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El ICAM ejercitará “cuantas acciones sean procedentes” en defensa del Estado de derecho

"Es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional", manifiestan

Junta de Gobierno del ICAM. (Foto: ICAM)

Pablo Montes

Periodista




Tiempo de lectura: 2 min

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El ICAM ejercitará “cuantas acciones sean procedentes” en defensa del Estado de derecho

"Es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional", manifiestan

Junta de Gobierno del ICAM. (Foto: ICAM)



El Colegio de la Abogacía de Madrid anuncia que ejercitará “cuantas acciones sean necesarias” en defensa del Estado de derecho. Lo hace tras la reunión extraordinaria mantenida hoy por la Junta de Gobierno para valorar el documento suscrito por el PSOE y Junts hecho público hoy, que contempla la ley de amnistía.De conformidad con sus Estatutos y con el Estatuto General de la Abogacía Española, “desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política, muestra su enorme preocupación por su contenido”.

Así, en el comunicado que acaban de hacer público manifiestan que la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional y que la separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional.



Consideran, como han hecho las asociaciones judiciales y fiscales, que el uso del “término lawfare(instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional.

Añaden que “la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad y que “la Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil”.

Por ello, “en cumplimiento de sus fines, ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes”, concluye el Colegio de la Abogacía madrileña.



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