AVITE denuncia que 500 afectados se quedan sin posibilidad de acceder a las ayudas

Cuenta atrás para la Asamblea Extraordinaria de  la Asociación de Afectados por Talidomida  (AVITE), que tendrá lugar este sábado en la capital de España. Según informan desde esta entidad, la asistencia será máxima, muy cercana a los trescientos asociados de toda España porque en ella se abordarán las cuestiones relacionadas con el RD 5/7/2023. En ese encuentro se hablará, entre otras cuestiones, de los en torno a 500 afectados que quedan fuera de las ayudas que pone en marcha el Gobierno.

Gracias a esa normativa aprobada, los afectados por talidomida reconocidos positivamente por el Instituto Carlos III tienen hasta el 5 de octubre para presentar su solicitud. Desde AVITE, informa su vicepresidente Rafael Basterrechea, “lo que estamos haciendo es supervisar la entrega de la documentación  al INSERSO de cada asociado reconocido como tal,  para comprobar que se presente correctamente  y no queda ningún documento pendiente”, destaca José Riquelme presidente de AVITE.

En esta Asamblea General, que espera una asistencia masiva de asociados de esta entidad, el papel del asesor jurídico de la entidad, Ignacio Martínez, va a ser clave como jurista que irá resolviendo las dudas que se planteen a muchos de los afectados sobre el pago de esa ayuda, y otras cuestiones que surjan en el futuro. En principio la ayuda supone un pago único de 12.000 euros por punto por discapacidad, en personas con un grado de minusvalía del 70% lo que podría suponer una compensación sobre los 700.000 euros.

Sobre la mesa hay dos cuestiones claves a nivel general que preocupan a este colectivo: una es la posible desgravación de dicha ayuda del IRPF que por el momento no se contempla, con lo cual los afectados tendrían que, una vez recibida la ayuda, cotizar sobre el 50%.  Y la otra cuestión tiene que ver con el número elevado de afectados, unos 500 que, al no tener el reconocimiento del Instituto Carlos III, no podrán recibir esa ayuda económica.

El 5 de octubre es la fecha tope para presentar esas solicitudes. “Agosto también cuenta y estamos en la actualidad presentando solicitudes con los requisitos que nos han planteado. Es un plazo escaso, pero ya estamos operativos. Luego, la Administracion tiene de plazo seis meses para contestar a cada solicitud, dejando claro que si no hay respuesta, silencio administrativo, se entenderá como positivo a todos los efectos”, apunta.

Pendiente exención IRPF

De las cuestiones quedan por resolver, una es la exención o no de esas ayudas del IRPF. “Como mínimo, hasta noviembre no tenemos Gobierno. Con la legislación en la mano, en el IRPF del año siguiente al pago que nos ofrezcan tendríamos que pagar ese impuesto, que depende de cada comunidad autónoma podría ascender entre el 48 y el 54% del total percibido”.

Desde AVITE no se descarta abrir una negociación con otras formaciones políticas como ERC, Bildu, Sumar o Compromís para que incluyan en sus negociaciones con PP y PSOE que incluyan la exención de las ayudas a las victimas de la talidomida. Es muy importante lograr ese cambio normativo porque, tras tantos años de lucha, nuestras compensaciones quedarían muy reducidas”, comenta el vicepresidente de AVITE.

“Esperamos poder negociar con el nuevo Gobierno para que se nos incluya como otra excepción de las que ya vienen reflejadas en el articulo 7 de la Ley de IRPF, que excluyen del impuesto a personas con VIH y víctimas del terrorismo entre otros colectivos”, comenta Basterrechea.

Miembros de AVITE celebran su congreso anual. (Imagen: AVITE)

Desde esta asociación, se da por descontado que los pagos empezarán a recibirse en el año 2024, con lo cual creen que tienen un año por delante para negociar con el nuevo Gobierno que surja en nuestro país y poderles convencer de que ese pago único que van a recibir debería tener dicha exención fiscal por la que vienen luchando en los últimos diez años.

De hecho, por la documentación enviada desde el INSERSO a los afectados de AVITE se deja traslucir que este proceso de pago de estas ayudas esta sujeto con una partida presupuestaria del año 2024, ahora mismo sin aprobar. “Ahora el dilema es saber si habrá nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año que viene con la situación actual de un Gobierno en minoría y un posible  bloqueo institucional y nuevas elecciones en el horizonte”.

Sin embargo, “el hecho de que esté ya aprobado en el peor de los casos obligaría al nuevo Gobierno a aprobar una partida presupuestaria de donde fuera para dar cumplimiento al RD ley de julio donde están fijadas nuestras ayudas. El INSERSO tiene que contestar a cada afectado pare evitar que los plazos corran. Como ya comenté, si no hubiera respuesta esa personas seria reconocida como afecta por talidomida y tendría acceso a esta ayuda”.

El problema que había con el certificado de estar en el Registro de Enfermedades Raras, requisito que podría ser un freno para que este colectivo accediera a las ayudas, parece que se ha desbloqueado “es el Instituto Carlos III quien se encarga de gestionar dicho certificado. Esta entidad ha habilitado una web para que nos inscribamos y lo esta gestionando de forma directa. La web ya esta operativa, pese a que funciona con problemas”.

En cuanto a la documentación que hay que presentar, Basterrechea aclara que hay documentos difíciles de conseguir “junto con la fotocopia del DNI y del grado de minusvalia, reclaman un certificado de la cuenta bancaria. Lo complicado esta en presentar un certificado de empadronamiento de la madre mientras estaba en gestación del afectado, que es de los años cincuenta y sesenta que no está digitalizado y hay que ir al Registro Civil correspondiente, además del citado certificado de enfermedades raras”.

Ayudas para todos los afectados

Este colectivo se  lamenta que el Gobierno no haya tenido en cuenta las alegaciones de esta asociación a la hora de presentar el Real Decreto y que no tuvieran acceso al borrador último tras el visto bueno del Consejo de Estado.

De hecho, “nuestra reivindicación es que se extienda la condición de beneficiarios a todos los afectados y no solo a los 130 reconocidos por el Carlos III. Eso hace que cerca de 500 afectados queden fuera. Reconocer a todos supondría al montante de los 20 millones más doce que se incorporaron por iniciativa de EH BILDU. Harían falta otros 100 millones de euros para poder compensar a todos los afectados», aclara Basterrechea.

Desde AVITE señalan que el requisito de que los afectados estén inscritos en el Registro de Enfermedades Raras solo lo tienen los afectados reconocidos por el Instituto Carlos III y reconocidos de forma positiva, unos 130, lo que hace que resto que no tienen ese reconocimiento, los llamados negativos, no pueden acceder estar inscritos en dicho Registro».

“El gran problema de estos afectados no reconocidos es que se quedan en un desamparo legal. No es solo  que les digan que no son afectados por talidomida  y les abran un periodo para subsanar esa anomalía. Simplemente les dicen que les faltan un papel y que por ello quedan fuera. Nosotros queremos resolver esta cuestión para que estos compañeros afectados puedan tener su compensación económica”, comenta Basterrechea.

Jose Riquleme, Rafael Basterrechea e Ingnacio Martinez. (Foto: AVITE)

La historia más reciente de los afectados por la talidomida es la de una lucha en los últimos veinte años por conseguir esas compensaciones. De hecho, España ha sido único de lo países que aún no había indemnizado a sus victimas por los efectos de este medicamento que le ha generado daños de por vida a nivel físico de los países que más ha tardado en reconocerles las ayudas.

En nuestro país, se aprobó el pasado 5 de agosto de 2010 se promulgó el Real Decreto 1006/2010 que reconoce el colectivo afectado por talidomida en España y regula el procedimiento de concesión de ayudas. Este contempla como víctimas de la talidomida a los nacidos entre 1960 y 1965, aunque la venta se inició a partir de 1957 y continuó presuntamente hasta 1973, según el vademécum (lista de medicamentos recetados) de ese año que ha documentado AVITE.

Entonces, se establecieron ayudas desde 30.000 hasta 100.000 euros para quienes poseían el “certificado de talidomídico” del Instituto de Salud Carlos III y presentaban una invalidez mínima del 33%. Estas ayudas sirvieron para indemnizar a 24 afectados,

Estas 24 personas son las únicas indemnizadas hasta el momento de las 500 que calcula la AVITE que quedan vivos. Cada persona que fallece supone un ahorro al Estado de un millón de euros, nos indican desde la propia asociación.

Posteriormente, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó, el 24 de noviembre de 2016, aprobó una proposición no de ley sobre la protección de las personas afectadas por la talidomida. El objetivo fue ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones corporales por la talidomida, en el período 1955-1985.

Finalmente, una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 reconoce una ayuda a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985 por un importe del resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada.

Este proceso continúa abierto desde hace cinco años y establece, precisamente, la cuantía de la ayuda del real decreto del pasado mes de julio ya en el BOE. Ahora los talidomídicos esperan cobrar, pese a la situación política de nuestro pais,  y ver resuelta esta pesadilla que sufren desde hace muchos años.