Pere Huguet: “Me avergüenza que nuestro futuro se negocie en Suiza con un verificador internacional»

Pere Luis Huguet cerró en el 2015 una etapa notable de seis años en el CGAE, en la que fue su Vicepresidente, e impulsor de Red Abogacía, entidad que fomentó la modernización tecnológica de los Colegios de Abogados con Carlos Carnicer, presidente de la abogacía institucional en aquel momento. También fue presidente del CICAC catalán y decano del Colegio de Abogados de Reus.

Tras su salida de la abogacía institucional, mantuvo la actividad de su despacho y, en medio del proces catalán, creó, junto con otros abogados,  la asociación de juristas catalanes en defensa del estado de derecho y la libertad, ‘Llibertats’. Tras un efímero paso por Ciudadanos, recaló en el PP de Feijoo donde fue elegido diputado por Tarragona en las ultimas elecciones municipales. Desde hace unos días, es portavoz adjunto de los populares en materia de justicia.

Huguet está ahora a caballo entre Tarragona, donde atiende su despacho, y Madrid, donde tendrá que acudir de forma periódica al Congreso de los Diputados. Su conocimiento de la justicia no ha pasado desapercibido para Alberto Núñez Feijoo, que le ha colocado en una de las portavocías más destacadas, como adjunto de María Jesús Moro.

Hombre de principios, mientras estuvo como decano de Reus prefirió no entrar en el debate político. “Mientras fui decano mantuve la neutralidad política y no entré en este tipo de asuntos, debemos entrar en la defensa de la profesión y del Estado de Derecho que es lo que nos atribuye el Estatuto General de la Abogacia. Al momento de dejar de ser decano, nos tropezamos con el proces y fue el momento de crear Libertats, ahora ya en política he vuelto a dejar la asociación para que tomen el relevo”.

Reconoce que en esos años se pasó mal en Cataluña. “No fue fácil levantar la voz y denunciar la situación que estábamos pasando. En septiembre y octubre de 2017, lo pasamos mal, estábamos viendo como destruían nuestro país y, a nivel personal, tuvimos también muchos problemas. La situación se ha normalizado bastante en los dos últimos años, afortunadamente”.

Su diagnóstico de la situación actual es claro: “como catalán me avergüenzo de las negociaciones que se han entablado en Suiza entre el Gobierno y Junts para decidir el futuro de nuestra CCAA, con un verificador internacional. No cabe duda que se planteará un referéndum de autodeterminación que tendremos que parar desde el Estado de Derecho, como ya lo hicimos con el proces el pasado 1 de octubre de 2017. Sánchez por estar en el poder es capaz de todo”.

Huguet, ex presidente del CICAC catalán, estuvo recientemente en unas jornadas de las Juntas del Gobierno del CICAC (Imagen: CICAC)

La amnistía es inconstitucional

A su juicio, “es posible que tengamos diferencias entre los catalanes y el gobierno central, pero para ello, están las instituciones políticas existentes. Ahí es donde se tienen que resolver este tipo de asuntos, así lo dijo la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su discurso de apertura de la legislatura donde hablaba de fomentar el parlamentarismo. Sin embargo, Pedro Sánchez ha hecho caso omiso”.

Desde su punto de vista, esta situación actual deja claro que el PSOE ha perdido su sentido de Estado: “necesitamos recuperarlo para los grandes pactos que se requieren en nuestro país, pero no va a ser fácil. Lo hemos visto en las investiduras de Feijoo y en la más reciente de Sánchez, que no está por la labor de escuchar a nadie”.

Respecto a la proposición de la ley de amnistía, que se debatirá el próximo día 12 de diciembre en el Congreso de los Diputados, señala que “su exposición de motivos es errónea, ya que habla de promover la convivencia que se rompió en 2017, según ellos, pero la realidad es que esta amnistía que se quiere poner en marcha está cimentada en la investidura de Sánchez y en los siete votos de Junts que necesita. Es lo que la hace indigna realmente”.

Sobre el contenido jurídico, alega que “es inconstitucional al atentar a un principio básico de cualquier democracia como es el principio de igualdad. No es de recibo que por ser político le perdonen unos delitos. Al mismo tiempo, la Constitución no permite la amnistía, ya se dejó fuera en los debates parlamentarios anteriores, la propia Carta Magna impide los delitos generales, con lo cual la amnistía queda fuera al mismo tiempo por su mayor extensión”. 

También nos señala que “los socialistas son conscientes de que la amnistía estaba fuera de la Constitución, en el Código Penal de 1995 que desarrolló Juan Alberto Belloch. Entre las causas de extinción de responsabilidad penal se eliminó la amnistía que en el anterior Código estaba. Ahora, en la proposición de ley que han llevado al Congreso incorporan como causa de extinción de responsabilidad penal la amnistía. Nuestra Constitución no admite la amnistía”.

En este contexto, los expertos avanzan que la cuestión prejudicial podría ser el elemento para intentar frenar esta normativa en el futuro. “Afectaría a tres aspectos: la posibilidad de suspender que impide la amnistía iría en contra del principio de tutela judicial efectiva; en segundo lugar, puede atentar contra el principio de igualdad y el artículo 2 del Tratado de la UE; y, en tercer lugar, el delito de malversación que se condena está regulado por la UE, al igual que el tema del terrorismo”.

De hecho, nos aclara que “en estos momentos la Comisión Europea está elaborando una iniciativa para que se unifique la pena de la malversación a cinco años en todos los países de la UE. Si se está regulando esta malversación para proteger a los Estados de los fondos europeos, podría chocar con esta proposición de amnistía”.

“Por ahí puede venir que Europa tumbe la ley de amnistía. Eso dependerá de que los jueces interpongan alguna cuestión prejudicial al TJUE, al menos, parece más efectiva que acudir al Tribunal Constitucional donde Sánchez tiene el control con los nuevos magistrados incorporados. Pese a ello se presentarán ambas, estoy convencido de ello”.

Nuestro interlocutor acaba de regresar de los actos de la Constitución que celebró en el Congreso de los Diputados, ahora atiende a Economist & Jurist por teléfono desde su propio despacho de abogados que mantiene gracias a un grupo de incondicionales que tiene como compañeros de bufete.

A su juicio, se ha vivido un periodo notable de convivencia gracias a nuestra Carta Magna. “Ha sido el garante de un periodo de paz y prosperidad en la historia de nuestro país. Ese texto legislativo se hizo entre el consenso y la negociación entre todos. Dudo mucho que en la situación actual, con tanto enfrentamiento, se pudiera haber llegado a aprobar dicha Constitución”.

Desde su punto de vista, cualquier reforma constitucional que se plantee que puedan ser legítimas, «deben respetar las mayorías que se exigen. Eso supone aprender de nuestra historia, de tal manera que podamos recuperar el consenso y el diálogo de cuando se elaboró la Constitución de 1978. Ahora, no sería muy sencillo aprobarla porque el PSOE no quiere dialogar y lo quiere imponer todo”.

Pere Huguet en la manifestación en Madrid con el diputado Agustín Parra y la eurodiputada Dolors Montserrat (Imagen: PP)

La justicia necesita dotación presupuestaria

Las cosas de la vida han situado a Pere Huguet al otro lado de la mesa, de estar reivindicando desde la abogacía institucional a los poderes públicos mejoras en la normativa de justicia y para la profesión de abogados, ahora se sitúa en otro lugar como receptor de esas necesidades. “Espero que con el esfuerzo de todo logremos hacer mejores leyes que las actuales. No podemos permitir crear leyes como la Ley sí, solo es sí, que ha generado tantos problemas”.

Para lograr este cometido, está convencido de la necesidad de contar “con los dictámenes que lleguen del CGPJ, del Consejo de Estado o de la Fiscalía. Los políticos no podemos saberlo todo y esos informes dan pautas importantes. Otra cuestión que hace mucho daño es incluir enmiendas de temas concretos en otras leyes, se hace para evitar esos informes, lo que genera también problemas en su aplicación práctica cuando se aprueba”.

En esta nueva legislatura, es previsible que el Gobierno quiera recuperar los proyectos de ley orgánica de eficiencia, procesal, organizativa y digital. Hay que aprovechar el trabajo hecho y darle una vuelta a estas futuras normativas para mejorarlas en su aplicación práctica. Lo importante, junto a esto, es que el nuevo Ministro de Justicia y su equipo logren mejorar las relaciones con los operadores jurídicos y no se generan más conflictos como los vividos este año que han colapsado los juzgados”.

Este jurista es consciente que la situación de esos juzgados es mala. “Hemos empalmado la situación derivada de la pandemia con las huelgas del primer semestre de lajs y funcionarios de justicia. El caos de la administración de justicia es evidente y hay que salir de él. Para ello, a esos proyectos de ley hay que incorporar la memoria económica correspondiente. Vamos a reformar la administración de justicia sin saber lo que nos cuesta. Sin un presupuesto adecuado no podremos gestionar estas reformas”. 

Huguet, que conoce bien los entresijos de la administración de justicia, subraya que “la nueva oficina judicial no está implantada en todo el territorio español. Todavía coexisten en muchos juzgados los expedientes electrónicos y en papel, y se llevan los atestados de la policía o guardia civil impresos a los juzgados. Lo primero que tenemos que saber es qué modelo de justicia queremos y qué modelo digital vamos a implementar”.

“Desde ahí, hay que impulsar el expediente electrónico y, con posterioridad, sus leyes procesales de las que estamos hablando. Nuestra justicia no aguanta más reformas parciales sin que haya un diseño claro de lo que se quiere hacer con su correspondiente dotación presupuestaria. Es fundamental contar con una justicia interoperable entre el sistema de gestión procesal del llamado territorio Ministerio y las CCAA con competencias transferidas en justicia”.

Huguet, diputado del PP por Tarragona, compagina su actividad con la de su despacho de abogados, que sigue operativo (Imagen: E&J)

Renovación del CGPJ

Respecto al otro gran tema relacionado con la justicia, que es la renovación del CGPJ, que ahora cumple cinco años en una situación de bloqueo, Huguet cree que “la solución es fácil, el PSOE ha aprendido a reformar leyes orgánicas en días en el Congreso de los Diputados, lo vimos en esas leyes que modificaron el Código Penal en la pasada legislatura y lo veremos ahora con la ley de amnistía cuando se apruebe”.

A su juicio, “deberían iniciar un proceso de reforma de la LOPJ por la que los jueces puedan escoger a los jueces como en la primera Ley Orgánica de 1981. Eso lo exige la Unión Europea y otros organismos de esta índole que modifique es forma de elección de los vocales”.

Al final de lo que se trata es que “sean los jueces los que elijan a esos doce jueces que puedan ser vocales. Si eso se hace así, tendremos en un CGPJ con una mayor carga de independencia y que representan a todos los jueces y españoles. La composición del CGPJ es mixta , cuatro vienen del Congreso, otros cuatro del Senado y doce de los jueces. El PSOE debe cumplir lo que le dice Europa. Lo primero que habría que hacer es cambiar el modelo de elección, desde la reforma de la LOPJ para la elección de esos doce vocales”.

Pere Huguet, profundo conocedor de la administración de justicia, se encuentra a gusto en la política. No se ve en ningún momento en el futuro como Ministro de Justicia, pese a la experiencia que atesora sobre los juzgados, y en la etapa tecnológica que impulsó en el CGAE. “Ahora viene una legislatura complicada donde tenemos la obligación de mejorar la vida de los ciudadanos con mejores leyes”, finaliza.