Asociaciones de abogados reclaman en la Comisión Europea el reconocimiento expreso al derecho de huelga y a la conciliación

Este miércoles se presentó una denuncia ante la Comisión Europea por parte de la Plataforma de Abogacía y Turno de Oficio de Asociaciones Profesionales de abogados. Un colectivo que ha venido movilizándose desde aquella concentración en Madrid el pasado 27 de abril, a la que siguieron otras en distintas Comunidades Autónomas.

Los letrados españoles que suscriben dicha denuncia subrayan la situación abandono de la Abogacía, tanto en el ejercicio profesional de su trabajo como integrantes del servicio público del Turno de Oficio que muchos de ellos realizan para las personas más vulnerables.

La denuncia llega ante el silencio absoluto del Ministerio de Justicia y del propio Defensor del Pueblo a los que se ha pedido que intervengan en este contexto de precariedad, agravado por las distintas huelgas que sufre la Justicia, pero que han hecho caso omiso de ello.

En la denuncia los firmantes de la misma solicitan que se acuerde el reconocimiento expreso del derecho fundamental a la huelga y que se abra un procedimiento formal de infracción contra España. Asimismo, solicitan que sea elevado e incoado un expediente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por esta Comisión, en caso de volver incumplirse de nuevo el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.

En dicho escrito, formulado por medio de los letrados españoles Victoria Ros, colegiada ICA Málaga; Miguel Ángel González de Miguel, Colegiado ICAM; María Amparo Martínez, Colegiada ICAM; María Del Carmen Morallón, Colegiada ICA Albacete; y Gemma Martínez, colegiada ICA Jaén, se denuncia de forma detallada ante la alta institución europea la vulneración del derecho fundamental a la huelga de los abogados españoles, proclamado en el artículo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) donde se recoge el Derecho de negociación y acción colectiva: «Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga».

Asimismo, los letrados firmantes denuncian graves y numerosas infracciones del Estado español en relación a la normativa y acervo comunitario, como también de los valores europeos, entre los que se encuentran la presunta vulneración del artículo 2 del Tratado de la UE donde se subraya que: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».

“Nuestra profesión se deteriora”

Victoria Ros, abogada con despacho en Málaga, ejerce esta profesión desde 1998 y está en el Turno de Oficio desde el año siguiente. Al mismo tiempo forma parte de la Asociación DEFENDA, una de las entidades que promueve esta plataforma reivindicativa en pro de mejora de los derechos de los abogados.

Victoria Ros, abogada malacitana vinculada a DEFENDA  (Foto: E&J)

A juicio de la letrada, “la situación de nuestra profesión ha ido de mal en peor. En Andalucía acabamos de cobrar el primer trimestre, cantidades irrisorias. Una guardia de violencia de género se valora en setenta euros. Pero lo más sangrante es que en otros países, otros compañeros de abogados si pueden hacer huelga, derecho que se nos niega en estos momentos”.

Ros aclara que la denuncia subraya la “discriminación sufrida por los abogados españoles en los últimos treinta años con respecto a sus homólogos italianos, franceses, griegos, e incluso los barrister ingleses, quienes sí han podido hacer efectivo su Derecho a la Huelga en sus respectivos países”.

“Nosotros queremos ejercer el derecho de huelga porque no hay ninguna ley que diga que no tenemos ese derecho. En España se nos ha dicho que no podemos hacerlo por el Tribunal Supremo, con unas razones que no entendemos que es que, si hacemos huelga, aunque con servicios mínimos, afectamos a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y creemos que no es cierto”, ha declarado la jurista. “Casos parecidos los encontramos en los secretarios judiciales, quienes han estado nueve semanas en huelga hasta llegar a un acuerdo el pasado mes de marzo, y no ha afectado a dicha tutela. En Italia muchos de los abogados son autónomos y tienen derecho a paro y son también un servicio público esencial”.

Victoria Ros recuerda que el Gobierno presentó hace ya algún tiempo la llamada   ENDITA (Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo, 2022-2027), en cuya página 51, en la letra f, “propone el Gobierno que los autónomos que no tengan una persona contratada para defender sus derechos de forma colectiva proponen que hagan un paro y pone como ejemplo a los abogados italianos, que son autónomos y un servicio público esencial”.

Para este colectivo que denuncia en Bruselas la situación de la Abogacía, solicitan el reconocimiento expreso de su derecho a la huelga como servicio público esencial. “Con el establecimiento de unos servicios mínimos creemos que es posible desarrollar este derecho a la huelga que se nos ha negado en los últimos treinta años”. En dicha denuncia se hace un estudio comparativo de lo que cobran los abogados del Turno de Oficio, tanto en España con notables desigualdades entre las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y el llamado Territorio Ministerio, como con otros países europeos. “Las compensaciones que recibimos son un diez por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, ahora fijado en 1080 euros”, comenta Victoria Ros.

Según el Informe de Evaluación sobre los Sistemas Judiciales Europeos de 2022, en materia de Justicia Gratuita (Legal Aid), página 41, que se acompaña como documento núm. 14 a esa denuncia, “el pago por asunto en España es de 178 euros, mientras que la media europea es de 462 euros”. Por lo que la media europea es tres veces más que la española.

Los abogados piden amparo a la UE

Por su parte, Miguel Ángel González de Miguel, abogado fundador de AJATO y otro de los portavoces de esta Plataforma de Abogacía y Turno de Oficio, destaca que “esta denuncia viene generada porque hemos agotado muchas de las vías en España para reclamar el ejercicio de nuestro derecho de huelga y el de la Conciliación, no nos queda otra que acudir a la Comisión Europea reclamando el amparo que no recibimos de las administraciones españolas”.

Miguel Ángel González de Miguel, fundador de AJATO (Foto: E&J)

González asegura que, “tenemos muy claro que se están violando varios artículos del Derecho Europeo, como son el articulo 28 de la Carta de Derechos Humanos de la UE, que permite en ese caso asociarse y emprender conflictos colectivos, incluida la huelga, eso de nos deniega en España. Al mismo tiempo se incumple el articulo 2 del Tratado de la UE donde se habla de la igualdad y la no discriminación porque compañeros abogados de otros países han ido a la huelga y en nuestro caso aún no hemos podido ejercer dicho derecho”.

En su opinión, “el hecho de poder tener responsabilidades civiles, penales o disciplinarias por ese ejercicio del derecho de huelga ha hecho que no hayamos podido defender nuestros derechos como así lo han hecho en nuestro país a lo largo de este año, los LAJS, con un acuerdo cerrado, jueces y fiscales, también con acuerdo y ahora los funcionarios de los cuerpos generales de Justicia en una huelga indefinida desde hace algo más de siete días”.

Por último y no menos importante, la Plataforma, en materia de Conciliación, denuncia situaciones de compañeras que acaban de dar a luz, incluso con operaciones de cesáreas, que se ven obligadas a tener que dar el pecho para amamantar a sus hijos recién nacidos en los pasillos de los juzgados porque no les suspenden una vista ni permiten la conciliación laboral que si tienen otros trabajadores y padres.

“Tampoco podemos ejercer el derecho a la desconexión digital, regulado por ley para otras profesiones. Nuestra relación con el cliente y con los plazos procesales es continuada y no tenemos derecho a ese descanso con el consiguiente perjuicio para nuestra salud física y mental”, apunta Miguel Ángel González.

Desde el punto de vista de este abogado, “el no haber podido ejercer el derecho de huelga en el Turno de Oficio ha propiciado que tengamos los baremos sin actualizar, actividades que hacemos y que no se nos pagan, y una situación lamentable de mucho trabajo, pero de poca compensación económica por el trabajo prestado. Compensación que, además, se fija como indemnización y no como retribución profesional, lo que pensamos que es otra ofensa”.

Abrir procedimiento de infracción a España

En esta denuncia ya cursada solicitan a la Comisión que sea elevado e incoado un expediente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por nuevo y grave incumplimiento del plazo de transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores.

De hecho, subrayan en esa denuncia, de más de 30 páginas, a la que ha tenido acceso Economist & Jurist, que, al haber sido disueltas las Cortes por la convocatoria de elecciones nacionales el 23 de julio, la tramitación de la trasposición de la Directiva ha quedado suspendida de nuevo.

«A la Comisión Europea ha ido una denuncia de 30 páginas destacando la situación de la Abogacía española». Sede de la Comisión Europea (Foto:

Los juristas firmantes de esta denuncia recuerdan que la falta del plazo de un mes para el vencimiento del ultimátum dado por Europa, toda vez que dicha Directiva pese haber sido aprobada en 2019, contaba con un plazo de incorporación al sistema legal de los Estados Miembros de dos años, periodo que finalizó el 2 de agosto de 2022, como plazo de transposición de dicha Directiva de Conciliación de la vida familiar y profesional.

Dicha directiva europea, que beneficia principalmente a los abogados asalariados, establece una serie de derechos como el permiso de paternidad, donde los padres tendrán al menos diez días desde el nacimiento de su hijo. Un permiso parental de cuatro meses que podrán disfrutar en diferentes periodos o a tiempo completo, los cuidadores también gozarán de un permiso mínimo de cinco días al año

Además, este texto legal aplica mecanismos para flexibilizar el horario laboral para los progenitores con hijos menores de ocho años en el que podrán solicitar una reducción de la jornada laboral. La directiva, además, otorga a las mujeres el derecho a un permiso mínimo de maternidad de 14 semanas, incluidas dos semanas de baja obligatoria.

La denuncia continúa informando del grave malestar y alarma social de los abogados españoles con numerosas concentraciones por toda España en los últimos meses, así como de las graves situaciones de abuso de la Administración Pública con dicho gremio, con compañeros a los que les ha fallecido un familiar (hijos, padres), o abogados enfermos a quienes se les obliga a asistir a vistas o a cumplir con plazos procesales para presentación de escritos pese a estar hospitalizados.

Desde esta Plataforma se van a vertebrar otras actuaciones a corto plazo en Europa. De esta manera, informan que acudirán a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a explicar su caso, al mismo tiempo interpondrán otra reclamación en el Defensor del Pueblo Europeo y también al Comité de Derechos Humanos de la UE.  “Iremos hasta el final porque no podemos consentir los abusos que estamos sufriendo”, aclaran.