Albert Ferré, CEO de Global Legaltech Hub: “La apuesta tecnológica es clave para frenar el colapso de la justicia”

La situación de la Administración de Justicia, ya muy tocada con el Covid19 después de que se cerraran los juzgados, ha vuelto a empeorar en los seis primeros meses del 2023 con distintas huelgas de los operadores jurídicos. Los juicios señalados en el 2027 y miles de asuntos suspendidos han vuelto a situar a las soluciones legaltech en primer plano como una vía para hacer frente al problema.

“Es el momento de un cambio de modelo donde se implemente la tecnología para que los juzgados sean más eficientes. La justicia es imprescindible como pilar clave de nuestra democracia”, explica Albert Ferré, CEO y vicepresidente de Global Legaltech Hub, una organización trasnacional creada hace tres años que siempre apostó por esos desarrollos tecnológicos.

Desde su punto de vista, “la tecnología y sus herramientas legaltech, además de mejorar nuestra Administración de Justicia y apuntalar nuestra sociedad democrática, van a impulsar otros negocios que no existían hace cinco años. No es solo mejorar la eficiencia de las organizaciones sino crear procesos nuevos

Así, señala que “del análisis de documentos podemos detectar negocios o posibilidades de negocios para las áreas jurídicas. Esos documentos en los próximos dos años se van a tener que cambiar y renegociar su contenido ante el cambio legislativo que se espera llegue en dos años con la nueva normativa europea”

Esta cuestión “de no haber utilizado este tipo de plataformas legaltech en el análisis documental no se hubiera detectado. Ese es un caso de uso, al que luego se unirán más”.

Junto a ellos Ferré habla de “negocios que sí existen pero se hacen de una manera diferente. Desde esta perspectiva sabemos que la tecnología y su uso va a generar más presencialidad. El uso de las herramientas para cierta actividad nos va a liberar tiempo para poderlo dedicar a nuestros clientes y convertirnos en sus partners estratégicos como abogados”.

Así, se refiere a los llamados “neuroderechos” “que va a provocar una neurolegislación en los próximos años. Las controversias que surjan a nivel legislativo deberán dirimirlas los propios abogados. Un abogado especialista en neuroderechos que ahora es sólo una idea en la mente de muchos profesionales”.

Foto de los 19 promotores de Global Legaltech Hub. (Foto: GLH)

Cambio en Junta Directiva

Global Legal TEch Hub, que hace tres años fue impulsada por varias organizaciones entre despachos de abogados, consultoras y empresas tecnológicas, acaba de reorganizar su Junta Directiva, en la que Ferré es el nuevo CEO y ocupa una de las vicepresidencias ; con él se mantiene Laura Urquizu, presidenta de Red Points, como presidenta de este organismo.

Junto a los otros vicepresidentes Ferrán Sala, director general para Europa de VLEX y Francesc Muñoz, CIO de Cuatrecasas se incorpora Joaquím Matinero, abogado asociado de Roca Junyent y uno de los expertos de mayor reputación en temas de blockchain y criptomonedas. Sergio Esteve de Miguel fundador de Bigle Legal, startup legaltech hará las funciones de tesorero.

El papel de Albert Ferré en esta nueva Junta Directiva va a estar centrado en la profesionalización de la entidad como punto de referencia de creación de este ecosistema legaltech que ha emergido en los últimos cinco años “A este proyecto inicial que empujaron 19 entidades se están uniendo otros colectivos. La idea es organizar nuestro crecimiento en EEUU y Europa al igual que en América Latina”.

En la actualidad, bajo el nombre de Globa Legaltech Hub confluyen 300 partners de todo el mundo relacionados con el mundo legaltech “cerca de un 40% son despachos de abogados de todo el mundo a los que hay que añadir universidades, Estados y consultoras tecnológicas que empujan nuestras actividades en todo el mundo”, apunta Ferré.

El ritmo de incorporación de nuevos socios es continuo. En los últimos días, empresas como Iberdrola o Carrefour con un fuerte componente tecnológico se han incorporado a este hub donde se aúna tecnología y derecho con la representación de sus directores jurídicos.

Valor añadido de la tecnología

Ferré es un convencido de la transformación digital de las firmas legales y a lo largo de su carrera profesional ha combinado el ejercicio profesional como abogado con el trabajo en proyectos tecnológicos. En su momento lideró la transformación digital de su despacho para tender al concepto de papel cero en 2018.

Con posterioridad, con otros 18 expertos en soluciones legaltech pusieron en marcha Globa Legal Tech Hub, formando parte de la primera comisión que arrancó este proyecto ahora de carácter transnacional.

Bajo esas siglas está operativa una entidad que apuesta por el desarrollo tecnológico y el fomento de las herramientas legaltech como elemento de la mejora de la justicia y de la propia actividad de los operadores jurídicos que buscan atender mejor y en menos tiempo a sus clientes, tanto sean personas físicas como jurídicas.

Hace unos días fue uno de los 80 ponentes invitados por el Ministerio de Justicia en el Data Forum Justicia celebrado en Asturias, donde se habló de tecnología y de nuevas aplicaciones “pero aún están por llegar y son necesarias para hacer el cambio radical que requiere nuestra justicia”.

Desde su punto de vista “en este contexto, la tecnología ha pasado a ser de algo deseable a algo realmente imprescindible. No podemos continuar cerrando los ojos a esta realidad. Necesitamos automatizar procesos y conectarnos con la Administración de Justicia de forma directa. Deberíamos poder hacerlo desde nuestro teléfono móvil y utilizar sistemas que ya existen”.

A su juicio, “el problema con el que nos encontramos es el retraso enorme en la implementación de estas plataformas tecnológicas, los recursos que se destinan al cambio digital son muy limitados y al mismo tiempo no se ve un convencimiento claro en la apuesta tecnológica en muchos profesionales”.

Para Ferré, “ahí la formación debe ser clave para despejar cualquier duda en los operadores jurídicos sobre el futuro digital que nos espera en la Administración de justicia. Es importante que entiendan el cambio cultural que se avecina porque al final los distintos operadores jurídicos si implementas herramientas tecnológicas se darán cuenta que hay una forma diferente de trabajar”.

Albert Ferré y Laura Urquizu, presidenta de Global Legaltech Hub en uno de los multiples eventos organizados por esta plataforma colaborativa. (Fotoi: GLH)

El colapso de la justicia

Ferré constata, como otros expertos que han analizado la situación de nuestra justicia en Economist & Jurist que “no es una prioridad su desarrollo para nuestros políticos, pese a ser un servicio público que afecta a la calidad democrática del país y a los derechos de los ciudadanos. Es un error de todos los Gobiernos de nuestra democracia que no han considerado a nuestra justicia como una actividad a respaldar”.

En su opinión “la degradación de la justicia es evidente en estos últimos años. A ello hay que añadir la falta de interoperabilidad de los sistemas procesales en la mayor parte de las comunidades autónomas, lo que hace difícil que el modelo actual de nuestra justicia como servicio público funcione. Las dilaciones en nuestro sistema judicial son inaceptables. No es lógico que se tarde en celebrar el juicio del robo de un coche cuatro años”.

En este contexto, Ferré es partidario de seguir fomentando los juicios telemáticos “que deberían desarrollarse en la mayor parte de nuestras jurisdicciones, siempre y cuando se garanticen los derechos de todas las partes. Es una forma de ganar tiempo a las resoluciones y romper con las dilaciones indebidas de procesos presenciales que arrancan muy tarde o simplemente acaban suspendiéndose tras horas de espera”.

De cara a las próximas elecciones del 23J, tiene claro que “gobierne quien gobierne no podemos perder el rumbo. Todos los ciudadanos necesitamos junto al desarrollo de la sanidad, educación, se implemente un modelo más racional de Administración de Justicia que reduzca los tiempos de espera y satisfaga los derechos de los ciudadanos”.

El problema del colapso de nuestros juzgados, agravado por estos seis meses de huelgas continuadas, ha hecho que en las cuentas de consignación de nuestros órganos judiciales haya más de 5.000 millones de euros sin ejecutar, entre mandamientos de pago, pensiones o pago de costas a los abogados que ganaron diversos asuntos.

“Ese dinero hay que reactivarlo, porque su falta de implementación va a generar que algunos negocios se cierren o se pierdan oportunidades de negocio. Hacer más eficientes los juzgados es fundamental. No es lógico que por faltar una firma quede un expediente o una ejecución de sentencia sin resolver donde hay miles de euros detenidos sin producir nada”.