Bartolomé Vargas: “Sin una dotación de medios adecuada la reforma de la LECrim no será operativa”

La práctica penal sigue estando este año en constante ebullición. A los nuevos retos profesionales de acreditados penalistas como Bernardo del Rosal y Calos Zabala, con nuevos proyectos profesionales, se ha unido en este inicio de año la incorporación de Jesús Ortega como responsable de cumplimiento en Cuatrecasas y la presencia de Enrique Peñalver, socio de CMS Albiñana Suárez de Lezo, fiscal en excedencia como vocal de la Oficina Anticorrupción en el Ayuntamiento de Madrid.

De todos esos movimientos ha informado Economist & Jurist, como de este último de gran calado. Con una destacada carrera en la Fiscalía, que culminó como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Bartolomé Vargas se incorpora a Monedero Gil & Crespo Abogados y Asesores Financieros, boutique legal liderada por los abogados del Estado en excedencia, José Ignacio Monedero y Miguel Crespo, para aportar una profunda experiencia en derecho penal y, en particular, en derecho penal económico.

Al retirarse del servicio activo y colegiarse como abogado, Vargas se incorporó al sector privado, ejerciendo en el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, donde coincidió con Encarna Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, antes de unirse a Monedero Gil & Crespo como of counsel especializado en derecho penal económico.

“Su amplia experiencia nos permite abrir una nueva área en el despacho. Ahora va a cubrir áreas críticas como delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social; corrupción en negocios; insolvencia punible; propiedad intelectual e industrial; delitos de mercado y consumidores; blanqueo de capitales; derechos de los trabajadores; ordenación del territorio y urbanismo; y falsedades documentales”, comenta Miguel Crespo, socio de la firma experto en temas bancarios y de gobernanza.

En Monedero Gil & Crespo, firma que inicia su cuarto año de vida, Vargas “se va a centrar en llevar su vasta experiencia en derecho penal económico y áreas relacionadas para asesorar a nuestros clientes con la profundidad de conocimiento y la perspectiva que solo años de dedicación y práctica pueden ofrecer. Se trata de asesorar a las empresas en sus riesgos penales desde el punto de vista preventivo, así como responder con garantías a cualquier asunto que pudiera judicializarse”, comenta José Ignacio Monedero, socio director del despacho y secretario de la Junta de Gobierno del ICAM.

Durante sus doce años en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se especializó en recursos de casación y procedimientos de derecho penal económico, interviniendo en la elaboración de circulares del FGE que abordan desde la responsabilidad penal de personas jurídicas hasta aspectos civiles y mercantiles.

Autor de más de 30 publicaciones técnicas-jurídicas, Bartolomé ha contribuido al entendimiento legal sobre temas como el delito publicitario, la problemática de la Seguridad Social, y las falsedades documentales.

Su participación en medios de comunicación durante más de 15 años, su capacidad de liderazgo en la gestión de una excelente red de 90 Fiscales Delegados, así como todas las Policías de Trafico y Movilidad de los Ayuntamientos y expertos, subrayan su compromiso con la Justicia y el derecho.

Parte del equipo de Monedero Gil & Crespo, Abogados y Asesores financieros: Agustín Monedero; José Ignacio Monedero; Bartolomé Vargas; y Miguel Crespo. (Imagen: E&J)

Un entusiasta del Derecho

Hablar con Vargas es hacerlo con un entusiasta del Derecho, muy agradecido a la figura de su padre y de su entorno familiar: “Como fiscal de Sala de Seguridad Vial, como lo que considero tarea principal, he colaborado en las estrategias preventivas para salvar vidas en carreteras”.

También en la muy relevante atención a las víctimas de accidentes y sus familias en el plano personal y procesal junto a una eficaz protección a través de la rigurosa aplicación de las normas penales y justas indemnizaciones. Recientemente estuvo en la V Convención de ANAVA-RC, asociación de abogados de responsabilidad civil y victimas, de la que su presidente el abogado Manuel Castellanos le nombró socio fundador.

Este jurista también ha sido fiscal de Sala de Movilidad Sostenible: “Ahí mi contribución ha sido con estudios significativos sobre responsabilidad civil y seguros, además de fomentar la seguridad en la movilidad urbana. Mi labor en este ámbito incluyó la interacción con empresas aseguradoras, la industria automotriz, constructoras, y administraciones públicas para mejorar la seguridad vial y la movilidad sostenible en ciudades españolas, evaluando el impacto de los avances tecnológicos y los planes de urbanismo”, asegura Vargas.

Ahora el reto de este jurista es liderar el área penal económica de la firma, una nueva actividad que surge de las necesidades de los propios clientes de esta firma jurídica, ubicada en la madrileña Antonio Maura, una de las calles emblemáticas de la abogacía de los negocios.

“Este tipo de delitos requieren pruebas periciales, análisis de economistas y contables. No basta con los dictámenes jurídicos. Ahora hay nuevos tipos penales que provienen de la trasposición de directivas europeas que han creado tipos penales nuevos. Son delitos complejos que necesitan de periciales sofisticadas en ocasiones. Se trata de dar servicio a las empresas tanto desde el punto de vista preventivo, como cuando hay un asunto en marcha y la compañía ha sido imputada”.

En este escenario, nuestro interlocutor también va a trabajar toda la problemática de los programas de compliance que en muchas ocasiones ayudan a las empresas a reducir riesgos y responsabilidades penales. “Al final se trata de crear en esas organizaciones esa cultura de prevención, necesaria para la gestión de la gobernanza de las organizaciones. El fin del derecho penal es evitar delitos. Se trata de dar un mensaje preventivo para que esos delitos no se produjeran”, destaca Vargas.

Para Vargas, las reuniones de Bolaños con las asociaciones de fiscales sobre la LECrim deben garantizar medios a esta norma. (Imagen: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes)

Reforma de la LECrim

Desde su punto de vista “hablar de corrupción es hacerlo de un tema con trasfondo sociológico. Es la cultura inadecuada de la red pública y de las empresas privadas. Sin valores éticos se produce toda esta tendencia delictiva, sin embargo, no hay que pensar que la corrupción es algo generalizado. Hay que combatirla desde esta cultura del cumplimiento donde no se va a la ética como algo abstracto sin valor ninguno. La propia ética tiene un valor moral y económico. Cuando se inicia un procedimiento penal eso es algo demoledor para la propia empresa”.

Respecto al debate sobre la LECrim, ahora reavivado por las declaraciones del ministro Bolaños que incide en ese cambio normativo, Bartolomé Vargas advierte que “se viene hablando desde hace muchos años de ese tema. En otros países ya existe la figura de ese fiscal instructor, pero también podría incorporarse a nuestro ordenamiento sabiendo que en España el fiscal no puede adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales, lo que limitaría su capacidad de investigación”.

Para este jurista “las mejoras no vienen por la reforma de este tipo de normas exclusivamente, vienen sobre todo por dotar a nuestra Justicia de los medios humanos y técnicos para poder responder a las demandas de los justiciables. En lo últimos 44 años de mi carrera profesional, volcados en la Fiscalía, no ha habido un Gobierno que haya afrontado el problema de medios y de organización de nuestra Administración de Justicia”.

En su opinión ha habido mejoras, “pero no desde el punto de vista de darse cuenta que estamos hablando del poder judicial, uno de los tres poderes de cualquier Estado democrático. Este poder, además de los medios antes citados, debe contar con una gestión y organización clara. Lo mismo sucede en la Carrera Fiscal. Cambiar la LECrim necesitaría para poder contar con la figura del fiscal instructor un incremento notable de las plantillas de fiscales y una vacatio legis amplia de la norma para que se pueda implantar con garantías en nuestro ordenamiento jurídico”.

Sobre el modelo de Justicia por el que apuesta el propio Bolaños, Vargas no quita méritos a la apuesta tecnológica que este dirigente tiene en mente y que explica en cualquier foro al que acude “la clave está en las personas. Es fundamental para esa transformación digital la formación de los profesionales de la Justicia. Deben conocer y saber manejar esas herramientas informáticas. A día de hoy, el problema es serio porque el volumen de procedimientos es notable y va en progresión”.

Bartolomé Vargas habló del derecho de las víctimas la última Convención de ANAVA-RC. Instantánea de Bartolomé Vargas con Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC. (Imagen: ANAVA-RC)

Los problemas de Justicia

Desde esta perspectiva el nuevo of counsel de penal económico de Monedero Gil & Crespo Abogados y Asesores Financieros es también partidario de “un nuevo Pacto de Estado por la Justicia entre las principales fuerzas políticas que afrontarán este cambio radical y la necesidad de dotar de medios al servicio público de la Administración de Justicia. En esta situación deficitaria de jueces y fiscales, contar con jueces y fiscales sustitutos sería de gran interés al ser profesionales preparados. Los retrasos en los procedimientos se producen por esta falta de recursos humanos; y, al mismo tiempo, es fundamental gestionar y negociar como una empresa la Administración de Justicia”.

En este contexto, revindica “como hay en otros países buenos gestores, que sepan derecho y economía. La forma de funcionar debe ser esa, todavía no le hemos adoptado y se nota realmente en los resultados de dicha gestión que no son los mejores que se consiguen”.

Al preguntar a este jurista, fiscal durante más de cuatro décadas, por las relaciones entre los fiscales y abogados cuando se producen conformidades, contesta que, a su juicio, la posible filtración de la Fiscalía de Madrid sobre algunos asuntos del novio de la presidenta madrileña Díaz Ayuso es algo puntual y anormal: “Las conformidades son una herramienta excelente para evitar demoras y de gran eficacia inmediata”.

Al mismo tiempo recuerda que “suponen un tercio del total de las condenas con una cifra alta en seguridad vial. En este ámbito como fiscal de Sala, en delitos viales hemos llegado a unas tasas elevadas por la ayuda de la policía de tráfico, la red de fiscales delegado y una buena gestión de los atestados”.

Sin embargo, ante la avalancha de pleitos que llegan a los juzgados “hay más de seis millones el pasado año según datos del CGPJ, es el momento también de mirar a las soluciones extrajudiciales para evitar pleitos con la mediación y otros métodos alternativos o MASC. Esa desjudicialización ya la vemos en otros países y esta funcionando. Hay que potenciar estos mecanismos y llegar a acuerdos”.