Eversheds Sutherland refuerza su práctica de Derecho Público para afrontar los retos futuros de la Ley de Movilidad Sostenible

Los despachos se muestran convencidos de que contar con un área de Derecho Público y regulatorio fuerte es fundamental en un contexto donde los negocios con las administraciones crecen y la normativa de los sectores regulados es más compleja. Ahora el reto es la futura Ley de Movilidad Sostenible, en tramite parlamentario y que pretende ser la clave de la evolución del transporte e infraestructuras en nuestro país. Una evolución necesaria según los expertos.

Eversheds Sutherland, que cumplirá ahora quince años en nuestro país, incorporó hace casi trece años a la boutique Derecho Administrativo, de los abogados y letrados de las Cortes Generales Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, ahora socios de la firma, lo que supone una práctica que ha ido creciendo a lo largo de este tiempo.

Para Dorrego “es un área relevante del despacho. Hemos ido adaptando la práctica a las exigencias que tiene una firma internacional. Nuestro departamento Público tiene la esencia de un bufete clásico de Derecho Administrativo donde trabajamos distintas materias. Y, al mismo tiempo, damos servicio en materia litigación frente a las distintas administraciones públicas o en proyectos de colaboración público/privada o asunto relacionados con el medioambiente, entre otras cuestiones”.

El desarrollo de dichas materias y otras nos ha hecho incorporar a profesionales de conocimiento notable de estas actividades. “Nosotros como despacho internacional estamos presentes en transacciones u operaciones de M&A y eso es lo que ha cambiado la fisonomía de este departamento.  Es un departamento grande con dos socios y 11 abogados con áreas como infraestructuras y concesiones; otra a transportes y una tercera en el sector de la salud o lifesciences sobre la regulación farmacéutica”, comenta.

La firma acaba de incorporar a Carlos Pérez como of counsel del departamento de Derecho Administrativo de la oficina de Madrid. Dorrego aclara a Economist & Jurist que “con su incorporación reforzamos una práctica clave para el bufete, especialmente en M&A relacionado con infraestructuras, transportes y contratación pública, además tiene experiencia en litigación y arbitraje. Infante, cuenta con más de 13 años de experiencia en firmas como Pérez-Llorca, EY Abogados y CMS Albiñana y Suárez de Lezo”.

Eversheds Sutherland cumple en el 2024 sus primeros quince años en nuestro país. (Imagen: Eversheds Sutherland)

Un área puntera en la firma

En esa práctica, Dorrego se encarga de coordinar el área de infraestructuras, transportes y lifesciences, el otro socio Andrés Jiménez, está muy metido en muchos de los temas relacionados con las fundaciones, otro sector en emergente. Al mismo tiempo hace mucha contratación de obra pública, litigios relacionados con esta práctica y derecho y energía. “El Derecho Público lo impregna todo y es necesario que los despachos competitivos tengan área como la nuestra. El peso de las administraciones es elevado y todos los sectores económicos están muy regulados”, señala.

Para este jurista “en un contexto de este tipo, en estos sectores el derecho administrativo crece de forma notable. Es un derecho muy especializado porque hay muchas materias, transportes; telecomunicaciones; medioambiente o energía, pero son sectores regulados. Por eso es importante tener una buena práctica, y eso es lo que hemos hecho en estos 10 últimos años en Eversheds Sutherland para así responder a las necesidades de nuestros clientes. Un despacho de los negocios, sus empresas hacen negocios con la Administración: ahí estamos para asesorarles”.

En la actualidad, es una de las áreas relevantes de facturación del despacho, provocado tanto por el tamaño de la practica como por el trabajo que llega de los diferentes subsectores relacionados con el derecho administrativo. “En cinco años la practica seguirá creciendo. Nuestra economía es muy regulada y la intervención administrativa es una tendencia clara en Europa y en el resto de países vecinos. Eso hará que las necesidades en materia de derecho administrativo serán mayores, así como la litigación con las administraciones”.

En este escenario uno de los hitos sería llegar a los veinte abogados en esta área de Público regulatorio en Eversheds Sutherland “hay mucho trabajo y es previsible que podamos seguir creciendo ante los retos que se avecinan. Tenemos profesionales que ya están con nosotros que en el futuro pueden ser socios de esta práctica por su trabajo y actividad. Dorrego y Jiménez forman parte del Consejo de Administracion de la firma formado por otros tres socios.

Alberto Dorrego, como experto en el sector público, participó en un debate reciente en el ICAM sobre la Ley de Movilidad Sostenible. (Imagen: ICAM)

Un futuro con grandes planes

Respecto al futuro de este macrosector, Dorrego ve que la propia Ley de Movilidad Sostenible, ahora tramitándose en el Parlamento, y sobre la que el ICAM celebró un debate, va a ser una norma importante cuando se apruebe porque pretende ser un marco legal para todo el sector y sus actividades de transportes, infraestructuras, etc. Habrá que ver al final como queda dicha normativa aprobada.

En este tema de la movilidad destaca que “es un sector enorme, crítico para cualquier país. Las transformaciones que hay ahora por delante son importantes. Hay grandes debates abiertos en regulación española, uno de ellos es la financiación de las infraestructuras del que hablé en el debate del ICAM. Este tema debe abordarse, como también el pago por uso de las infraestructuras. Ahora en España el sector concesional está parado: la colaboración pública y privada en materia de infraestructuras está paralizada”.

El jurista revela que, “en este contexto, las infraestructuras van envejeciendo y los recursos son ya muy limitados, por lo que ya hay que reactivar urgentemente esta área. Si se hace bien va a ser un área de desarrollo importante donde los abogados tendremos mucho que decir, pero para ello habrá que impulsar la colaboración público-privada en materia de infraestructuras y del desarrollo de infraestructuras de movilidad”.

Junto a ello recuerda que “hay que trabajar y desarrollar estrategias en los modos de transporte a los que afecta dicha Ley de Movilidad, “están en una evolución importante en España. El sector concesional en el ámbito del trasporte por carretera tiene retos por delante, algunas de las grandes licitaciones que tendrán lugar en España se van a producir en los próximos meses y eso va a dar lugar a mucha actividad para muchos despachos”.

Dorrego recuerda que “el sector ferroviario tiene que sufrir una transformación importante, al igual que en logística y transporte por mercancías. Transporte marítimo y sector portuario tienen que evolucionar. Hay muchos frentes abiertos como puede verse en este macro sector que es la Movilidad Sostenible”.

“Al mismo tiempo estamos viendo el desarrollo del área energética, donde los programas de hidrógeno verde son ahora uno de los referentes. Otras áreas como telecomunicación y medioambiente están cambiando y tenemos que estar pendiente de su evolución, tampoco podemos perder de vista a la salud, derecho alimentario o a la propia educación. Todos estos sectores son importantes para el país y generan una actividad bastante regulada normativamente”.

Litigación y arbitraje

En estos días que hemos hablado con Alberto Dorrego ha tenido lugar el III Congreso de Arbitraje de CIMA, una de las entidades referentes del sector. En el transcurso de este evento se ha presentado una monografía sobre “El arbitraje en el sector público “en el que han participado medio centenar de juristas, la mayor parte Abogados del Estado. Dorrego coincide en ello “hace falta un método como el arbitraje que ayude a resolver las disputas entre las empresas y particulares con la administración en vía contenciosa”.

Para este jurista “habría que implementar alguna fórmula para su implementación de este procedimiento arbitral en el sector público. Esta es una materia, ahora mal regulada en España por las restricciones regulatorias existentes tanto al arbitraje como a la mediación. Por desgracia, no se ha tomado en serio su desarrollo y es imprescindible hacerlo. La jurisdicción contenciosa administrativa esta colapsada, una forma de mejorarla seria implementar estos métodos extrajudiciales”.

Dorrego reconoce que la experiencia que hay en nuestro país sobre esta materia es muy pequeña. Por desgracia no hay demasiados casos prácticos.  Habría que hacerlo sin duda, siempre que se habla de las modificaciones de la Ley de Arbitraje o mediación, siempre se deja fuera a la jurisdicción contenciosa administrativa sin demasiadas justificaciones. Es un error enorme Comparto con los colegas de CIMA, todos ellos grandes juristas, el impulso que debe darse al arbitraje y a la mediación en el sector público”.