Los afectados por la talidomida denuncian a Asuntos Sociales ante la Fiscalía por el impago de indemnizaciones

AVITE, la Asociación de Víctimas de la Talidomida, ha celebrado su 15ª Asamblea General en Madrid. En la misma ha anunciado que ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía porque no han cobrado las indemnizaciones que el Gobierno se había comprometido a entregarles.

Los afectados se mantienen en contacto casi a diario por correo electrónico o teams, y la propia Junta Directiva, ditigida por Jose Riquelme, su presidente, y Rafael Basterrechea, vicepresidente, con el apoyo jurídico de su asesor legal, Ignacio Martínez, les da información actualizada de la situación de sus reclamaciones. Así llevan los últimos veinte años.

Los talidomínicos apuran sus opciones, pero mantienen la esperanzade que en algún momento se resolverá su problema. Afirman que con “este Gobierno Frankestein no hay nada que hacer”. “Esperamos que si hay cambio de Gobierno cambie el talante hacia nosotros”, apunta Riquelme.

Aseguran que acaban de escribir al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, para explicar su caso y mantener una reunión con él. En este último año han fallecido ocho socios. Según los cálculos de esta asociación, el Estado se ahorra con estos fallecimientos un millón de euros por cabeza.

En la denuncia registrada hace unos días en la Fiscalía piden a Ortiz que abra una investigación ante el proceder equivocado del Ministerio de Asuntos Sociales “que podría estar inmerso en un delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 del Código Penal”, según los denunciantes.

En este documento, registrado por la propia secretaria técnica de la Fiscalía General, José Riquelme, también afectado desde hace muchos años por la ingesta de este medicamento, hace balance de la situación que vive este colectivo de unas 500 personas en todo el país.

En julio se cumplirán los primeros cinco años de la Ley de Presupuestos Generales del 2018 donde se aprobada las indemnizaciones para el colectivo. Esa ley, como señala la denuncia de AVITE, contenía la Disposición Adicional 56 que indemnizaba a estos afectados con 12.000 euros por punto de discapacidad. El Gobierno dotaba una partida de 20 millones de euros para este propósito.

Ignacio Martínez, abogado de AVITE, explica la situación jurídica del conflicto durante la asamblea de la asociación (Foto: E&J))

Al mismo tiempo, se explica en ese escrito que el Gobierno, a través de un Comité de Expertos que creó con el Instituto Carlos III, después de varios años de reconocimientos médicos señala que hay 127 afectados en España, cantidad bastante más baja de los afectados reales, que estarían sobre las 600 personas, según los afectados.

Estos afectados poseen el grado de discapacidad reconocido por la Administración y el listado está en manos del Ministerio de Asuntos Sociales y de Agenda 2030.

En este contexto, el escrito de AVITE subraya que la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales instaba en el 2019 a que el Ministerio de Hacienda informe sobre esta cuestión e indica que la partida presupuestaria es solamente de 20 millones de euros.

Una partida insuficiente

De hecho, AVITE contactó con Asuntos Sociales para advertir que, en los presupuestos del 2020, 2021 2022 y 2023, la partida fijada es insuficiente y que tiene un informe de Hacienda constatándolo. “Lo único que tienen que hacer es multiplicar el grado de discapacidad reconocido por 12.000 euros y sumar todos. Al final la cantidad estaría cercana a los 120 millones de euros”, estiman.

Sin embargo, desde AVITE señalan en dicha denuncia que el Ministerio de Asuntos Sociales, haciendo caso omiso al Ministerio de Hacienda y a las propias alegaciones de esta asociación de afectados se niega a recibir a este colectivo para corregir este error presupuestario y mantiene la partida insuficiente de 20 millones de euros.

Una partida que se incrementa en el 2023 a 35 millones por petición de Bildu, pero se rechazan las enmiendas de Ciudadanos y PP que pedían 100 millones para ajustar ese presupuesto a la realidad.

La actividad de la Junta Directiva de AVITE mantiene la intensidad en la defensa de sus reivindicaciones pese a que van escaseando las vías para solucionar el conflicto. La entidad es muy activa en redes sociales. Ahora también ha dado el salto a Tik Tok y a Twitch.

Después de que la Agencia Española de Medicamentos aprobara de nuevo la comercialización de la Talidomida a partir del pasado 2 de febrero, los afectados por este medicamento tuvieron una presencia masiva en los medios de comunicación. Ahora, tres meses después apenas hay noticias de cómo se está llevando a cabo dicha comercialización y si hay incidencias.

En el transcurso de la Asamblea General de la asociación, Rafael Basterrechea ha informado de las gestiones de la asociación, de la acción realizada frente al Congreso de los Diputados el mismo día de la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez. Los miembros de AVITE utilizaron un camión y megafonía para denunciar su situación ante la expectación de los viandantes.

También indicaron que se han presentado sendas reclamaciones en la Oficina del Defensor del Pueblo que dirige Ángel Gabilondo y también en el Defensor del Pueblo Europeo. Tienen claro que al menos la entidad española debería amparar a los afectados por la talidomida y preguntar a Servicios Sociales cómo una ley que va a cumplir cinco años, donde se fija una indemnización, aún no se está cumpliendo.

Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa en este encuentro ha sido el agradecimiento al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, que al poco de tomar posesión como cabeza visible de la entidad colegial mantuvo una reunión con la junta directiva de AVITE para explicar vías de apoyo.

Asistentes a la asamblea de AVITE. (Foto: E&J)

Con posterioridad, la sección de Derecho Sanitario del ICAM organizó, el 13 de marzo, una sesión sobre los aspectos jurídicos de la talidomida. En dicha sesión, que contó con la moderación María Esperanza Marcos Juárez. presidenta de dicha sección, tomaron la palabra Rafael Basterrechea, Ignacio Martínez, abogado de la asociación, y Francisco Almodóvar, abogado y asesor de la Sección de Derecho Farmacéutico de la entidad colegial.

Sin noticias del Gobierno

Los asistentes a este debate pudieron escuchar la cronología de esta problemática, que ha convertido al Gobierno español en el único en mundo que aún no ha indemnizado a las víctimas de la talidomida, como así ha pasado en el resto de las jurisdicciones donde hubo afectados.

También se indicó en este debate que en 1963 la talidomida, que ha vuelto a comercializarse en febrero de este año de forma hospitalaria, fue prohibido en Europa pero en España no. En noviembre de 1961 se retiró en el mundo menos en España, donde se siguió recetando hasta 1991.

Otra cuestión que se cuestionaron fueron las sentencias primeras del Tribunal Supremo y Constitucional que señalaron que los hechos abrían prescrito, pese a que los daños y secuelas acompañan de por vida a estas personas.

En esta asamblea general, Basterrechea volvió a señalar el trabajo que realiza él y parte de la Junta Directiva desde hace meses, como es mantener el contacto con el Ministerio de Derechos Sociales y la ministra Ione Belarra o el secretario de Estado, Ignacio Álvarez. Pero desde hace tiempo ya no devuelven estas llamadas. “Luego dirán que se preocupan de los más vulnerables, pero no es cierto”, apunta.

Tal y como comento en esta Asamblea General Ignacio Martinez, por el momento la asociación no va a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, tras inadmitir el Tribunal Supremo el recurso de casación de AVITE por auto de 18 de enero de este año. “Sólo en el caso de que se ganara se podría tumbar la inadmisión del recurso de casación por parte del Supremo, pero en ese caso sabemos que este Tribunal no fallaría a nuestro favor”.

AVITE denunció al Ministerio de Sanidad por inacción ante la Audiencia Nacional y por no ejecutar la ley 6/3018 que establecía las indemnizaciones para los afectados. La sentencia de 11 de marzo del 2022 de la Sala Contenciosa de la Audiencia Nacional desestimaba la reclamación de esta asociación en concepto de responsabilidad patrimonial derivada del retraso del cumplimiento de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado.

En el medio plazo, no se descarta volver a interponer otra reclamación patrimonial contra el Estado. “En un escenario de un par de años, la situación será diferente a la actual, no hay cosa juzgada porque el daño que se está haciendo a los afectados por no ejecutarse la Ley de Presupuestos Generales del 2018 es evidente. Ya con siete años de demora podríamos volver a intentar esta vía judicial”, anuncian.