidades de negocio que se van a cristalizar en breve. Ontier tiene oficinas en nueve países del mundo: tres en Europa, cinco en Latinoamérica y otra en Miami (EE. UU.). Dependiendo de cada asunto y cada cliente, podemos servir de apoyo a cualquiera de las sedes en materia penal. La capacidad de innovar y de dar respuesta a los problemas de los clientes es grande en un despacho como este».

Y es que la transnacionalidad ha llegado al derecho penal. «Nosotros, ya hace años, con el despacho de Miguel Bajo, defendimos al Estado de Kuwait en diferentes acciones penales que interpuso contra distintos directivos de grupos o sociedades participadas por el Estado kuwaití. Tuvimos reuniones en Londres, Suiza y España. Esto, que en aquel momento era anómalo, ahora es algo ordinario y habitual en distintas jurisdicciones. Junto a ello, se ha producido un elevado crecimiento de delitos y estafas informáticas. Ahora, con la inteligencia artificial (IA) generativa, creemos que seguirá creciendo», prosigue.

Trallero advierte a este periodista del tapón de la Audiencia Nacional ante la falta de medios, especialmente salas de vistas. (Imagen: Ontier)

Reforma de los tribunales de instancia

Sobre la reforma de la Ley 1/2025, que modifica los juzgados actuales por tribunales de instancia colegiados, Trallero destaca que «a los penalistas nos va a afectar bastante este nuevo modelo de Justicia. Se cambia la planta judicial con nuevos órganos jurisdiccionales, y hay alguna cuestión que preocupa porque puede generar cierto control sobre cómo se designan los jueces que resuelvan cada asunto. La ley no está del todo definida; habrá que ver cómo se desarrolla a nivel reglamentario para que no haya ese control judicial».

Nuestro interlocutor reconoce que ahora suena con más fuerza aquella reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) de la que se ha hablado y debatido durante años: «Es lícito que, en un momento como el actual, con un fiscal general imputado, la gente piense que hay algo oculto en ella. Lo que ocurre es que hay reformas necesarias, y la LeCrim necesita una profunda revisión. En cuanto a si deben instruir los fiscales con la vigilancia del juez, como alternativa al modelo vigente, hay que analizar el modelo de la Fiscalía Europea y su problemática».

A juicio de este jurista, «en dicha fiscalía y su procedimiento, en el que el fiscal lleva la investigación con la supervisión del juez de garantías, se están generando distorsiones. Todas estas cosas hay que mirarlas con mucha calma, porque parece que no es el momento más adecuado para esa reflexión, especialmente con una serie de procedimientos que asedian el núcleo del poder. Algunos de ellos parecen querer desactivarse desde ese entorno. Al mismo tiempo, falta un consenso estable entre los dos grandes partidos, por lo que es difícil que ahora se haga».

Sin embargo, pese a esta situación actual, los expertos como Alfonso Trallero son conscientes de que la LeCrim ya no da más de sí. «La Ley es susceptible de mucha mejora ante sus instrucciones interminables. Otra queja de los profesionales es la falta de dotación de medios, un mal endémico. En el caso de la Audiencia Nacional, es un tribunal especializado para resolver cuestiones complejas en materia económico-penal y transnacional. Tienen más medios que otros juzgados, pero siguen con serios problemas. Llevan años con seis juzgados centrales de instrucción, insuficientes ante los asuntos que les llegan», critica.

En su opinión, «la Audiencia Nacional tendría que duplicar sus medios y profesionales para dar respuesta a la avalancha de asuntos penales que han llegado en los últimos años. El embudo está en la sala de enjuiciamiento: hay cuatro secciones y no hay salas de vistas suficientes para atender todos los asuntos pendientes de señalamiento. Eso significa que hay una demora de cinco o seis años en algunos procedimientos. No es razonable. Al final, se espera quince años para ser enjuiciado en algunos casos complejos».

En cuanto al aumento de la litigiosidad, que supone una extensión indiscriminada del Código Penal en muchos asuntos, esta semana tiene lugar en la Audiencia Nacional el juicio por una presunta agresión sexual de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso tras un beso no consentido al ganar el título de campeonas mundiales femeninas. «El comportamiento de Rubiales fue deleznable, lo que justificaba su cese, pero no veo el principio de lesividad en los términos en los que se plantea».

Como ciudadano, subraya que «no es razonable que tengamos un asunto de este tipo con 200 periodistas, al parecer, acreditados ocupando una sala de vistas —que, como le comentaba antes, son escasas—, mientras hay otros asuntos de mayor impacto para empresas y ciudadanos que son urgentes pero siguen esperando porque no hay salas de vista disponibles para celebrarlos. Es algo sobre lo que todos deberíamos reflexionar en el contexto de la falta de medios de la Audiencia Nacional».

De izquierda a derecha: Alfonso Trallero, abogado penalista y socio ahora de Ontier; Pablo Capel, director general de E&J Group; y Javier Mata, abogado senior ‘partner’ en Andersen. (Imagen: E&J/Óscar Peña)

El empresario, en el disparadero

Otra cuestión que le preocupa a Alfonso Trallero es que ser empresario en nuestro país es un peligro. «Se les criminaliza por muchas cosas, además de que se juegan su dinero en su negocio. La empresa es una actividad de riesgo desde antes de los romanos. Es importante intentar anonimizar dichos riesgos. Lo que no puede ser es que todo descanse en los hombros del emprendedor y del empresario, y que el Estado exija mucho pero no ayude a mitigar esa exigencia. Hay sectores que sospechan del empresariado, pese a que son quienes generan la riqueza en cualquier país», sostiene.

A su juicio, como el de otros expertos, «se puede hablar de una criminalización preventiva del empresario por parte de determinados sectores de este Gobierno, sin ninguna duda, y eso es un error. Solo hay que ver el tema de los pisos de alquiler en Cataluña: desde que se aprobó la Ley sobre la reforma de los arrendamientos, ha salido del mercado del alquiler un 40% de las viviendas en esta comunidad. Es una respuesta inmediata a que, si te ponen tantas trabas, no merece la pena asumir tantos riesgos«.

Desde esta perspectiva económica general, «al final, los penalistas, al igual que los abogados laboralistas o expertos en tributación, se hacen indispensables en el quehacer diario del mundo de la empresa. Nuestra labor es explicarles que algunas de las cosas que hacen tienen un reproche penal hacia su persona, con los riesgos que eso supone. Ahí surge el compliance penal para evitar que esos riesgos se produzcan o concreten. Esta parte de compliance viene avalada por la socia responsable de la práctica en Ontier, Berta Aguinaga, experta en ello, con un equipo de lo más potente en nuestro país».

Lo que se observa, en definitiva, es una situación compleja, donde hay bastante trabajo para los abogados expertos en derecho penal, en un momento de injustificada extensión del Código Penal en nuestra sociedad. «A todo esto hay que añadir los tradicionales delitos fiscales y el blanqueo de capitales. Ya lo decía mi maestro Miguel Bajo: se ha regulado demasiado. Ahora, con cualquier acusación penal económica, hay también un posible delito de blanqueo. Algo está fallando cuando la regulación actual remite al blanqueo en muchas situaciones», recuerda.

Su último consejo a los empresarios, con el que cierra esta entrevista, es el siguiente: «Deben entender que necesitan, cada vez más, expertos en la materia a todos los niveles. Y en el plano penal, la normativa es exigente y ahora puede afectarles en determinados negocios. Hay que estar preparados para minimizar esos riesgos y seguir creando riqueza, que es su objetivo principal. Se trata de contar con un asesor legal que tenga equipos jurídicos capaces de resolver problemas a nivel laboral, fiscal o penal. Una firma como Ontier lo puede hacer».

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