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Asufin denuncia «el fracaso» de las demandas colectivas: acumulan retrasos de hasta ocho años en los tribunales

De la veintena de demandas colectivas presentadas por esta asociación, "sólo han finalizado cuatro procedimientos, el resto acumulan ya entre siete y ocho años de retraso"

Expedientes acumulados en un juzgado. (Imagen: E&J)

Rosalina Moreno

Redactora jefa




Tiempo de lectura: 4 min

Publicado




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Asufin denuncia «el fracaso» de las demandas colectivas: acumulan retrasos de hasta ocho años en los tribunales

De la veintena de demandas colectivas presentadas por esta asociación, "sólo han finalizado cuatro procedimientos, el resto acumulan ya entre siete y ocho años de retraso"

Expedientes acumulados en un juzgado. (Imagen: E&J)



La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha denunciado hoy «el fracaso de las demandas colectivas en nuestro país, hasta ocho años estancadas en los tribunales».

Destaca que «la lentitud de la Justicia se hace especialmente patente en el caso de las demandas colectivas, un tipo de procedimiento que no funciona en nuestro país por el desconocimiento en los tribunales y la falta de recursos para su efectiva aplicación». «Las asociaciones de consumidores tenían sus esperanzas puestas en la transposición de la Directiva relativa a las acciones de representación. Sin embargo, no conformes con un retraso de casi dos años en su transposición, el Congreso acaba de retirar su tramitación para volver a empezar de cero», critica esta asociación, y reclama que de forma urgente se lleve a cabo transposición de esta Directiva, dado que su experiencia en acciones colectivas es «frustrante» para el consumidor.



«Es absolutamente imprescindible que nuestro país aborde la transposición de la Directiva de acciones de representación colectiva porque nos estamos jugando el derecho de defensa de todos los consumidores. Resulta lamentable comprobar cómo nuestro país es farolillo rojo de la UE, sólo acompañado de tres países más, en no haber transpuesto a tiempo esta directiva, nada menos que dos años de retraso llevamos ya acumulados», declara a Economist & Jurist la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

«Sin la mejora del marco normativo de demandas colectivas, estamos resignados a que los pleitos que nacen de un abuso generalizado queden sin respuesta por parte de los tribunales. El abuso masivo requiere de dotarnos de herramientas de defensa masivas», concluye.

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha abierto la vía a reclamar una indemnización al Estado por la lentitud de la Justicia: declara que esta acción será «pertinente y útil» sin necesidad de plantear un recurso de amparo ante este propio tribunal.



«En concreto, de la veintena de demandas colectivas presentadas por Asufin, sólo han finalizado cuatro procedimientos, mientras que el resto siguen aún en marcha, algunos, interpuestos en 2016 y 2017, no se han resuelto todavía acumulando ya siete y ocho años de retraso», según informa Patricia Suárez.

Pone como ejemplo la demanda colectiva presentada contra Bankinter por la hipoteca multidivisa, que fue admitida a trámite en mayo de 2016, y hasta la fecha sólo han recibido la sentencia de primera instancia. «El banco, sin ninguna duda, agotará todas las instancias, hasta el Tribunal Supremo, lo que supondrá otros cuatro años más hasta tener la resolución definitiva», lamenta, al tiempo que señala que «muchos afectados prefirieron la vía individual ante la evidencia de que no hay manera de que reciban justicia de forma colectiva ante una mala práctica que sí fue generalizada».

Patricia Suarez, presidenta de Asufin. (Imagen: Asufin)

Asufin indica que éste no es el único caso en materia de multidivisa. «En su momento, se presentaron demandas colectivas contra Barclays —hoy CaixaBank— y Banco Popular por estas hipotecas suscritas en divisa extranjera, y siguen estancadas en distintas fases. Mientras la primera está pendiente en el Supremo, la segunda sigue esperando la primera sentencia de instancia», precisa.

También tiene asuntos «contra cinco entidades —WiZink, Carrefour, CaixaBank, Santander y Bankinter— a cuenta de las opacas y peligrosas tarjetas revolving, que igualmente se mantienen varados en varias fases procedimentales», según explica Patricia Suárez.

«Los de Bankinter y Banco Santander, por ejemplo, no ha visto celebrar juicio aún desde su admisión a trámite en 2021. En el caso de WiZink, estamos aún en la fase de primera instancia, y esperamos noticias del Supremo para Carrefour y CaixaBank, cuando ya han pasado cuatro años desde la interposición de las correspondientes demandas», detalla.

Además, según informa, la demanda colectiva que presentaron «por la cláusula de gastos hipotecarios contra Banco Santander, CaixaBank, Bankia —ahora CaixaBank— y Banco Sabadell sigue pendiente de una sentencia de primera instancia desde el año 2017″. El resto de las acciones colectivas son contra la cláusula de gastos.

(Gráfico: Asufin)

Retraso en la transposición de acciones colectivas

Asufin denuncia que a esto se suma, que nuestro país «está señalado», junto con Francia, Estonia y Bulgaria, por ser «los únicos que aún no han transpuesto la Directiva de acciones de representación colectiva». El plazo venció el 25 de diciembre de 2022, y el 25 de junio de 2023 entró en vigor en el territorio UE.

Esta asociación pone el foco en que en nuestro país, el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que contenía la transposición de esta Directiva, «se ha quedado listo para su aprobación en el Pleno del Congreso, pero sin la parte correspondiente a las acciones colectivas, que ha sido retirada por falta de acuerdo». «La obligación de transposición permanece, así que los diferentes grupos tendrán que seguir buscando un acuerdo para lograr el consenso que lleve a la aprobación de un sistema eficaz de acciones colectivas para nuestro país», manifiesta.

Patricia Suárez subraya que «los pleitos se tienen que poder presentar de forma colectiva y que la tramitación de estos no puede sufrir los retrasos que vemos actualmente». «Esto permitirá liberar a los juzgados civiles y mercantiles del atasco que sufren, con miles de casos de afectados particulares», sostiene. Por ello, Asufin reclama al Gobierno y a los partidos políticos que «retomen las negociaciones para que esta herramienta tan necesaria para combatir los abusos se apruebe lo antes posible en nuestro país».

(Gráfico: Asufin)

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