Arriaga Asociados se querella contra tres magistrados de la Audiencia de Córdoba por el IRPH

Arriaga Asociados ha presentado una querella contra tres magistrados de la Audiencia Provincial de Córdoba, a los que acusa de prevaricación por «ignorar deliberada y dolosamente» la jurisprudencia europea obligatoria sobre el IRPH. En concreto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 13 de julio.

Los querellados son Felipe Luis Moreno Gómez, Cristina Mir Ruza y María Paz Ruiz del Campo, de la Sección Primera. Dirige la querella contra ellos por una sentencia que dictaron el pasado 27 de julio (725/2023), en la que estimaron el recurso de apelación interpuesto por CaixaBank contra una resolución del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Córdoba, que revocaron parcialmente dejando sin efecto la declaración de nulidad de la cláusula de IRPH contenida en el contrato de préstamo hipotecario y la condena que se había establecido.

Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados, sostiene que el IRPH, un índice variable en cláusulas hipotecarias en España, ha generado costos adicionales para los clientes «debido a las manipulaciones bancarias» y que son «casi un millón» los afectados que pagaron decenas de miles de millones de más por sus préstamos hipotecarios.

«A pesar de tener conocimiento de la sentencia del TJUE, han desatendido en esa sentencia y en otras anteriores el mandato jurisprudencial que obliga al juez nacional a analizar la transparencia y posible abusividad, considerando la mala fe en cada caso concreto», denuncia.

Esta firma hace hincapié en que la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo es vinculante para todos los tribunales en España y la Unión Europea, abarcando instancias como jueces de primera instancia, audiencias provinciales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

«La Audiencia de Córdoba tiene la obligación de emitir sentencias de conformidad con la legislación y la jurisprudencia establecida por el TJUE. Y la negativa a cumplir con este deber, según lo estipulado en el artículo 4 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se consideraría un delito de prevaricación», manifiesta Jesús María Ruiz de Arriaga.

Jesús María Arriaga, socio director de Arriaga Asociados.

Arriaga afirma que la resolución del Tribunal de Luxemburgo es «clara y contundente, al establecer que el banco o institución financiera tenía la obligación de informar a sus clientes con hipotecas que incluyeran la cláusula IRPH sobre la Circular 8/1990 del Banco de España».

Además, recuerda que la sentencia del TJUE estableció la necesidad de evaluar si el banco comunicó la recomendación contenida en la Circular 5/1994, que insta a aplicar un diferencial negativo para equiparar el interés del índice IRPH al del mercado, y que «la carga de probar este hecho recae en el banco, y la falta de dicha información se considera abusiva, ya que forma parte de una labor de ‘investigación jurídica’ que ‘no podía exigírsele razonablemente a un consumidor medio'».

Arriaga Asociados espera que la querella prospere, «que se diluciden las responsabilidades penales de los magistrados y que la justicia española respete y aplique la jurisprudencia del TJUE». «De esta manera, se garantizarían los derechos de todos los ciudadanos europeos de manera equitativa», sentencia Ruiz de Arriaga.

También se ha querellado contra seis magistrados de la AP de Barcelona

Recientemente, esta firma también dos querellas por el IRPH contra magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona. Una de ellas la dirige contra tres magistrados de la Sección 13ª, José María Ribelles Arellano, Anna Esther Queral Carbonell y Cristina Daroca Haller-, y otra con los magistrados de la Sección 14ª Juan F. Garnica Martín, Matilde Vicente Díaz y Marta Cervera Martínez.

Expresa su «preocupación» ante la posibilidad de que las secciones  11, 13 y 14 «hayan llegado a un acuerdo para infringir el mandato legal del artículo 4 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)».

«Esta convergencia en acciones contrarias a los intereses de los consumidores, a favor de los bancos, genera seria inquietud y alarma pública entre los consumidores, ya que los jueces, en contravención de las directrices europeas del TJUE, se niegan a examinar casos individuales, dando la impresión de considerarse por encima de las decisiones judiciales europeas», concluye Jesús María Ruiz de Arriaga.

Afectados por IRPH reclaman una reforma legislativa que anule este índice y que compense a los perjudicados.