Bolaños elige a Manuel Olmedo como secretario de Estado de Justicia para restablecer los puentes con los operadores jurídicos
Sofía Puente será la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y responsable del Consejo del Secretariado
Ministerio de Justicia. (Imagen: E&J)
Bolaños elige a Manuel Olmedo como secretario de Estado de Justicia para restablecer los puentes con los operadores jurídicos
Sofía Puente será la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y responsable del Consejo del Secretariado
Ministerio de Justicia. (Imagen: E&J)
Lo anticipó Félix Bolaños, nuevo Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su toma de posesión cuando reiteró su deseo de dialogar con los operadores jurídicos y tender puentes con ellos, tras un primer semestre del 2023 repleto de huelgas y conflictos protagonizados por los letrados de la administración de Justicia (LAJS) y funcionarios de Justicia.
Por eso la designación de Manuel Olmedo —hasta ahora secretario general de Innovación— como secretario de Estado de Justicia parece acertada y ha sido acogida con satisfacción a nivel general, tanto por su talante como por su conocimiento del mundo jurídico. Su anterior lugar como secretario general de Innovación será ocupado por Sofía Puente, hasta ahora directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, otra profesional con experiencia en puestos responsabilidad.
Se da por hecho que en el Consejo de Ministros de este martes, entre otros nombramientos pendientes de aprobar de otros equipos ministeriales, se hagan oficiales los de Olmedo y Puente, con lo que su incorporación a estos nuevos cargos será inmediata tras publicarse su designación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Olmedo, que hasta el momento ha estado a la sombra del ya exsecretario de Estado, Tontxu Rodríguez, tendrá ahora las manos libres para gestionar las relaciones con los operadores jurídicos y las propias comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas, pues se da por hecho que Bolaños descargará en él la mayor parte de la actividad del Ministerio, para ocuparse él mismo de la parte más política del Gobierno, donde se incluye la futura Ley de amnistía.
Sobre su mesa de trabajo, como temas más inmediatos están cerrar la negociación y posible acuerdo con los sindicatos que representan a 45.000 funcionarios de Justicia, aún pendiente tras dos meses y medios de huelga; así como desarrollar los acuerdos ya suscritos con LAJS, por un lado, y jueces y fiscales, por otro, en los que quedan todavía muchos flecos por poner en marcha.
Al mismo tiempo, Olmedo tendrá que abordar las demandas de varias CCAA, como son el caso de Madrid, Cataluña o Valencia, que han reclamado más funcionarios de todos los cuerpos para atender las exigencias de su administración de Justicia y las reclamaciones de Colegios de Abogados y Abogados de Oficio, de cara a la mejora de este servicio público: mal pagado y con una Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, sin actualizar.
También tendrá que liderar la aprobación definitiva de las leyes orgánicas de eficiencia procesal, organizativa y digital que quedaron pendientes tras el adelanto electoral, de las que juristas consultados por este medio consideran que hay que introducir mejoras y mantener la apuesta de Justicia por la innovación tecnológica y el Plan de Justicia 2030, que plantea la transformación digital del modelo actual de Justicia.
Félix Bolaños, un recorrido por su carrera profesional
Del nuevo hombre fuerte del Ministerio de Justicia podemos dar algunos apuntes biográficos profesionales. Ingresó en la Carrera Judicial en el año 2003 y ha desempeñado diversos puestos en la judicatura y magistratura hasta el año 2021 en Asturias, Cataluña y Madrid.
También señalar que ha ejercido como letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dentro de la Escuela Judicial, como responsable de la selección y especialización de jueces, fiscales y magistrados en España entre 2009 y 2015.
Como letrado del CGPJ, ha sido miembro y coordinador de los Grupos de Trabajo para la Reforma del Acceso a las Carreras Judicial y Fiscal (2010-2012), para la implementación del Plan de Transparencia y Acceso a la Información del CGPJ (2013- 2015) y para la elaboración de los Principios de Ética Judicial (2013-2015).
Entre 2015 y 2021, ha ejercido como Magistrado de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, destinado en los Juzgados de lo Penal de Móstoles y en diversas Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid. También ha impartido docencia como Profesor Honorífico de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid.
Internacionalmente, ha desarrollado una intensa labor en el ámbito de la cooperación judicial penal, tanto en el ámbito de la Unión Europea como con países terceros. Ha sido evaluador del Consejo de la Unión Europea en la 9ª Ronda de Evaluación Mutua sobre implementación y aplicación de los instrumentos de cooperación penal en los Estados Miembros de la Unión Europea en el ámbito de la privación o restricción de libertad.
Nueva secretaria general de innovación
Como mano derecha de su nuevo equipo de trabajo, Olmedo contará con Sofía Puente, que el 30 de enero de 2020 fue nombrada Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por Real Decreto 161/2020 de 29 de enero, y ahora ocupará el cargo de secretaria general de Innovación y Calidad del Ministerio de Justicia.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública —denominada entre 1909 y 2020 Dirección General de los Registros y del Notariado— es el órgano directivo del Ministerio de Justicia, encuadrado dentro de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, cuyas principales funciones son relativas a la gestión de asuntos relacionados con los derechos notarial y registral.
Asimismo, desde 2020, también se encarga del control de los bienes de propiedad estatal derivados de procesos judiciales así como la investigación y recuperación de bienes por orden judicial, ya que asume las funciones patrimoniales que le son conferidas a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
Puentes ingreso en la carrera fiscal en 1996. A lo largo de su carrera profesional ha ejercido en las Fiscalías de Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid. Desempeñó el cargo de fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer. Entre los años 2010 y 2012 fue Directora del Centro de Estudios Jurídicos. Asimismo, fue vocal del Consejo Fiscal entre 2014 y 2018.
Uno de los cometidos de esta jurista, como secretaria general, será el de presidir el nuevo Consejo del Secretariado, que ya quedó constituido hace unos días y del que Manuel Olmedo era su máximo responsable. En esa primera reunión han participado los seis vocales elegidos democráticamente por los LAJS y los otros tres por el propio Ministerio.
El Consejo del Secretariado —al igual que el CGPJ para los jueces y el Consejo Fiscal para los fiscales— es el órgano que, bajo la presidencia en este caso de Sofia Puente, el secretario general vela por el desarrollo de las actividades de los LAJ s en la Administración de Justicia. Lo convoca Justicia con una periodicidad de dos o tres meses o cuando hay un tema de calado.
Los temas que ya se esbozaron en esa primera reunión con Olmedo y que Puentes tendrá que abordar pasan por una regulación especifica del teletrabajo, la convocatoria de oferta de empleo público del 2022, implementar el decreto de sustituciones, la aprobación de la reforma del reglamento orgánico de este colectivo, afrontar el colapso de varios registros civiles donde el nuevo sistema Dicireg no acaba de funcionar, etc.
En los próximos días, Manuel Olmedo también tendrá que definir su equipo de trabajo en el Ministerio de Trabajo, en el que es posible que se produzcan nuevas incorporaciones.
A nadie se le oculta que la Justicia en nuestro país pasa por un momento crítico tras las huelgas del primer semestre. Ante ello, la elección de Olmedo, jurista que conoce bien la administración, ha sido clave para su promoción en el Ministerio de Justicia. No obstante, habrá que ver si consigue el tan anhelado Pacto por la Justicia que reclaman los operadores jurídicos para dotarla de los medios humanos y técnicos adecuados para que mejore su funcionamiento.