Caso Daniel Sancho: la mayoría de las condenas a muerte en Tailandia se conmutan por cadena perpetua

La policía tailandesa tiene claro que Daniel Sancho cometió el asesinato de Edwin Arrieta y, en una rueda de prensa dirigida esencialmente a los medios de comunicación españoles, dejó claro que abogarían porque fuese castigado con la más severa de las penas, que se le condenase a muerte. No son pocos los titulares que especulan ya sobre cómo se ejecutaría dicha sentencia, cuando el juicio aún no ha comenzado, pero lo cierto es que gran parte de las condenas a muerte se acaban conmutando por cadena perpetua.

Tailandia es uno de los más de 50 países que mantiene la pena de muerte para determinados delitos; entre ellos, según se establece en los artículos 288 y 289 del Código Penal de ese país, el de asesinato con agravantes en el que, si las hipótesis de la policía se acaban confirmando judicialmente y según su propia confesión, habría incurrido Daniel Sancho.

Según los datos que el Ministerio de Justicia de Tailandia ofreció a Amnistía Internacional, en 2018 había 510 personas condenadas a muerte, más de la mitad por delitos relacionados con las drogas. En 2021, 35 personas fueron condenadas a muerte. Sin embargo, desde que constan registros en virtud de sentencia judicial, han sido ejecutadas 326 personas, la última precisamente en 2018, después de nueve años sin que fuese aplicada ninguna.

Daniel Sancho, una vez recaiga sobre él una condena, puede recurrir ante dos tribunales más antes de solicitar el perdón al rey de Tailandia. Se prevé, por tanto, un proceso largo y complejo y bastantes posibilidades de que, como ocurrió en 2020 con el español Artur Segarra, también condenado por asesinato, la pena sea conmutada por cadena perpetua. Segarra asesinó y descuartizó a su víctima, el empresario David Bernat, al que robó y tuvo secuestrado. Él fue uno de los reos “perdonados” por el rey con motivo de su 68 cumpleaños.

Si fuese condenado a muerte y posteriormente la pena fuese conmutada, se allanaría el camino para que, cumplida una parte de la pena en aquel país, Sancho pudiese ser trasladado a una prisión española para la ejecución del resto de la pena, con los máximos de cumplimiento establecidos en España, 20 años, con determinadas excepciones- que llegan a los 40 pasando por los 25 y los 30; o incluso la prisión permanente revisable- que no concurren en este caso. Si Daniel Sáncho hubiese cometido en España los hechos por los que va a ser juzgado en España hubiese sido acusado de homicidio u asesinato, si se consiguiera demostrar la alevosía o el ensañamiento. Descuartizar y hacer desaparecer el cadáver, como presuntamente hizo, hubiesen operado como circunstancias agravantes y la confesión, probablemente, hubiese contribuido a suavizar el rigor de la pena.

Rueda de prensa policía tailandesa. (Foto: RTVE)

El traslado sería posible gracias al acuerdo de colaboración sobre cooperación en Materia de Ejecución de Sentencias Penales suscrito entre España y Tailandia en 1983, que entró en vigor en diciembre de 1987. Este acuerdo permite a los condenados cumplir las penas privativas de libertad en el país del que son ciudadanos. Según el artículo 2 de ese documento, el traslado de presos a sus países de origen está sometida a una serie de condiciones. Entre ellas, que la infracción penal por la cual el delincuente haya sido declarado culpable y condenado constituya un delito que sería considerado igualmente como tal en el Estado receptor, si hubiera sido cometido en dicho Estado.

Los datos más actualizados del Banco Mundial sobre homicidios intencionados en Tailandia es de 2011 y la cifra no es alta: si sitúa en 5 por cada 100.000 habitantes. Las cifras, mucho más actualizadas de un de la ONU en 2019, coinciden en que, en 2016, esas cifras se mantenían inalteradas.

Según la información del Ministerio de Exteriores español, en términos generales, Tailandia es un país seguro. Los índices de delincuencia común son bajos. No obstante, durante los últimos años han aumentado los hurtos y los timos en Bangkok y en las principales zonas turísticas. Así, se ha extendido el robo de bolsos por el método del «tirón» desde motos. La única zona del país que debe evitarse es el sur de Tailandia, frontera con Malasia, (provincias de Yala, Pattani y Narathiwat) donde un movimiento insurgente comete atentados con frecuencia. Además, hay que aumentar la precaución en el llamado “triangulo de oro” (frontera entre Tailandia, Birmania y Laos) donde operan redes de tráfico de drogas y de personas, y la frontera entre Tailandia y Camboya donde se mantiene disputas territoriales.

En el año 2022 fueron ejecutadas en todo el mundo al menos 883 personas, lo que supone un aumento exponencial respecto al año anterior en el que se registraron 579: un aumento del 53%. Son datos de la ONG Amnistía Internacional, que cifra en 2016 las condenas a muerte que se produjeron el año pasado en 52 paises. Según las estadísticas que actualiza esta organización, en 2022, la mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto, por ese orden. “China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado; la cifra oficial de al menos 883 ejecuciones no incluye las miles de ejecuciones que se cree que tuvieron lugar en China”. La pena de muerte está proscrita por el Derecho Internacional; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohiben esta pena.