Bruselas: «El poder judicial debe contar con recursos suficientes y distribuir su presupuesto de forma independiente»

«Los órganos de gobierno del poder judicial deben contar con recursos para funcionar de una forma efectiva y poder cumplir sus mandatos y deben poder manejar y distribuir sus presupuestos de una forma independiente», señala el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho cuyas conclusiones sobre España fueron detalladas ayer.

El minucioso análisis que la Comisión Europea hace de la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea muestra un escenario relativamente estable, aunque con tareas muy importantes por delante. En el informe, Bruselas exige reformas del sistema judicial y mayores esfuerzos legislativos para prevenir la corrupción. Este es el panorama que dibuja este informe en lo que al bloque comunitario se refiere.

En lo que a la independencia económica se refiere felicitan, por ejemplo, a Portugal que ha implementado una norma para dotar de autonomía financiera al órgano de gobierno de los tribunales administrativos y fiscales. Suecia o Finlandia también están avanzando en ese sentido. El informe destaca, en el lado opuesto, la situación de Eslovaquia, de Bulgaria o la de España, donde el Consejo General del Poder Judicial continúa sin renovar, cinco años después de que el mandato caducara, “afectando negativamente a todo el sistema judicial”. En este sentido la Comisión volvió a instar a España para que, de forma prioritaria, renueve el CGPJ y, posteriormente, cambie la forma de elección, adaptándola a los estándares europeos. En Polonia existen serias dudas sobre la independencia judicial.

El barómetro sobre la situación de la justicia de la UE señala que la percepción de independencia de la justicia mejoró en 12 estados miembros y empeoró en 13. Los mejores son Finlandia, Dinamarca, Austria, Alemania y Luxemburgo, con una confianza superior al 75%. En el otro extremo, Polonia y Croacia, con un índice por debajo del 20%.

Bruselas destaca medidas como las que está adoptando Finlandia, para fijar una edad máxima para la jubilación de los jueces y menciona que en Suecia ha existido una discusión importante sobre si el sistema de nominación de los jueces, propuestos por los partidos políticos, arroja dudas sobre su independencia. Malta, Grecia o Lituania no salen muy bien parados en lo que a la transparencia e independencia de su sistema judicial se refiere.

Banderas de Europa (Foto: RTVE)

También hacen hincapié en la necesidad de garantizar la independencia de los fiscales que, como es sabido, juegan un papel distinto al que tienen en España en gran parte de los países. Luxemburgo ha fortalecido su independencia con una reforma constitucional y en Holanda se está planteando la eliminación de la capacidad de dar instrucciones directas a fiscales de forma individual. Aquí vuelven a señalar a España, que “no ha tomado medidas para garantizar la independencia del fiscal general del Estado del Gobierno”. En Eslovaquia preocupa el poder del fiscal general para anular decisiones de sus subordinados.

“Los procesos disciplinarios deben ser llevados a cabo por parte de un cuerpo independiente con un procedimiento que respeto las salvaguardas contempladas en el artículo 47 y 48 de la Carta, en especial en lo que se refiere a los derechos de defensa”, apunta Bruselas. A pesar de que Eslovenia, Rumanía o Croacia han mejorado en el último año, en este sentido, en Polonia sigue habiendo jueces que son objeto de medidas disciplinarias, investigaciones y procedimientos relacionadas con sus decisiones judiciales, y traslados forzosos. En Bulgaria, el órgano encargado de auditar al su tribunal supremo tiene riesgo de contaminación política.

Álvaro García, fiscal general del Estado. (Foto: Congreso de los Diputados)

En Portugal, su órgano de gobierno de los jueces ha establecido una propuesta para regular las puertas giratorias en la justicia. “Sin embargo, el régimen de incompatibilidades continúa siendo objeto de preocupación en España”, insiste el informe.

Respecto a la eficiencia y la calidad de la justicia, la Comisión Europea recuerda que los procedimientos excesivamente largos, minan la confianza de los ciudadanos en la justicia. “Para que un sistema de justicia funcione correctamente, se requieren recursos adecuados, incluyendo la necesaria inversión en infraestructura y un personal correctamente formado”. Siguiendo las recomendaciones hechas en 2022, se están dando pasos positivos. Por ejemplo, en Irlanda se ha anunciado un significativo incremento en el número de jueces. “En España, se ha incrementado el número de jueces y se están tomando medidaspara afrontar los desafíos a los que se enfrenta el sistema en lo que a los recursos se refiere”. Estos recursos también se han incrementado en países como Francia y Finlandia. En Portugal, afirma, se detecta aún una falta de personal no judicial en los juzgados. En países como Lituania, Croacia, Bélgica o Dinamarca existen aún problemas por la escasa remuneración que reciben los fiscales y el personal de los juzgados, aunque los tres últimos países están poniendo medidas para mejorar esta situación. En Holanda y en Chequia los jueces se quejan de una sobrecarga muy importante de trabajo.

Abogados concentrados en Madrid 27 abril (E&J)

Los abogados juegan un papel esencial para asegurar la protección de los derechos fundamentales y fortalecer el imperio de la ley. En este sentido, el informe afirma que en España, “el marco de la asistencia jurídica gratuita se ha reforzado”. También en Francia se ha incrementado el presupuesto para la justicia gratuita. Finlandia y Bulgaria también están trabajando para facilitar el acceso a la justicia, según la Comisión, que destaca en su informe los altos costes que tiene la litigación en Irlanda.

La lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Se debe combatir con medidas represivas, pero también preventivas. Nueve Estados Miembros se encuentran entre los 20 países menos corruptos del mundo, según el Índice de Corrupción Percibida, aunque existen significativas diferencias entre ellos. Sin embargo, según el barómetro europeo sobre la corrupción de este año, siete de cada diez europeos consideran que la corrupción es una práctica extendida en su país y el 45% consideran que el nivel de corrupción se ha incrementado. Más de la mitad de los ciudadanos, el 60% piensa que los esfuerzos de sus Gobiernos para combatir la corrupción no han sido efectivos. La mitad de las empresas ven improbable que los corruptos sean denunciados y castigados por ello.

Desde que se realizó el ultimo informe sobre el estado de Derecho, varios Estados han emprendido reformas penales para reforzar la lucha contra este problema, como es el caso de Hungría, que ha adoptado legislación para introducir la posibilidad de que las decisiones de la fiscalía de no investigar y enjuiciar delitos de corrupción estén sujetas a revisión judicial, o en Austria, donde se presentó un proyecto de ley para ampliar los delitos de soborno a los candidatos a cargos públicos, incluyendo entre las sanciones la inhabilitación de ocupar esos cargos.

La capacidad de las autoridades fiscales y el poder judicial en general, para aplicar las disposiciones penales contra la corrupción, es esencial para combatir eficazmente este problema. No obstante, las fiscalías de muchos Estados miembros citan la limitación de recursos como un reto, a veces agravada por otras carencias, como la falta de coordinación entre las distintas entidades encargadas de hacer cumplir la ley.

(Foto: E&J)

La realidad es que las deficiencias procesales pueden obstaculizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los casos de corrupción. El informe menciona a España como uno de los países de la Unión que necesita abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos, y así aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel. Pero nuestro país no es el único; en otros Estados miembros, como Bulgaria, Malta y Hungría sigue faltando un historial sólido de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel, por lo que continúan existiendo problemas relacionados con la duración de las investigaciones de estos casos, siendo necesario adoptar nuevas medidas.

Fomentar la integridad en la vida pública

El informe establece que “un sistema político e institucional basado en la integridad, la transparencia y la responsabilidad en la vida pública es la mejor garantía contra la corrupción”. Por ello, los enfoques anticorrupción se basan a menudo en medidas para mejorar la transparencia, la ética y la integridad, así como regular áreas como los conflictos de intereses, los grupos de presión y las «puertas giratorias».

Para evitar conflictos de intereses, la mayoría de los Estados miembros han adoptado medidas que cubren una amplia normativa para los funcionarios públicos elegidos y nombrados. En los Países Bajos, Lituania, Estonia y Croacia. Sin embargo, en otros Estados, como Portugal e Italia, donde no existe control ni normas exhaustivas sobre conflictos de intereses de los altos funcionarios, sigue habiendo problemas. Y en el caso de España, las normas sobre conflictos de intereses de los altos funcionarios del ejecutivo no se aplican adecuadamente.

Para apoyar la transparencia y la rendición de cuentas del sector público, la obligación de los funcionarios de declarar sus bienes e intereses es una herramienta importante para promover la integridad y prevenir la corrupción. Sin embargo, existen grandes variaciones en cuanto al alcance, la transparencia y la accesibilidad de la información divulgada, así como en el nivel y la eficacia de las medidas de verificación y aplicación.

Varios Estados miembros previeron reformas en 2023 para abordar cuestiones contempladas en las recomendaciones de 2022. En Chequia, se revisó el sistema de declaración de bienes, ajustándolo a una sentencia del Tribunal Constitucional, y las declaraciones vuelven a ponerse a disposición del público, aunque previa solicitud. En Grecia, entró en vigor una nueva ley para reforzar el sistema y el procedimiento de verificaciones. Letonia y Rumanía siguen aplicando con éxito su sistema electrónico de declaración de bienes.

No obstante, otros Estados miembros, el ritmo de la reforma ha sido más lento y sigue habiendo problemas. Es el caso de Portugal, donde la entrada en funcionamiento de una nueva entidad que se encargará del control y la verificación de las declaraciones de bienes sigue retrasada. Lo mismo ocurre en Chipre, cuyo sistema de activos sigue incompleto, ya que la ley correspondiente aún se encuentra en el Parlamento. En esta misma línea, en Bélgica siguen existiendo deficiencias en cuanto a la verificación y la transparencia de las declaraciones patrimoniales ya que sólo se puede acceder a ellas en el marco de investigaciones penales.

Banderas europeas (AIREF)

Medidas para proteger a los denunciantes

La protección de los denunciantes desempeña un papel esencial en la detección y prevención de la corrupción. La transposición de la Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes ha dado lugar a una legislación revisada o nueva en muchos Estados miembros para reforzar la protección de los denunciantes, como es el caso de España, que aprobó recientemente la Ley Whistleblowing, la cual supone un avance en el derecho laboral al incorporar canales de denuncias tanto internos como externos para que los trabajadores informen de irregularidades.

Sin embargo, en la práctica sigue habiendo grandes obstáculos para denunciar los casos de corrupciónpara aplicar la ley de manera eficiente y animar a los denunciantes a utilizar los canales de denuncia, es necesario que las medidas legislativas se complementan con otros esfuerzos, como ha hecho Eslovaquia, donde su Oficina de Protección de los Denunciantes está invirtiendo en campañas de concienciación pública para hacer frente a los persistentes bajos niveles de denuncia. Lo mismo ocurre en Chipre, donde hasta ahora no se han recibido denuncias, por lo que se han emprendido acciones de sensibilización.

La financiación de los partidos, un área de riesgo

Ningún sector o área de actividad está a salvo de los riesgos de corrupción, pero las áreas comunes de alto riesgo merecen especial atención, normalmente las que implican la gestión de fondos públicos importantes o el acceso a permisos o a un servicio crítico, ya que son vulnerables, y las inversiones públicas deben tener en cuenta los nuevos riesgos relacionados con la corrupción.

En importante ámbito de riesgo está relacionados con la financiación de los partidos políticos y los regímenes de ciudadanía y residencia de los inversores. La financiación de los partidos políticos es un importante ámbito de riesgo de corrupción.

En Austria se ha ultimado una importante reforma del marco de financiación de los partidos políticos, que refuerza el papel del Tribunal de Cuentas. Caso distinto es el de España, donde a pesar de una petición formal de ese Tribunal, la ley que regula la financiación de los partidos políticos permanece sin cambios.

Mientras tanto, en los Países Bajos han entrado en vigor normas revisadas sobre la financiación de los partidos políticos que prohíben las donaciones extranjeras y aumentan la transparencia y las obligaciones de información. En Polonia, también han entrado en vigor nuevas medidas que aumentan la transparencia de las finanzas de los partidos políticos, aunque sigue preocupando la cuestión de las donaciones de los partidos y las campañas electorales. En Dinamarca, se aprobó una nueva ley sobre la financiación pública de los partidos políticos y se ha debatido una iniciativa legislativa sobre la financiación privada de los partidos políticos.

En otros Estados miembros sigue habiendo problemas. En Italia, la práctica de canalizar las donaciones a través de fundaciones y asociaciones políticas permanece inalterada, aunque se han iniciado los debates sobre un proyecto de ley en el Parlamento. La verificación de la financiación de los partidos en Eslovenia no es sistemática, y el Tribunal de Cuentas está reflexionando sobre cómo mejorar la eficacia de las auditorías de los partidos políticos. En Alemania, siguen pendientes varias reformas previstas en el acuerdo de coalición del Gobierno, incluida la revisión de las normas de financiación de los partidos políticos.

Tribunal de Cuentas (Foto: Google)

Los sistemas de residencia de inversores

Los regímenes de ciudadanía y residencia de inversores crean riesgos de corrupción, asimismo también plantean problemas de seguridad, blanqueo de dinero y evasión fiscal, así como el uso de estos sistemas para evitar la extradición, eludir sanciones y blanquear ingresos ilícitos. Los regímenes también pueden fomentar el soborno de funcionarios públicos e intermediarios privados. Por otra parte, la Comisión considera que la concesión de la ciudadanía de la UE a cambio de pagos o inversiones predeterminados, sin ningún vínculo genuino con el Estado miembro pertinente, socava la esencia de la ciudadanía europeae infringe la legislación de la Unión, por lo que se ha tomado medidas para garantizar la abolición de todos los regímenes de ciudadanía de los inversores en la UE.

Por lo que los sistemas de residencia de inversores siguen siendo muy susceptibles a los riesgos relacionados con la corrupción y siguen requiriendo una cuidadosa selección de riesgos. El informe de la Comisión de 2019 sobre los regímenes de ciudadanía y residencia de los inversores identificó a 19 Estados miembros con un régimen de residencia de los inversores. Recientemente, algunos Estados miembros han puesto fin a sus regímenes o están en proceso de hacerlo, y en otros Estados miembros se está trabajando para evaluar riesgos específicos y/o adoptar medidas de mitigación.

En el caso de Bulgaria, este país ha iniciado un proceso de revocación de la ciudadanía búlgara concedida anteriormente en virtud de su régimen de ciudadanía del inversor (ahora abolido) debido al incumplimiento del marco jurídico nacional por parte de los inversores. Por su parte, Chipre ha dejado de aplicar en la práctica su régimen de ciudadanía del inversor, aunque su marco jurídico sigue vigente. Mientras que Malta sigue aplicando su régimen, aunque ha dejado de naturalizar a los inversores rusos y bielorrusos. Tanto Chipre como Malta han retirado también la nacionalidad a los inversores previamente naturalizados en virtud de sus regímenes de residencia para inversores, aplicando así la Recomendación de la Comisión sobre los regímenes para inversores.

El informe destaca que, en muchos Estados miembros, la contratación pública y el sector sanitario siguen siendo los principales ámbitos con alto riesgo de corrupción. Otros ámbitos destacados por su riesgo de corrupción son la protección del medio ambiente, la protección del patrimonio cultural y el sector energético. Por lo que es necesario seguir trabajando para cartografiar los ámbitos comunes de alto riesgo, ya que las actividades de corrupción se desarrollan constantemente y se adaptan a las nuevas oportunidades.

Según el informe, en España está en proceso o en marcha, un proceso de reestructuración mediática para garantizar la transparencia e independencia de los medios de comunicación. Un proceso similar también se está llevando a cabo en Estonia y Suecia. En este contexto, Bruselas también señala que el Gobierno español está trabajando en un borrador para establecer los criterios de acceso a la información clasificada.

La Comisión Europea afirma que con la agresión de Rusia, la Unión Europea necesita mostrar un papel proactivo en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Este informe muestra que se están haciendo esfuerzos importantes en los Estados Miembros para seguir las recomendaciones que permitan afrontar los desafíos identificados. Dos tercios de esas recomendaciones tienen que ver con la necesidad de acometer importantes reformas en los sistemas de justicia y en la lucha contra la corrupción.