Asufin reclama que se acelere el trámite de la Autoridad Bancaria, como herramienta disuasoria de malas prácticas

La Asociación Usuarios Financieros (Asufin) ha reclamado hoy que se acelere el trámite de la Autoridad Bancaria, como herramienta disuasoria de las «malas prácticas bancarias». Esta asociación celebra que haya retomado ya la Autoridad Bancaria, pero lamenta que se haya vuelto a la “casilla de salida”, vía Anteproyecto de Ley, ya que se contaba con un amplio acuerdo parlamentario.

Por ello, pide que no se alargue el trámite. «El consumidor financiero merece disponer de este organismo cuanto antes, después de décadas de promesas», destaca la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, y recuerda que ya está presente en muchos países de nuestro entorno.

Según informa, el Gobierno ha recuperado el mismo texto, sobre el que Asufin reitera su observación sobre la tasa que financiará el organismo, uno de los elementos que considera clave para asegurar el desempeño «con eficacia» de la Autoridad. «Finalmente, en vez del pago fijo de 250 euros por reclamación, decidió modularse dicha cuantía, por lo que nos parece que es necesario que se asegure la correcta financiación para que el organismo esté dotado de los medios necesarios», señala Suárez. 

Por otra parte, indica que el texto «diluyó» la presencia de las asociaciones de consumidores en el consejo consultivo de la Autoridad, reduciendo de tres a uno sus miembros, siendo ocupados los otros dos por asociaciones de mayores y de discapacitados. «Consumidores somos todos y la representación que ejercemos las asociaciones de consumidores es inclusiva e integradora», subraya Asufin.

También pone el foco en que finalmente, el dinero que se recaudará de las multas a las entidades financieras será ingresado en el Tesoro, «sin mención alguna que se tenga que destinar a ningún fin en pro de la mejora de la educación financiera o similar».

Asufin ve positivos que las reclamaciones de la Autoridad que finalmente pasen a ser vistas en los juzgados se harán en el fuero del cliente. Es decir, serán competentes los juzgados de primera instancia que tengan su sede en la capital de la provincia del domicilio del cliente

En general, también le parece positivo «la gran observancia para con los asuntos que atañen al colectivo de los mayores, discapacitados y otros colectivos en riesgo de exclusión. Y muy especialmente todas las mejoras en torno al cumplimiento de la legalidad a la hora de contratar las cuentas básicas de pago».

Asimismo, celebra que se haya llegado a un acuerdo con los documentos pedidos para abrir las cuentas básicas a los colectivos más vulnerables, como los que se encuentran en situación irregular en nuestro país, pero no pueden ser expulsados. En esos casos, de manera excepcional y con autorización de los servicios sociales, las entidades que integran a estos colectivos podrán emitir certificados de exclusión financiera para facilitar y agilizar esos procesos de aperturas de cuenta.