Administrativando Abogados abre nueva oficina en Canarias bajo la dirección de Acosta y Navarro

Administrativando Abogados, boutique legal de referencia en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, continúa con su proceso de expansión territorial, en este caso con su aterrizaje en Canarias, abriendo oficina en Las Palmas, concretamente en la Calle Salvador Calderón, justo en las proximidades de la Ciudad de la Justicia.

La operación se hace sellando una alianza estratégica con la prestigiosa boutique canaria de Derecho Administrativo Acosta y Navarro. Dicha firma es liderada por los socios Agustín D. Acosta Hernández y por Javier Navarro Betancor, con más de treinta años de experiencia en la materia y quienes estarán al frente de la nueva oficina.

Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, explica que ambos despachos llevan varios años colaborando de forma fructuosa y ya era el momento de estrechar aún más la relación y poder seguir construyendo juntos de una forma más intensa. “El liderazgo por parte de ellos de la nueva oficina será todo un éxito para seamos la referencia en derecho público en Canarias”, apunta el letrado.

Las claves de la alianza

Entre los puntos clave del acuerdo, se encuentra que ambas firmas operarán de forma conjunta en Canarias, defendiendo asuntos de primer nivel en la materia.

Asimismo, comparten equipos de ambos despachos bajo la dirección y coordinación de Antonio Benítez, Agustín D. Acosta y Javier Navarro.

Además, ambas organizaciones llevarán a cabo proyectos doctrinales de forma conjunta, como jornadas y eventos formativos.

Desde Administrativando Abogados señalan que: “se trata de una alianza estratégica que nos fortalecerá mutuamente en beneficio de los nuevos retos que se presentan a nuestros clientes y profesionales. El mejor servicio al cliente ha sido siempre el valor inspirador e innovador de nuestra firma y, por ello, debíamos aprovechar la oportunidad de contar con un partner de máximo nivel, como es Acosta y Navarro”.

“Jamás podía imaginar que en tan breve espacio de tiempo, la firma obtendría semejante alcance. La lista de retos es infinita, pero todos conducen al mismo lugar: seguir creciendo de forma exponencial en volumen de asuntos, éxitos, capital humano y presencia de la marca. Ello sin distanciarnos del rigor y calidad que siempre pretendemos que acompañe a nuestros servicios. No me cabe la menor duda, que esta alianza nos permitirá consolidarnos como despacho referente en Canarias en nuestra especialidad”, ha concluido Benítez Ostos.

Por su parte, desde Acosta & Navarro, aseguran que: “la puesta en marcha de este proyecto en común parte de la visión y valores que compartimos con Administrativando”. Y añaden: “sumar el apoyo y colaboración de uno de los despachos más importantes y prestigiosos de España en nuestro expertise, nos ofrece una magnífica oportunidad de intensificar nuestro compromiso de calidad con todos nuestros clientes”.

Trayectoria

Agustín D. Acosta Hernández es abogado especializado en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, con más de 25 años de ejercicio profesional en el asesoramiento y defensa de entidades públicas y privadas en asuntos de especial complejidad y relevancia pública.

Fue asesor jurídico del Cabildo de Lanzarote durante más de diez años en materia territorial, turística y urbanística, en los que llevó la dirección legal de dicha entidad en los más de medio centenar de procedimientos contencioso administrativos interpuestos en defensa de la ordenación territorial y turística establecida en el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, siendo el letrado que dirigió los procesos contencioso administrativos entablados por dicho Cabildo contra el Gobierno de Canarias por la distribución de los ingresos procedentes del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, consiguiendo resultados favorables en su práctica totalidad.

Es autor de numerosos dictámenes y estudios en materia de Derecho Administrativo, especialmente en ordenación territorial, urbanística y turística por encargo de las administraciones públicas a las que ha asesorado y ha participado como ponente en múltiples jornadas y cursos en materia administrativa y urbanística.

Por su parte, Javier Navarro Betancor es abogado especializado en Derecho Administrativo y en litigación ante la jurisdicción contencioso administrativa con 24 años de ejercicio profesional.

Es experto en el asesoramiento y defensa de administraciones públicas y entidades privadas en asuntos relativos a contratación administrativa, concesiones de obra pública, concesiones de servicio público, contratos administrativos especiales, régimen local, y responsabilidad patrimonial de las AAPP.

Ha emitido dictámenes e informes jurídicos en numerosos procedimientos de licitaciones públicas por encargo de diversas entidades, como Ayuntamientos y Consejerías, ha prestado asesoramiento jurídico y asistencia letrada para la resolución de multitud de conflictos generados durante la ejecución de contratos concesionales, tanto para entidades públicas como privadas. Por otra parte, también ha sido profesor nombrado por el Ministerio de Administraciones Públicas (INAP),  el Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP) y el Instituto Valenciano de Administraciones Públicas (IVAP)

Además, hay que destacar que también se ha especializado en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria (desde el año 2013) siendo el letrado que dirigió procesos contenciosos administrativos interpuestos contra el Servicio Canario de la Salud en asuntos de negligencia médica.

Ha obtenido éxitos judiciales con resonancia a nivel nacional, interviniendo en numerosos programas de radio y televisión, dando opinión sobre asuntos de responsabilidad sanitaria en asuntos de interés y de reconocimiento como ocurre en materia de violencia obstétrica.

Fue el letrado director del procedimiento judicial en el que,  por primera vez, en el año 2023 un Juzgado de lo Contencioso Administrativo dictó reconoció la violencia obstétrica como derecho de la mujer durante el parto y como infracción de la lex artis, siendo pionera en España como antecedente judicial de referencia confirmado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del  Tribunal Superior de Justicia de Canarias generando la obligación indemnizatoria por deficiente prestación de la asistencia sanitaria.