Cartas envenenadas y cartas bomba: 22 años de prisión por enviar ricino a Donald Trump

Una mujer canadiense ha sido condenada a casi 22 años de cárcel por enviar cartas envenenadas con ricino que tuvieron entre sus destinatarios al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El de esta mujer, Pascale Ferrier, se suma a una lista de nombres que hicieron llegar, o trataron de hacerlo, cartas con veneno o artefactos explosivos a líderes políticos o empresarios. La mayor parte de los que se han conocido, en Estados Unidos, pero no solo.

El envío fue interceptado en septiembre de 2020 antes de que llegase a la Casa Blanca. La mujer, de 56 años se conformó con la sentencia después de haber admitido la fabricación del veneno y se declaró culpable de los cargos relativos a la tenencia de armas biológicas.

La ahora condenada ya tenía antecedentes: había mandado hasta en seis ocasiones cartas envenenadas a ocho policías del estado de Texas, según ha informado el departamento de Justicia del país. Además, estuvo arrestada en marzo de 2019 por posesión ilegal de armas. Según recoge la BBC, solo se arrepiente de que su plan fracasase y de que “no haya podido parar a Trump”. En su intervención, durante el juicio, aseguró que no se veía como una terrorista sino como una activista. El juez, que señaló a la entonces acusada que sus acciones podían ser potencialmente mortales y podían haber causado víctimas,  más allá de los destinatarios, contempla que la mujer será deportada una vez que cumpla la pena

Carta (Foto: Archivo)

Obama también fue víctima de cartas envenenadas

Algo parecido sucedió en 2013 durante el mandato del expresidente demócrata Barack Obama. Una actriz de papeles menores en series de gran éxito internacional como The Walking Dead  o Crónicas Vampíricas envío tres cartas con la misma sustancia a Obama y al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Además, la mujer incluyó un texto en el que manifestaba que el ricino no era nada comparado con lo que ella tenía preparado para él.

Ese mismo año, el FBI detenía a otro hombre acusado de enviar tres cartas con esa misma sustancia tóxica a Barack Obama, al senador republicano Richard Wicker y a un juez de Misisipi. Se trataba de un hombre de 45 años, Paul Kevin Curtis, que finalmente fue puesto en libertad al no encontrar evidencias de que fuese él el autor. En realidad, según sostuvieron después los fiscales, el fue una de las víctimas del verdadero autor, que pretendió incriminarlo. Se trataba de James Everett, un hombre de 42 años, antiguo instructor de artes marciales, residente en el mismo lugar que fue condenado a 25 años de cárcel por enviar las cartas envenenadas con ricino. Aunque inicialmente llegó a un acuerdo con la fiscalía, lo rompió para acusar a Curtis y volvió después a acogerse al acuerdo.

Hace solo dos meses hallaron muerto en su celda, con 81 años, al terrorista que inspiró la película Unabomber, Ted Kaczynski. Durante dos décadas, este científico envió hasta 16 cartas bomba a empresarios, informáticos, periodistas… llegando a causar tres muertos y más de 20 heridos. Su motivación era castigar a los principales impulsores de un sistema que consideraba depredador y que está destrozando el medio natural. El hombre vivía aislado en una cabaña sin agua corriente ni electricidad.

También en España

En enero de este año ingresó en prisión el presunto responsable del envío de seis cartas bomba al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania, al centro de satélites de la UE en Torrejón de Ardoz y a una empresa de armamento en Zaragoza. En el domicilio del detenido, un hombre de 74 años residente en Miranda de Ebro, se localizó un taller con herramientas, soldaduras y otros elementos que permitían la confección de las cartas bomba enviadas. El hombre fue acusado de un delito de terrorismo.

La Policía Nacional detiene al presunto autor de las cartas bomba. (Foto: Policía Nacional)

Por tanto, según el artículo 574.1 del Código Penal, el procesado podría enfrentarse a una pena de 8 a 15 años de prisión. El precepto contempla que “El depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de ocho a quince años cuando los hechos se cometan con cualquiera de las finalidades expresadas en el apartado 1 del artículo 573”.

También se abrió una investigación por las cartas con balas que recibieron el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que fue finalmente archivada por falta de datos que permitiesen identificar al autor. La directora de la Guardia Civil también fue la destinataria de otra carta y fue detenido un hombre con una enfermedad mental por el envío de otra carta con una navaja a la exministra Reyes Maroto.

Los frentes judiciales abiertos de Trump

Donald Trump. (Foto: RTVE)

Donald Trump, al quien iba dirigida una de las cartas se enfrenta en este momento hasta a cuatro imputaciones diferentes; la última de este mes de agosto en Georgia por tratar de revertir los resultados electorales. Es el expresidente de la primera potencia mundial más polémico de la historia. Cabe destacar que es el primer exmandatario que la justicia declara como culpable de una agresión sexual; en este caso contra la escritora E. Jean Carroll.

El Gobierno estadounidense inició en noviembre de 2022 dos pesquisas para demostrar la implicación de Trump en el asalto al Capitolio y por haber encontrado documentos clasificados en su residencia de Florida. Además, es el primero en su categoría de ser acusado por un delito federal por la retención de información comprometida para la defensa de la nación.

En agosto de 2023 también fue imputado por intentar manipular los resultados de las elecciones que dieron la victoria a Joe Biden. La magistrada encargada del proceso es Tanya S. Chutkan, una jurista especializada en los casos de intentos de asalto al Capitolio. El sistema jurídico del país también tiene dudas sobre la veracidad del poder monetario de la familia Trump ya que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, le ha acusado de revertir el valor de los activos de su empresa. El resultado que exigen es el pago de 250 millones de dólares y que la familia no pueda hacer negocios en el estado de Nueva York.