Opinión: economia y empleo. Medidas para incentivar la economia y la creación de empleo.

El Consejo de Ministros, el pasado 9 de abril, aprobó un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar la capacidad de nuestro tejido productivo con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía española y, con él, la creación de empleo.

El Real Decreto Ley 6/2.010, se estructura temáticamente en torno a seis ejes de actuación que persiguen el fomento de la rehabilitación de viviendas, la configuración de un marco más propicio para la actividad empresarial, el apoyo a las PYMES, la protección de los ciudadanos más vulnerables a la situación económica y la mejora del entorno regulatorio en los sectores energético y financiero.

En lo referente a la rehabilitación de viviendas se introduce una deducción temporal en el tiempo, a efectos del Impuesto sobre la Renta, por obras de mejora en la vivienda habitual. Esta deducción va dirigida a aquellos contribuyentes con una base imponible inferior a 53.007,20 euros, que podrán deducirse como máximo el 10 % del importe pagado en concepto de reforma, desde la entrada en vigor de este Decreto Ley y hasta el 31 de diciembre de 2.012 con el límite por vivienda de 12.000 euros.

Para tener derecho a esta deducción las reformas en la vivienda deberán ir destinadas a la mejora energética en la vivienda, sustituir las instalaciones eléctricas, agua, gas u otros suministros o que favorezcan la accesibilidad a la vivienda o al edificio.

Se aprueba una exención a la hora de tributar por las cuantías que satisfacen las empresas para los desplazamientos entre el domicilio del trabajador y el centro de trabajo usando el transporte público, con el límite de 1.500 euros.

Se modifica el Impuesto sobre el Valor Añadido, aplicándose el tipo reducido, 8% a partir del 1 de julio próximo, a las obras de mejora y rehabilitación de viviendas realizadas hasta el 31 de diciembre del año 2.012.

Se eleva el umbral de inembargabilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Este umbral se eleva en un 10 por 100 sobre el actual, fijado en el Salario Mínimo Interprofesional, y se incrementa en un 20 por 100 adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión.

Con el objetivo de potenciar la actividad empresarial se modifica la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de facilitar la continuidad de la relación contractual con la Administración a los contratistas que hayan solicitado la declaración de concurso de acreedores voluntario y que éste haya adquirido eficacia en un convenio; A su vez, se modifica la Ley General de Subvenciones, para permitir la continuidad de las subvenciones concedidas a las empresas que hayan solicitado la declaración de concurso de acreedores voluntario y que éste haya adquirido la eficacia en un convenio.

Por otra parte, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, se extiende a 2011 y 2012 la libertad de amortización, supeditada al mantenimiento del empleo, en los términos en los que estaba prevista para los ejercicios de 2009 y 2010.

En cuanto a la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido se flexibilizan los requisitos para recuperar las cuotas repercutidas del IVA en los casos de facturas incobrables. Se reduce a seis meses el plazo para que las empresas que facturen hasta seis millones de euros puedan solicitar la devolución del IVA por las facturas no cobradas. Además, con carácter general para todas las empresas, se simplifican los requisitos para solicitar esa devolución.

Las medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que se articulan, introducen un programa de financiación directa a PYMES y autónomos que deberá estar operativo antes del 15 de junio de 2010.

También se reforma la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, con el objetivo de flexibilizar el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a pequeñas y medianas empresas, FTPYME, permitiendo que dichos fondos puedan destinarse a financiar activo circulante de las pequeñas y medianas empresas, permitiendo un acceso más fácil al crédito para esa finalidad.

Por último se reforma Ley del Impuesto sobre Sociedades, con el objeto de simplificar las obligaciones de documentación en determinadas operaciones vinculadas para las pequeñas y medianas empresas. En particular, se excluye de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas a las empresas de reducida dimensión cuando el importe total de las operaciones vinculadas realizadas por ellas en el ejercicio no supere 100.000 euros de valor de mercado. La exoneración de la obligación de documentación no se aplica, en ningún caso, a las operaciones con paraísos fiscales sea cual sea su importe.

Por Javier Gómez, Responsable del Departamento de Fiscal de ECIJA

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