AF y APIF, «alarmadas» con la imagen de «partidismo» de la Fiscalía General del Estado

«Urge acabar con la imagen de partidismo de la Fiscalía General del Estado«. Así lo sentencian a Economist & Jurist tanto la Asociación de Fiscales (AF) como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Ambas han reclamado en numerosas ocasiones la dimisión del fiscal general, Álvaro García Ortiz, quieren que se abra una nueva época en el Ministerio Público. 

«La situación actual es alarmante, la imagen de imparcialidad en la Fiscalía está en entredicho y es imprescindible que haya un cambio de fiscal general del Estado para iniciar una nueva etapa, en la que se separe claramente la actuación del fiscal general del Estado de los intereses del gobierno de turno», afirma la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, quien mantiene que el Ministerio Fiscal «está atravesando uno de sus peores momentos».

En el mismo sentido se pronuncia el vocal de la APIF en el Consejo Fiscal, Salvador Viada, quien señala que «la Fiscalía, desde hace ya mucho tiempo, tiene un problema de politización», y lamenta que «cuando toca un fiscal general malo que trabaja para el Gobierno, afecta a toda la institución».

Viada denuncia que «actualmente, se ha llegado ya a un punto en el que no hay ni la menor duda de que se está trabajando para el Gobierno desde la Fiscalía», y que «esa sintonía, incluso fotográfica, que hay entre el Ejecutivo y el fiscal general del Estado, hace un daño tremendo a la institución, que tiene que actuar con imparcialidad, y no puede ejecutar políticas criminales de nadie». 

Los whatsapp sobre el caso del novio de Ayuso

Ayer salieron a la luz los whatsapps que el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, envió a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ordenándole difundir una nota de prensa con datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, quien está investigado por fraude fiscal. «Hay que sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato», rezan los mensajes, según ha publicado El Mundo. Ante ello, desde el PP y VOX exigen la dimisión de García Ortiz como «única salida». Denuncian una «utilización partidista de las instituciones» y subrayan que «el relato del Gobierno no puede estar por encima de la ley».

Tras conocer dichos mensajes, Viada reaccionó en X planteándose: «¿Y por qué no sacaba él ese comunicado, en vez de presionar a otros que lo hicieran?». Y en otro mensaje advirtió que «o se acaba con la politización del Poder Judicial, de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, o de nuestra democracia no van a quedar ni las raspas».

Sobre los whatsapp, Dexeus elude pronunciarse, señalando que «es una cuestión que atañe a los tribunales y que serán ellos los que deban hacerlo». «Esta cuestión está siendo investigada y al haber una causa abierta en sede judicial, no me pronuncio por respeto a las actuaciones y al trabajo de los compañeros y de los tribunales», explica. 

Para Viada, «lo que han hecho con el caso Tsunami, la pareja de Ayuso y el tema del procés» es «un atropello». 

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF). (Imagen: E&J)

La orden de García Ortiz sobre la amnistía

La AF publicó ayer una severa carta dirigida al fiscal general, después de que el pasado viernes, 14 de junio, dictara un decreto dirigido a los fiscales de Sala encargados del despacho del procedimiento penal por el procés ordenando que debían emitir informe, con ocasión del traslado efectuado por la Sala de lo Penal el Tribunal Supremo, postulando que “procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados”.

La AF publicó ayer una severa carta dirigida al fiscal general denunciando que García Ortiz ha instalado el «servilismo» y el «frentismo» en la Fiscalía General del Estado, y que el propósito de este fiscal general «no es una Fiscalía General del Estado independiente del Gobierno, sino la normalización de la injerencia de éste en las decisiones del Ministerio Público».

«El contenido de la orden la conocía todo el país desde hace meses, se ha encargado usted de que llegue con nitidez a todos los rincones del territorio nacional la certeza de que la orden sería la que es, la que el Gobierno esperaba», indica la AF en la misiva. «Desde hace meses, se ha encargado usted de que llegue con nitidez a todos los rincones del territorio nacional la certeza de que la orden» sobre la amnistía, «sería la que es, la que el Gobierno esperaba», manifiesta esta asociación.

Y señala que «su reiterada negativa a debatir e informar sobre la Ley de Amnistía, pese a haber sido requerido para ello tanto por el Senado como por los vocales del Consejo Fiscal en repetidas ocasiones, so pretexto de no enturbiar la neutralidad del Ministerio Fiscal llamado a informar en todos y cada uno de los procedimientos en los que se pretenda la aplicación de la citada norma, no dejaba duda alguna sobre el contenido de la Orden que se le requirió», añadiendo que «bastaban los dones adivinatorios de cualquier aprendiz de mago para establecer con precisión las tres frases a que se reduce su imperativo».

La AF destaca que los cuatro fiscales de Sala encargados del procedimiento del procés consiguieron lo que hasta este pasado martes había sido imposible: someter a debate jurídico la Ley de Amnistía en el seno de Fiscalía, si bien «no completamente», porque, según explica, García Ortiz «no admitió usted discusión alguna sobre la procedencia de plantear cuestión prejudicial ante TJUE». «Extremo éste imprescindible para poder después sumar votos a su posición y ofrecer a la opinión pública una victoria por la mínima», apunta.

También indica que ahora vendrá la decisión del Tribunal Supremo, y «arreciarán las críticas contra los magistrados cualquiera que sea su sentido si no es coincidente con el criterio impuesto por su imperativa decisión», como «todo el país sabe que así sucederá», mientras que el fiscal general seguirá «omitiendo toda indicación sobre el necesario respeto a las decisiones judiciales y a la independencia judicial», y «contemplará la sucia lluvia de lawfare» tras los opacos cristales de la Fiscalía General «esperando que embarre bien al órgano que pudiera llamarlo a declarar como investigado».

«Ya ha adelantado que no dimitirá cuando ello ocurra. La indolencia ante tanto destrozo es un medio más para ahondar en el servilismo al que reduce al Ministerio Público todos los días. Pero habrá un día después de usted, el día que señalará el inicio de un esforzado camino para recuperar al Ministerio Fiscal para el Estado de Derecho y para la ciudadanía», concluye la AF.

Salvador Viada, vocal de la APIF en el Consejo Fiscal. (Imagen: E&J)

Medidas para «despolitizar» la Fiscalía

Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, afirma que para intentar despolitizar la Fiscalía «lo primero que hay que hacer es buscar un sistema de elección del fiscal general del Estado que no dependa exclusivamente del Gobierno». «Es decir, que el Gobierno tenga que elegir entre unos candidatos propuestos por una mayoría muy amplia del Parlamento. De esa manera, el nombramiento del fiscal general del Estado no depende sólo del Ejecutivo, sino de que lo elija una terna muy amplia con mucho consenso», precisa.

También considera necesario que se revise internamente el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «para evitar que estos atropellos que se están produciendo, se puedan volver a repetir». «Esto está ligado a los avances que requieren el sistema procesal: que sea el fiscal quien lleve la investigación. Y con un Ministerio Fiscal politizado es imposible avanzar en nada porque entonces se deja en manos del Gobierno la investigación de los delitos», advierte Viada.

Asimismo, el vocal de la APIF en el Consejo Fiscal asevera que hay que regular también internamente las garantías de los fiscales: «Una de ellas, la más importantes, es respetar al fiscal al que le toca el asunto» y que el fiscal general no pueda saltarse al encargado del caso porque entienda que no comparte su criterio o porque le da órdenes que no obedece, algo que es «completamente ajeno a un sentido elemental de Justicia o de imparcialidad».

Unido a esto, afirma que hay que establecer mayores garantías internas, contrapesos, a la actuación del fiscal general del Estado, «para que determinadas decisiones no se pueden adoptar exclusivamente por voluntad suya sin atender a razones». Además, señala que también ha de haber algún tipo de responsabilidad del fiscal general del Estado. 

Salvador Viada afirma que «no puede ser que un fiscal general realice una conducta que se está investigando en los tribunales y esconda su autoría durante el tiempo necesario para que imputen a otros fiscales y encima se quite de encima al fiscal que lleva el asunto, pues eso es utilizar sus poderes en la institución para protegerse», e insiste en que este tipo de conflictos de intereses tienen que solucionarse. 

Además, considera que habría que regular un sistema baremado de promoción profesional «que evitara la arbitrariedad que se está produciendo en los nombramientos desde hace algún tiempo y que ha obligado al Tribunal Supremo a revocar varios en los últimos meses». «Con ello, se limitaría la facultad del fiscal general del Estado de imponer candidatos por criterios de afinidad política y/o ideológica. Y de esta manera, poco a poco, la institución iría recobrando criterios de mérito en la promoción a los principales puestos», concluye.

La AF también ha desgranado recientemente en este diario las medidas que considera necesarias en la Fiscalía, en una entrevista titulada «La Fiscalía General se tiene que apartar de la imagen politizada que da».