Camino al juicio oral una estafa de 24 millones de euros en la que se manipuló el mercado de valores

Tras más de 10 años de instrucción, el titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, acaba de dictar auto de paso a procedimiento abreviado en una causa relativa a una estafa perpetrada por una organización criminal que engañó a decenas de inversores españoles y que se habría embolsado 24 millones de euros.

La organización, con sede principal en Alemania, tenía una filial en España, que se organizaba desde varios lugares en Cataluña y que mediante el método de “llamada en caliente”, haciéndose pasar por empleados de brókeres internacionales radicados en Alemania o Reino Unido, conseguían atraer capital de inversores y colocarles acciones que cotizaban en mercados secundarios extranjeros, como Euronext Paris.  Una vez se habían ganado la confianza de los inversores, las cotizaciones desaparecían. La organización hacía suyas las cantidades objeto de inversión a través de acuerdos privados que firmaban con las entidades cuyas acciones recomendaban comprar.

El mecanismo era complejo y la manipulación de los valores es tan complicada de probar que las acusaciones han renunciado a este ilícito concreto. Mediante una maquinación capaz de alterar la información de los valores recomendados, los estafadores recomendaban que se invirtiese en acciones cotizadas en mercados de Alemania, Austria o Francia cuyas cotizaciones claramente habían sido manipuladas. Conseguían el posicionamiento de los ahorros de los estafados en acciones que, a priori, ostentaban un valor ficticio que las hacía atractivas para la inversión y que posteriormente se desplomaban y desaparecían de los propios mercados en los que cotizaban por ser suspendidas de cotización, haciendo la organización suyos los ahorros estafados a los Inversores a través de empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales.

Audiencia Nacional. (Imagen: E&J)

Con el fin de mostrar credibilidad en el inversor, se hacían pasar por reconocidas entidades en el sector de la intermediación financiera con sede en Alemania, u otros países. La instrucción ha puesto de manifiesto cómo la organización llevaba a cabo sus acciones dirigidas a obtener fondos de ahorradores españoles sin alta cultura financiera (pequeños empresarios o profesionales liberales que pudieran tener fondos disponibles para ofrecerles invertir en acciones de empresas cotizadas en mercados bursátiles secundarios con grandes expectativas de rentabilidad) mediante llamadas en frío utilizando tácticas comerciales agresivas e incluso coactivas mediante marketing telefónico haciendo pensar a los receptores de las llamadas que contactaban con ellos para ofrecerles asesoramiento gratuito y grandes oportunidades de inversión.

Lo hacían como si llamasen desde Alemania, Paises Bajos o Reino Unido mediante el desvío de los teléfonos y las IP de origen que permitía transformar el número de la llamada entrante por números radicados en el Extranjero con el fin de hacer ver al receptor de las llamadas que les contactaban desde el Extranjero cuando realmente toda la organización en su núcleo español se encontraba radicada en Cataluña, concretamente en Barcelona y alrededores.

Según explica el letrado Álvaro García- Graells, la primera puesta en contacto se realizaba a través de teleoperadoras que tenían a su alcance un argumentario “oficial” de la organización elaborado por el nivel superior a fin de que siempre iniciasen la presentación de las inversiones y de las empresas actuantes de la misma forma, repartiéndose la clientela por áreas geográficas y dejando registro de las llamadas realizadas para no repetir esas llamadas iniciales cuando ya se hubieren realizado las primeras tomas de contacto.

Álvaro García Graells (Foto: Economist & Jurist)

En esas primeras tomas de contacto se contaba a qué se dedicaba la entidad a través de la que operaban como comerciales en cada momento, para posteriormente ofrecer acciones de otras entidades con apariencia de ser solventes y cotizar en mercados organizados  y regulados. Una vez se hacía la primera toma de contacto con los teleoperadores entraba en acción uno de los acusados, que se describía como asesor financiero. Este, desarrollando tácticas descritas por algunas víctimas como de “acoso telefónico” conseguía el propósito de que los estafados acudiera a sus respectivas entidades financieras a realizar operaciones de compra de los valores que se recomendaban, los cuales, posteriormente se describirán. Para que los afectados se convencieran se les ofrecía asesoramiento financiero gratuíto durante el primer año, que posteriormente sería del 5% sobre las rentabilidades que obtuvieran con sus inversiones.

La organización les ofrecía una serie de instrucciones a la hora de comprar estos títulos: debían adquirirlos a través de la cuenta de valores del propio inversor en su entidad bancaria, y para estar informados y dar fiabilidad sobre el desarrollo de la inversión, les informaban que podrían seguir su cotización en la página web oficial de las bolsas de Frankfurt, Viena o Paris donde cotizaban los valores manipulados. Incluso los propios Investigados a través de herramientas informáticas remitían correos con gráficas con las características de información bursátil veraz y con previsiones futuras que elaboraban de forma artificial según consta en las actuaciones para dar imagen de ser verdaderos operadores de los Mercados.

Varios de los miembros de la organización criminal habían trabajado anteriormente de manera legal en una entidad de inversión, Investment Synergy Group, en la que pusieron en práctica, de forma legal y regulada, determinadas tácticas de inversión que posteriormente llevaron a cabo en España pero fuera de la Ley, sin ostentar autorización de la Comisión del Mercado de Valores CNMV. La parte de la organización radicada en Alemania está siendo investigada en varios  procedimientos.

Desde el despacho García- Graells Abogados dirigen una de las acusaciones particulares, en un caso en el que hay más de 30 afectados. Este despacho asegura que la investigación ha resultado extremadamente compleja por tratarse de un proceso en el que ha sido necesaria la colaboración de otras Policías de diversos Países, así como la práctica de pruebas periciales de entidades especializadas en mercados de valores y análisis financiero. Las condenas que se solicitan superan los 15 años de prisión. Es previsible que el juicio se señale para el primer semestre de 2024.