Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, demanda a Sánchez y Bolaños por llamarle «delincuente confeso»

Alberto González Amador, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a un acto de conciliación como primer paso antes de presentar una querella por injurias y calumnias. Esta medida surge a raíz de que ambos mandatarios se refirieran a él como un «delincuente confeso». La demanda fue confirmada por fuentes jurídicas y adelantada por el diario El Mundo.

En su demanda, González Amador exige una indemnización de 100.000 euros por parte de Sánchez y 50.000 euros de Bolaños, argumentando que las declaraciones de los dos políticos suponen una «infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales» de un ciudadano español. Estas acusaciones se desencadenaron tras una comparecencia del presidente en Bruselas, en la que defendió al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está bajo investigación por la presunta revelación de secretos en el caso que involucra a González Amador.

Durante esta rueda de prensa, Sánchez afirmó que el fiscal general «ha hecho su trabajo, perseguir al delincuente» y se refirió a González Amador como «un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda» y que se benefició económicamente de la venta de mascarillas durante la pandemia. En una línea similar, el ministro Bolaños también defendió la actuación del fiscal y expresó: «Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad». Estas declaraciones han sido interpretadas por la defensa de González Amador como un ataque directo a su dignidad y derechos.

La situación legal de González Amador es compleja, ya que actualmente está imputado por un juzgado de Madrid en un caso que investiga un posible fraude fiscal de 350.951 euros a través de una trama de facturas falsas, lo que ha alimentado la controversia. En febrero, su abogado había propuesto un pacto a la Fiscalía en el que aceptaba «íntegramente» haber cometido dos delitos fiscales, lo que llevó a la presión mediática y política sobre su figura.

En este contexto, la pareja de Ayuso ha decidido emprender acciones legales, que se suman a otras que ya había iniciado contra varios miembros del Gobierno, incluido el caso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este camino judicial parece ser parte de una estrategia más amplia para defender su reputación y contrarrestar las acusaciones que han surgido en los últimos meses.

El ministro Bolaños, al enterarse de la convocatoria de conciliación, no se mostró dispuesto a retractarse de sus afirmaciones. En una respuesta contundente, señaló que «la querella de este señor no es contra Pedro Sánchez y contra mí, es contra la verdad». Esta postura reafirma la convicción del Gobierno de que las declaraciones realizadas fueron apropiadas, dados los hechos conocidos.