Artemi Rallo, portavoz de la Comisión Constitucional: “Los melones que no se abren nunca acaban pudriéndose”

El recién nombrado portavoz de la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados, Artemi Vicent Rallo Lombarte, considera que la Constitución Española goza de una buena salud, aunque requiere cambios para adaptarse a la realidad actual. En las actuales circunstancias, no ve factible realizar algunos cambios esenciales para los que existe consenso, dado que habría que hacerlo mediante el procedimiento de reforma agravado. Asegura que, aunque el clima político sea tenso y crispado, en este momento no se cierne ninguna amenaza sobre la norma suprema. Rallo es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón. Este jurista también ha sido senador por su partido, el PSOE; director de la Agencia Española de Protección de Datos y director general del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. En el día en que la Constitución celebra su 45 aniversario, Rallo ha reflexionado sobre esta norma en Economist & Jurist.

Economist & Jurist: ¿Qué vigencia tiene actualmente la Constitución? ¿Ha quedado desfasada en algunos aspectos?

Artemi Rallo: La Constitución goza de buena salud en términos generales. El hecho de que haya tenido una vida de 45 años ya es el mejor dato de nuestra historia constitucional de vigencia de un texto que ha tenido una aplicación práctica incuestionable, real, vinculante. Es indudable que la Constitución rige y que hay órganos que la garantizan como el Tribunal Constitucional, los jueces…

Dicho esto, es también igual de cierto que 45 años son muchos, casi medio siglo en el que la sociedad ha evolucionado, la realidad social ha cambiado y es lógico que la Constitución necesite adecuación, retoques que no desmerece el acierto histórico de su aprobación y las bases sobre la que se constituyó ese pacto, al contrario lo engrandece. Las Constituciones que más vida han tenido son las que se van adaptando y reformando.

El problema lo tenemos cuando la realidad va por un lado y la norma por otro. Parece que en nuestro país ha habido un miedo atávico a reformarla, creyendo que abrir el melón no se sabe a donde nos lleva, pero yo también digo muchas veces que los melones que no se abren acaban pudriéndose y en este caso, abrir el melón de reformas puntuales y necesarias de la Constitución no tendría que provocar ningún tipo de riesgo sino todo lo contrario: satisfacer y dar respuestas a demandas sociales.

Artemi Rallo. (Imagen: Congreso de los Diputados)

E&J: ¿Por dónde habría que empezar? Hay consenso en torno a eliminar la preferencia del varón sobre la mujer de cara a la sucesión en la Corona o suprimir las alusiones peyorativas a las personas con discapacidad del artículo 49 Constitución. ¿Sería esto lo primero?

AR: Habría que empezar por reformar un punto en el que hay consenso y es sencillo como es el artículo 49, proscribiendo la referencia a las personas con discapacidad como disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales por una referencia más actual y digna; es algo que parece insoslayable. No se ha hecho por coyunturas puntuales, porque existen acuerdos ya forjados en los que se incluyen todos los partidos. Aquí sería extraño que hubiese un solo partido que se desmarcara de la aprobación definitiva a través de un procedimiento sencillo, ordinario y no agravado de la Constitución.

Luego hay otras reformas en las que también hay un consenso indudable como es la de suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Pero ahí hay una dificultad técnica que no es menor y es que el constituyente quiso que para modificar ese título haya que recurrir a un procedimiento agravado de reforma que es más complejo: obliga a disolver las Cortes, a celebrar un referéndum obligatorio…y eso ya es más complicado a pesar del amplio consenso social.

A partir de ahí, si realmente quisiéramos poner al día el marco constitucional, hay otros muchos aspectos que merecerían ser abordados: por ejemplo, no existe en la Constitución el mundo tecnológico, de la revolución digital. Todo ese mundo de los derechos digitales no existe en la Constitución o apenas apunta y necesitarían consagrarse en un marco constitucional.

Y luego hay algunos otros aspectos de revisión del texto constitucional que también deberían alcanzar a la forma territorial del Estado en la búsqueda de resolver esos problemas territoriales que siempre están latentes.

(Imagen: Congreso de los Diputados)

E&J: ¿Es factible plantear ese procedimiento de reforma agravada que se plantea en el artículo 168 de la Constitución o resulta algo impensable en las circunstancias actuales?

AR: Lo intuyo muy difícil porque habría que identificar muy bien los aspectos a reformar y porque tampoco parece que este sea un contexto en el que recorrer los requisitos establecidos en la Constitución para esa reforma agravada.

E&J: ¿Hay muchos aspectos de la realidad, fruto del progreso o de la evolución social, funcionan de espaldas o al menos fuera de lo que se contempla en la Constitución?

AR: Hay muchos aspectos de la realidad que van por otro lado. La norma está notablemente desfasada en distintos aspectos. Por ejemplo, en el título octavo, la organización territorial del Estado contiene muchos aspectos que tienen que ver con el procedimiento de acceso a las autonomías, que ya no tiene ningún sentido porque ya accedieron. Hacer una actualización del texto, teniendo en cuenta que no existe referencia alguna a las comunidades autónomas que surgieron. O por ejemplo, no existe referencia alguna a la integración de España en la UE y a cómo esto impacta en nuestra vida cotidiana y en nuestro acervo institucional y jurídico. Son aspectos que no van por la Constitución y que merecerían ser muy tenidos en cuenta

E&J: ¿Se enfrenta la Constitución a graves amenazas en estos momentos?

AR: En absoluto. Aquí, lo que ocurre es que hay mucha corrupción de las palabras. Hay un intento, por parte fundamentalmente de las derechas para corromper el relato y el debate público. Aquí la Constitución no está amenazada en modo alguno. Tiene unos poderes públicos con vocación de respetarla. Y si se produce algún exceso está el Tribunal Constitucional y están los jueces. La Constitución es norma y hay un órgano que garantiza su vigencia, como es el Tribunal Constitucional. No hay peligro alguno. Otra cosa es el debate político, que pueda ser tenso y que pueda crear una apariencia de que el clima político está muy caldeado, pero la norma jurídica no tiene riesgo ninguno.