Una movilidad sostenible y eficiente exige fórmulas de colaboración público-privada

• La preocupación por el cambio climático ha supuesto la aparición de nuevas fórmulas de movilidad urbana más respetuosas con el medio ambiente que afectan tanto a empresas del sector público como privado
• La implementación de una estrategia de movilidad eficaz requiere de la coordinación de las distintas administraciones

La preocupación por una movilidad eficiente y respetuosa con el medio ambiente ha provocado en los últimos años la modificación de los planes municipales de movilidad y de la correspondiente normativa local con el fin de generar estrategias sostenibles. Unas nuevas perspectivas que exigen una adecuada colaboración público-privada y entre las distintas administraciones para lograr el éxito de estas iniciativas.

Así se expuso durante la charla-coloquio sobre “El futuro de la movilidad en Madrid” que organizó Andersen Tax & Legal y en la que se dio a conocer la nueva estrategia de movilidad urbana que plantean nuevas iniciativas como el Plan Madrid 360, analizando cómo puede afectar a la industria de movilidad, a las empresas de transporte urbano, a la libertad de empresa y el emprendimiento, a los planes urbanísticos y la regulación del transporte, tanto desde un punto de vista local, como regional y nacional. Para ello, el evento contó con la participación del Concejal del Ayuntamiento de Madrid y delegado de las áreas de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto con Mario Armero, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), Sagrario Millán, Gerente de la asesoría jurídica de Acciona, Miguel Nieto, Socio de Andersen Tax & Legal y coordinador del área de Transporte, Movilidad y Logística, Carlos Mínguez y Antonio Ñudi, Socios de Andersen Tax & Legal en los departamentos de Público y Regulatorio y de Urbanismo y Medio Ambiente, y Silvia del Saz, Of Counsel de la firma y Catedrática de Derecho Administrativo.

Miguel Nieto destacó que actualmente “la realidad, en cuanto a movilidad y transporte, ha superado la normativa vigente”, teniendo numerosas afecciones respecto al medioambiente, la organización de la ciudad, la capacidad de emprendimiento de los empresarios o la introducción de nuevas tecnologías. Por ello, a su juicio, es necesario elaborar planes integrales que contemplen todos los aspectos de la sostenibilidad de la ciudad, incluyendo la movilidad, y que entre sus pilares se encuentre la colaboración de las empresas del sector público y privado.

Por su parte, Carlos Mínguez defendió como necesaria una regulación básica que uniformice las políticas diseñadas por las distintas administraciones ante la aparición de las nuevas formas de movilidad, en garantía de la coherencia del marco legal nacional. En cuanto a la gestión local de las nuevas modalidades de transporte, Mínguez subrayó la importancia de garantizar la mejor de las regulaciones posibles. En este sentido señaló que el reto para los Ayuntamientos españoles está en compatibilizar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa con el uso cabal de los espacios públicos, en un marco de sostenibilidad ambiental.

Antonio Ñudi sostuvo que las estrategias de movilidad municipales, como puede ser el Plan Madrid 360, deben ser implantadas de manera transversal en diferentes órdenes, desde el punto de vista urbanístico. En el caso de Madrid, dijo, el vigente plan general urbanístico de 1997, que es la herramienta de ordenación municipal por antonomasia, “no responde a los avances tecnológicos actuales en materia de movilidad por lo que, difícilmente, puede responder a la nueva realidad”, por lo que apuntó a la Ordenanza de movilidad del año 2018, que está más actualizada. Por último, apostó por la coordinación administrativa para lograr consonancia en todas las áreas y entidades y puso como ejemplo el Consorcio Municipal de Transportes de Madrid, que integra todas las instituciones implicadas en la implementación de la estrategia de movilidad.

En este sentido, Silvia del Saz manifestó que el Estado carece de competencia en  materia de transporte urbano, que corresponde al legislador autonómico, y recordó que en Madrid está vigente una normativa sobre Ordenación y Coordinación de los Transportes que, a su juicio, está “muy desfasada y ajena a la realidad actual”, y una Ley de Capitalidad de Madrid y legislación local que incardina la movilidad urbana en el ámbito de la seguridad vial, tráfico y estacionamientos. “Es necesario apostar por una regulación coordinada entre todas las instituciones para lograr una movilidad sostenible y eficiente”, apostilló del Saz.

Por su parte, Borja Carabante ofreció la visión de los objetivos del Plan Madrid 360 para cumplir con los límites de calidad del aire establecidos en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, que España lleva infringiendo, recordó el Concejal, reiteradamente desde 2010 hasta 2018.

Carabante aseguró que, con este Plan, Madrid mejorará la calidad del aire a través de tres ejes: transformando la ciudad, la movilidad y la administración para conseguir un Madrid sostenible, eficiente, inteligente, global, saludable y accesible. Entre las medidas que plantea esta estrategia, Carabante destacó la peatonalización de la Puerta del Sol, la creación de nuevas infraestructuras, más aparcamientos disuasorios y la creación de la primera línea de autobús de la EMT gratuita que vertebrará el distrito Centro en sentido norte-sur y este-oeste, la llamada Línea Cero. Apuntó a nuevas medidas sobre circulación en el centro: los vehículos A que no sean de residentes de Madrid no podrán circular por el interior de la M-30 a partir del 1 de enero de 2022, aunque se permitirá el acceso y circulación de los vehículos C de alta ocupación en el distrito Centro. Otra de las medidas que plantea la iniciativa es el fin de las calderas de carbón en la ciudad a partir del 1 de enero de 2022 y la eliminación del 50% de las que funcionan por gasóleo en ocho años.

El Concejal dijo que el Ayuntamiento está “completamente comprometido con esta iniciativa para alcanzar estos objetivos con éxito” que rebajarán los óxidos de nitrógeno (NOx) un 15 % más que el anterior plan anticontaminación. Además, este conjunto de medidas viene acompañado con unos importantes compromisos de financiación, como las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos (estando previstos 200 millones de Euros al efecto) y el reconocimiento de que la Administración, además de dictar la normativa local que lleve a debido efecto el plan, debe dar ejemplo al ciudadano, por ejemplo, renovando su propia flota de vehículos.

Desde el punto de vista de la industria automovilística, Mario Armero destacó la importancia de la movilidad como actividad esencial de la economía nacional. Si bien reconoció que el vehículo es parte del problema, pues genera CO₂, gases contaminantes y “congestión” de tráfico, también destacó que la industria del automóvil se ha adaptado a los nuevos retos de la movilidad y será parte de la solución. Para Armero, el Plan Madrid 360 cumple con los requisitos para combatir los diversos retos que plantea la movilidad con una visión integral, la incorporación de mejoras e innovación en la tecnología, con importantes medidas de financiación para sustituir los vehículos más antiguos y previendo una estrategia dirigida por la Administración pero basada en la colaboración público privada.

En Acciona aportan a la sostenibilidad urbana mediante elementos innovadores de 0 emisiones basada en vehículos impulsados con energía eléctrica, explicó Sagrario Millán. Es un “sector complicado” -señaló Millán- por todas las cuestiones que plantea  respecto a numerosos aspectos como los derechos del consumidor o protección de datos. La falta de una planificación y regulación clara ha provocado que las empresas movilidad urbana, como las de carsharing, motosharing o patinetes eléctricos, hayan puesto sus vehículos en funcionamiento generando un “serio problema” de interconexión entre los diferentes medios y de movilidad del ciudadano. La ausencia de una regulación clara y concreta sobre el uso del espacio público, produce un importante dilema entre movilidad, regulación, libertad de empresa y derechos de los usuarios.