APIF recurre en el Supremo el nombramiento de Álvaro Ortiz como fiscal general del Estado por no ser idóneo

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), atendiendo a lo acordado en su reciente congreso el pasado 25 de noviembre de 2023, ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra el Decreto de 27 de diciembre de 2023 (Real Decreto 1182/2023), por el que el Gobierno de España designa como fiscal general del Estado a Álvaro García.

Según declaraciones de Miguel Pallarés, portavoz nacional de APIF: “Nuestras tesis fueron avaladas por el informe del CGPJ de diciembre que cuestionaba la idoneidad del actual FGE que coincide en lo que realmente esta pasando. Creo que no reúne el perfil adecuado para ejercer el cargo, lo que hace que este puesto de FGE esté muy cerca del Poder Ejecutivo y alejado de la independencia que se le presupone”.

Es la primera vez que se interpone un recurso por causas que no son tasadas frente al FGE y la primera asociación de fiscales que recurre este nombramiento. “El único precedente que se tiene ha sido hasta el momento la designación de Eligio Hernández, que fue cuestionado por las asociaciones de fiscales porque no cumplía el requisito mínimo objetivo de contar con 15 años de ejercicio en la profesión”, apunta Pallarés.

Desde su punto de vista este recurso puede tener una trayectoria similar al de la presidente del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, cuyo nombramiento fue anulado por la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo y que, pese al incidente de nulidad interpuesto por la Abogacía del Estado, mantiene sus tesis de ese fallo al no considerarla idónea para ese puesto.

Para el portavoz nacional de APIF, “las instituciones deben funcionar de una forma correcta: “Estamos viviendo con normalidad cuestiones que no son normales y que se producen como anomalías dentro de nuestro Estado de Derecho. Nuestra sensación es que está ejerciendo más como fiscal general del Gobierno y no tanto como fiscal general del Estado”.

Hoy el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado a la Comisión de Venecia el papel que tendrá el Ministerio Público una vez entre en vigor la Proposición de Ley Orgánica de amnistía, sin entrar en el contenido de la misma, en el marco de la reunión celebrada este viernes como parte de la ronda de contactos de la delegación europea para elaborar el informe que le encargó el Senado sobre la futura norma, según confirman a Economist & Jurist.

La primera de las conclusiones aprobadas en dicho Congreso fue la siguiente: “La APIF, que reclama un Ministerio Fiscal constitucional, integrado en el poder judicial y con autonomía funcional respecto del mismo, no puede sino constatar que el modelo de fiscal que pretende el Gobierno es justo el contrario del que diseñó el constituyente. La designación como fiscal general del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco, condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular: “¿la Fiscalía de quien depende?”

Nueva Ejecutiva de APIF. De Izquierda a derecha: Santiago Sánchez, Ricardo de Mosteyrín Sampalo, María Luján Castro Rodríguez, Miguel Pallarés Rodríguez (presidente), Sylvia López Ubieto, y Vicente Javier González Mota. (Imagen: APIF)

Urge un fiscal general independiente

La APIF considera que el Estado de derecho en España ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley. En este sentido, respetando la designación hecha por el Ejecutivo, “consideramos que el presente fiscal general no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno”.

Después del congreso de APIF en noviembre, se ha pronunciado el CGPJ quien, en un extenso y fundado dictamen, considera que el candidato propuesto por el Gobierno, Álvaro García Ortiz, no reúne las cualidades necesarias para ser nombrado FGE, considerándolo, en consecuencia, como inidóneo. Dicho informe, como es sabido, es preceptivo pero no vinculante para el Gobierno.

“A pesar de ello, a nuestro juicio, el Gobierno, al apartarse de este criterio, tan fundamentado, debía haber dado una explicación muy razonable y convincente para mantener la propuesta del candidato elegido”, apuntan desde la asociación.

APIF subraya que la actuación de Álvaro García Ortiz en los dos años de mandato anterior con anulación de nombramientos de Fiscales de Sala, por desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala, de la Sala Quinta (militar) y, la pendencia de otro recurso en el Tribunal Supremo, solicitando la anulación como fiscal de Sala, también de Dolores Delgado García, de Memoria Democrática y Derechos Humanos (cuya votación y fallo ha sido fijado para el próximo 12 de marzo).

También desde APIF censuran su actuación, una vez nombrado Fiscal General del Estado, estrenándose en el cargo con la decisión de privar al Consejo Fiscal de la posibilidad de emitir el dictamen solicitado por el Senado de España, respecto a la Proposición de Ley de Amnistía: “A nuestro juicio no hace más que reafirmarnos en la urgente y necesaria interposición de este recurso”.

Es más, teniendo en cuenta que según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 29, exige que el/la candidato/a a fiscal general del Estado debe ser jurista de reconocido prestigio, tal requisito, si bien podría haber concurrido en Álvaro García Ortiz, decae desde en el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como Autoridad que actúa con desviación de poder – utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento jurídico-.“Por tanto, a nuestro juicio, el nombramiento no es conforme a ley”, comenta Pallarés.

Una vez que se admita a trámite el recurso “reclamaremos el expediente administrativo al Gobierno, donde nos tienen que dar traslado del expediente para que podamos interponer la demanda. Esos son los trámites que queremos se haga a la mayor brevedad posible”, aclara el portavoz nacional.

Desde APIF se insiste en que el Ministerio Fiscal, como han señalado anteriormente, se configura como una institución clave y esencial dentro del Poder Judicial: “No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del FGE, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo”.

Precisamente por las actuaciones que ha llevado a cabo y que han señalado, el Sr. García Ortíz, “a nuestro juicio no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas el FGE, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España”.