Asociaciones de abogados reclaman al Defensor del Pueblo que convoque una Mesa Sectorial para analizar los problemas de la justicia

En un escrito enviado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, las asociaciones que configuran la Plataforma Abogacía y Turno de Oficio, formada por  AHORA ABOGACÍA, AJAI, AJATO, ALTODO, ASATO, ATOIB, CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO Y JUSTICIA GRATUITA, DEFENDA, FORO DE ABOGADOS INDEPENDIENTES DE GRANADA, IUSTA CAUSA, OTROSÍ DE ABOGACÍA Y PROCURADURÍA DE ALBACETE, RED ABOGACÍA, ZATURNO y ALA piden amparo a esta institución ante las repercusiones de las huelgas en la justicia.

Miguel Ángel González de Miguel, abogado originario de Jaén que esta colegiado en el ICAM en 2008 y desde entonces en el Turno de Oficio, conoce bien el movimiento asociativo de estos profesionales. En su día fue uno de los fundadores de la Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Jaén, (AJATO), asociación que ahora preside Gema Fernández, señala que los problemas de la justicia son graves. “Nosotros, como garantes del derecho de defensa de los ciudadanos que no son atendidos y como profesionales. Vamos al Defensor del Pueblo porque se está generando discriminaciones como indica el articulo 14 de la Constitución. Se puede comprobar la diferencia del pago de baremos a nivel de territorios”.

Miguel Angel Gonzalez de Miguel, fundador de AJATO (Foto: E&J)

Tambien cree que se conculca el artículo 35 de la Constitución. “Le pedimos un informe de control de legalidad de la situación. Al mismo tiempo, creemos que es urgente una mesa sectorial de todos los operadores jurídicos con todos los interlocutores. En el caso de Andalucia  no tiene una dotación presupuestaria propia. Todavia no han pagado el primer trimestre”.

Por su parte Carmen Morallón, presidenta de Otrosi Albacete y otra de las redactoras de este escrito, indica: “el Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes, debe actuar porque hay varias administraciones involucradas, hay comunidades con competencias en justicia y luego el territorio Ministerio. Queremos que el Defensor del Pueblo se ponga al frente para que no haya lesiones de derecho de una a otra parte”.

Para esta jurista, “el Defensor del Pueblo debe involucrarse en los derechos de todos para que no se lesionen. Se pide una retribución digna como establece el articulo 35 de la Constitución. Creo que este organismo tiene facultad para ello y puede hacer recomendaciones. Incluso podría impulsar una Iniciativa  Legislativa  para la Ley de Justicia Gratuita o cualquier otra. Debe ser quien gestione estas situaciones”.

Carmen Morallon, presidenta de OtroSi Albacete. (Foto: E&J)

A su juicio, “hay una problemática abierta en nuestro país con la justicia. En unos meses llegaremos a la presidencia de la UE con problemas graves de la justicia. Debería buscarse un equilibrio en todas las partes, de ahí que propongamos la creación de una Mesa Sectorial con todos los operadores jurídicos. Es importante que el Defensor del Pueblo haga el papel de árbitro ante esta situación donde se pueden lesionar derechos”.

La abogacía de a pie se mueve

Ese colectivo protagonizó el pasado 27 de abril una concentración multitudinaria en la capital de España a la que acudieron abogados y abogadas de toda España demandantes de mejoras en la profesión y en las remuneraciones escasas del Turno de Oficio.

Con posterioridad el movimiento ha seguido en otras comunidades autónomas, de tal forma que el pasado viernes se sucedieron concentraciones en Toledo, Cataluña, Canarias, Cantabria, Aragón y Valencia. Los organizadores, todos ellos, estuvieron en aquel 27 de abril en Madrid aunque la mayor parte de esos manifestantes eran abogados sin ninguna identidad asociativa.

Ahora, los abogados y abogados que forman parte de dicha plataforma piden una reunión con Gabilondo a fin de explicarle la situación generada en la actualidad con los juzgados paralizados por las huelgas desde el pasado mes de enero, con el consiguiente perjuicio económico para estos profesionales.

En primer lugar, le reclaman que realice un informe de control de legalidad de los acuerdos que se están acometiendo para cerrar las reivindicaciones en materia de justicia, que pondere la repercusión respecto de otros operadores y ciudadanos y equilibre las necesidades, obligaciones y deberes.

Junto a ello, piden que se convoque urgentemente en una mesa sectorial a todos los operadores jurídicos, incluyendo tanto a la abogacía en su ámbito institucional como a esta plataforma de letrados y letradas.

Los abogados que firman esta carta reclaman al Defensor del Pueblo que vele por el respeto de los derechos de la abogacia del Turno de Oficio, servicio público esencial del Estado y supervisar los conflictos laborales que se están produciendo en nuestra justicia a modo de huelga y que están perjudicando a nuestra Administración de Justicia.

Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el Congreso de los Diputados. (Foto: Archivo)

Según ha podido saber Economist & Jurist, la idea de esta plataforma es enviar una carta parecida a los Defensores del Pueblo autonómicos existentes en la actualidad en Navarra, País Vasco, Andalucía, Galicia, Canarias y Aragón. Junto a ellos también existen el Procurador del Común castellano leonés (Castilla y León);  Síndic de Greuges catalán (Cataluña / Catalunya) y Síndic de Greuges valenciano (Comunidad Valenciana).

Huelgas que dañan a la justicia

Hay que recordar que la huelga de los LAJS, de nueve semanas de duración que concluyó con un acuerdo el pasado 28 de marzo generó la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones.

Unos números que, en palabras de las asociaciones convocantes de la huelga “podrían haberse evitado si la negociación se hubiera iniciado a tiempo”.  Y que han afectado de forma notable a muchos despachos de abogados y de procuradores que han tenido una bajada en su facturación importante.

Al mismo tiempo, la huelga de funcionarios que desde el 26 de abril hasta el pasado jueves 18 de mayo eran paros parciales de tres días de duración a la semana, podría haber provocado  hasta el momento la suspensión y aplazamiento de unos 500.000 juicios y la paralización de más de 30 millones de actuaciones judiciales, según apuntaron este viernes los sindicatos.

Se da la circunstancia que dicha huelga a partir de este lunes 22 de mayo se convierte en indefinida porque los sindicatos convocantes CCOO, CSIF, UGT Y STAJ se quejan de no tener una oferta sobre la mesa, como la tienen los propios jueces y fiscales con los que negocia el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, cercano previsiblemente a un acuerdo.

En el escrito se explica la creación de esta Plataforma que surge “para la  defensa del turno de oficio y dignificación de la abogacía dada la deriva que desde hace unos años sufre el sistema judicial en toda España, con graves desigualdades entre territorios y una alarmante reducción del poder adquisitivo del colectivo de los abogados del turno de oficio”.

También destacan los problemas de estos profesionales “quienes carecen del derecho a la conciliación a la vida personal y familiar, y  a la desconexión digital y al descanso derechos ya consolidados para otros colectivos.

Buscar uniformidad de baremos

Junto a ello reclaman una actualización de los baremos y que se retribuyan todas las actividades que realizan “a precios cercanos al valor de mercado de forma análoga a como se realiza en  Europa, si bien esas exigencias han sido solicitadas como enmiendas a la Cámara Baja en el Proyecto de Ley de Defensa, como Disposiciones Adicionales con modificación de  la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, junto con otras enmiendas para este colectivo

ara los firmantes, en su escrito las retribuciones existentes del Turno de Oficio, el pago distinto en las comunidades autónomas podría vulnerar el articulo 14 de la Constitución que habla de la igualdad de los ciudadanos ante la ley “ante esa discriminación que se realiza ante el paraguas de la Justicia Gratuita”.

Asimismo, y en el ámbito del turno de oficio, los firmantes creen que se vulnera el articulo 35.1 de la Constitución donde se habla del derecho al trabajo y a una remuneración justa “sin embargo los importes regulados en el Turno de Oficio están muy por debajo de cubrir esas necesidades”.

Así, indican que “los importes regulados normativamente para la llamada zona ministerio que engloba aquellas comunidades a las que no se ha transferido la competencia estatal en materia de Justicia en virtud del art.149.1. 5ª de la CE, en el anexo II (Módulos y bases de compensación económica-Abogados) del Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

Reunión del ICAM con el defensor del purblo. (Foto: E&J)

Reunión con el Colegio de Abogados de Madrid

Hay que recordar que hace unos días el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, el diputado encargado de Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, y la diputada encargada de Relaciones Institucionales, Roberta Poza, se reunían con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

En la reunión, el Decano y los diputados han abordado la preocupación del ICAM por la designación de letrados de oficio para la defensa de personas jurídicas sin garantizar una justa compensación económica por ello y han adelantado a Gabilondo que el ICAM presentará próximamente una queja formal en el registro del Defensor del Pueblo por este motivo.

Este asunto, que el Decano ya abordó con la Fiscal Europea y con los grupos parlamentarios, forma parte de las siete medidas concretas sobre las que ya está trabajando el ICAM en tanto en cuanto la ley de asistencia jurídica gratuita no garantice la remuneración de las actuaciones de los abogados de oficio en la asistencia letrada a personas jurídicas.

Además, siguiendo con la intensa campaña del ICAM en materia de conciliación en la Abogacía, los miembros de la Junta de Gobierno han presentado a Gabilondo el Manifiesto ICAM por la Conciliación, que ya tiene más de 2.500 firmas de colegiados/as y al que se han adherido destacadas personalidades como el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Por último, también se abordaron con el Defensor la necesidad de normalizar la atención presencial al ciudadano en las oficinas de la Administración, que aún no se ha recuperado en la totalidad de puntos de atención.