Casi un cuarto de siglo para dictar una condena de 15 años de prisión por la que nadie entrará en la cárcel

La Audiencia Nacional ha condenado a 15 años y seis meses de prisión al líder de un grupo criminal que se dedicaba comercializar grandes cantidades de droga procedente de Turquía y a canalizar las ganancias procedentes de la venta de estas sustancias, transportándolas físicamente hasta Turquía y Marruecos por medio de correos de nacionalidad española. Los hechos se desarrollaron entre los años 1999 y 2000. La sentencia se ha dictado 23 años después.

Para la distribución de la droga, la organización contaba con miembros en Madrid, Barcelona y Sevilla. La persona ahora condenada contaba con dos colaboradores que también llevaban a cabo los contactos con los diferentes distribuidores. Las ganancias obtenidas del narcotráfico se convertían a otras divisas (marcos alemanes, dólares estadounidenses o libras esterlinas) y se enviaban por medio de los correos españoles hasta Turquía.

La sentencia 7/2023, de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la AN, detalla los desplazamientos que distintos miembros del grupo llevaban a cabo por el territorio nacional para realizar los contactos necesarios para el comercio de la droga. Las cantidades de heroína y cocaína que se incautaron llegaron, en algún caso a representar un valor de 1.878.423 euros, por cantidades que rondaban los 40 kilogramos. En otros operativos policiales, en los que fueron detenidos varios miembros del grupo, los agentes intervinieron cantidades que habrían proporcionado beneficios de hasta 359.000 y 583.387 euros.

El Ministerio Fiscal había solicitado penas que sumaban hasta 35 años de prisión

También se expone como se llevaban a cabo los cambios de divisas y el traslado de las ganancias a Marruecos o a Turquía con beneficios de unas 200.000 pesetas por viaje para cada uno de los correos españoles. Se llegaron a transportar cantidades superiores a los dos millones de pesetas. En la resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Ángela Murillo, se detallan algunos hechos ocurridos en 2001, aunque el grueso de los eventos juzgados tiene lugar previamente.

Por su papel directivo en la trama, al ahora condenado que admitió su culpabilidad durante el juicio oral, le correspondería cumplir la pena de once años y seis meses de prisión y multa de cinco millones de euros por un delito contra la salud pública; tres años y seis meses de prisión y una multa por valor de cuatro millones de euros por un delito de blanqueo de capitales; seis meses de prisión y seis meses de multa a dos euros diarios, por blanqueo de capitales. Y seis meses de prisión por un delito de coacciones. El Ministerio Fiscal había solicitado penas que sumaban hasta 35 años de prisión.

La sentencia no especifica ningún tipo de atenuantes por dilaciones. No obstante, señala la sentencia que procede la suspensión de la misma al concurrir el presupuesto del 80.4 CP; el condenado se encuentra aquejado de una enfermedad grave e incurable que ya requiere tratamiento paliativo.