Caso Errejón (II): frente a las denuncias anónimas, jueces y fiscales piden a las víctimas que denuncien en comisaria o juzgados

Las redes sociales se han convertido en un hervidero sobre el asunto Iñigo Errejón y sus presuntas conductas sexuales humillantes a terceros. Mientras que se conocen testimonios de posible víctimas en redes sociales, jueces, fiscales y otros operadores jurídicos reclaman que denuncien en los juzgados y comisarías, que son sitios seguros.

La falta de confianza en la administración policial y de justicia hace que muchas mujeres prefieran contar su situación en redes sociales. Una cuestión que a afectos prácticos del Código Penal no vale para mucho.

La lista no para de crecer. Se trata de denuncias anónimas, realizadas a través de las redes sociales y a través de la periodista Cristina Fallarás. De momento sólo una víctima, la actriz Elisa Mouliaá, ha presentado denuncia policial con presuntos delitos del político de Sumar y Más Madrid.

Los nuevos testimonios anónimos hablan de un Iñigo Errejón que ejerce una relación de poder sin importarle la dignidad de su compañera sexual, que no acepta un no y que impone prácticas de riesgo y humillantes. Sin embargo no tienen validez jurídica. En los delitos sexuales debe ser la afectada la que denuncie de oficio.

A final de la noche de este lunes, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, señalaba como comentario: “Pido a las mujeres afectadas que denuncien”.

Juzgados y comisarias son espacios seguros

Desde Melilla, Fernando Portillo, magistrado juez decano de Melilla, cree que las denuncias anónimas son de tiempos pretéritos donde se fomentaba la relación anónima porque había una moral que cuidar y era más importante señalar a otros. “Al final ese tipo de denuncias anónimas generaba muchas injusticias llevándose por delante a mucha gente. Por eso, en Derecho no caben las denuncias anónimas, el denunciante debe identificarse, esta es una de las garantías del Estado de Derecho”.

Desde su punto de vista “pretender trasladar fuera de los juzgados y tribunales la administración de una justicia social es un error de volver al pasado, a tiempo de arbitrariedad, de bullying, matones, de abuso de poder. No es el camino que debemos seguir en casos como éste de Iñigo Errejón. El daño que se genera a estas víctimas es tremendo, al final quien defiende este tipo de denuncias parece que les importa muy poco la situación de las víctimas”.

A su juicio, “más preocupado por las denuncias anónimas que desde el punto de vista jurídico no tiene utilidad, y no van a ningún sitio, lo que me preocupa es que en estos escenarios públicos nadie define como espacios seguros la administración policía y de justicia. Algunos representantes políticos animan a la gente a que cuenten sus problemas sociales, o a algún periodista lo que pueden ser hecho delictivos, cuando hay que contarlos donde hay que hacerlo”.

Al mismo tiempo este magistrado señala que “se está lanzando un mensaje equivocado de desconfianza en las instituciones. Ahora está realmente muy sensibilizada la policía ante este tipo de asuntos y no tiene nada que ver con la de hace 30 años. Igual pasa con los médicos, jueces o forenses que están mentalizados con la lucha contra la violencia de género y la violencia sexual. Los policías están formados y a nadie se le dé de lado porque haga su denuncia”.

Para Portillo “transmitir ese mensaje de desconfianza ante nuestra Administración de Justicia y policial es un error, y destructivo para las propias víctimas. Una denuncia en redes sociales no genera ningún efecto en relación con que ese posible agresor se ponga delante de la Justicia. En algunos casos se consigue la muerte civil de alguien, pero ella misma se somete a las críticas y comentarios de terceros. En ese juicio público todo el mundo opina sobre lo que está pasando, lo que genera más desprotección en la víctima”.

El magistrado confiesa que “es cierto que estos procesos penales son largos; es doloroso porque hay que revivir ciertos episodios en ocasiones y al final el resultado puede ser una condena, todo depende de la prueba y testimonios que las partes aporten, no siempre el testimonio es suficiente para lograr una compensación o una condena”.

En su opinión “ese tipo de mensajes que lanzan nuestros responsables políticos de que no son juzgados y comisarias, son a la vez poco respetuoso con otras mujeres, con problemas de este tipo y que sí están utilizando estas vías. Encuentran a profesionales que les escuchan y las atienden porque pasan por el proceso penal correspondiente donde la presunción de inocencia es fundamental respaldarla”.

Fernando Portillo pide que no se vuelva a las denuncias anónimas: «Hay que confiar en el sistema judicial y policial». (Imagen: Luisja Sánchez/ E&J)

Fiscales, a la expectativa

En Valencia, la fiscal delegada de la Sección de delitos de odio y contra la discriminación de esta Comunidad Autónoma, Susana Gisbert, sigue con cierta preocupación los comentarios que se están vertiendo en redes sociales sobre Iñigo Errejón. Comentarios anónimos escritos de forma desgarrada pero que salvo el desahogo de quien los escribe no tienen ninguna utilidad jurídica.

“Sobre las denuncias anónimas hay que decir que se anima a la gente a utilizar el llamado ‘canal seguro’. Será seguro para que no se enteren de nada, pero realmente no tiene ninguna utilidad, salvo el desahogo personal y contar al mundo una situación. Por otro lado, me preocupa que estas personas están al margen de todos los recursos que hay para proteger a las víctimas. Es mejor que te atienda gente profesional como la que hay en los juzgado y comisarias. Si no se lleva a los tribunales las víctimas, no pueden utilizar los recursos de la administración, a nivel jurídico o de servicios sociales”.

Gisbert recuerda que “en el derecho español los delitos sexuales son perseguibles solo con la denuncia de la persona. Ni siquiera aunque el Ministerio Fiscal quisiera actuar de oficio, salvo excepciones muy contadas, de oficio no se puede proceder. La regla general es la denuncia de la víctima, con lo cual mucha gente se está llevando a engaño que este movimiento en redes puede tener una efectividad y dar lugar a un procedimiento de oficio que no existe”.

Al mismo tiempo la fiscal aclara que “hay que contar con la presunción de inocencia en estos asuntos. Toda persona que es acusada de algo tiene derecho a defenderse, si sacamos este asunto de los tribunales, que es donde se ejercita la legítima defensa, podrían verterse acusaciones contra cualquiera, sin poder contestar por no tener esos medios legales. Al final esto es un juego peligroso que no conduce a nada bueno”.

En este juicio paralelo a Errejón, en redes sociales se está descubriendo mucha información que es personal. “En el caso que se demostrase que no tiene culpa de nada, es posible que vaya contra todos aquellos que vertieron ese tipo de comentarios por posibles injurias y calumnias. Estamos pisando un terreno irregular si sustraemos estas cosas que deben ir a los tribunales y son delictivas a un ámbito diferente. Esta desconfianza sobre las instituciones no es nada buena para el Estado de Derecho”.

Al final de lo que se trata es “que se denuncie ante nuestra Administración de Justicia o policial para que sea efectiva esa acción. Se puede seguir el ejemplo de la actriz que lo contó en redes y también denunció. Puede ser un buen ejemplo a seguir. Podría plantearse organizar una campaña en redes sociales de nuestras instituciones animando a denunciar a las posibles víctimas de este tipo de asuntos. Estamos en este caso ante un problema porque quien presuntamente ha cometido esos hechos forma parte de la coalición del Gobierno”.

Susana Gisbert cree que “estamos pisando un terreno irregular si sustraemos estas cosas que deben ir a los tribunales y son delictivas a un ámbito diferente». (Imagen: Luisja Sánchez/ E&J)

Denuncias anónimas no sirven

Para Joaquim Bosch, juez de instrucción y de primera instancia en Moncada (Valencia), “lo del canal de denuncias sigue la estela de lo que hicieron algunos medios en EE. UU., con el movimiento ‘Me Too’. Las mujeres afectadas no fueron al juzgado a pedir una condena penal porque no buscaban eso, sino que buscaban que se conociera su verdad, en cuanto a que habían sufrido una serie de abusos”.

“En este tipo de supuestos, la libertad de información prevalece siempre y cuando los hecho afecten a personas de relevancia pública sobre hecho de interés general y, sobre todo, que los hecho sean veraces. Se trata de difundir hechos que sean veraces a través de denuncias anónima. En el caso que no lo sean y que sean una invención el perjudicado vería lesionado su honor y podrá ejercer acciones penales por calumnias e injurias, o civiles de reparación al honor. En este escenario estamos”.

En opinión de este jurista “siempre he aconsejado como juez que soy a la persona afectadas que judicialicen los hechos. Que busquen protección judicial y que se abra un proceso. Es lo más lógico. En España los informes dicen que el 90% de las acciones contra la mujer, en cuanto a la libertad sexual, no llegan al juzgado. Hay cierta desconfianza frente al sistema judicial y eso no me parece bien. Los órganos judiciales van a dar esa protección para esas posibles víctimas. Se les tratará con la atención que merecen”.

El problema que hay según Bosch “es que hay muchas personas que no quieren pasar por el juzgado ante este tipo de situaciones. No se les puede obligar. En el Código Penal se indica que en el caso de que sean personas adultas se requiere su denuncia para que se abra su proceso penal. No se puede actuar de oficio. La denuncia anónima no es suficiente se requiere la persona identificada con nombre y apellidos que relate los hechos, como ha hecho la actriz que ha denunciado y ha abierto diligencias en Plaza Castilla”.

Desde su punto de vista “es lógico que el juez Carretero haya preguntado al Congreso de los Diputados la situación de Iñigo Errejón sobre si sigue siendo diputado o no. Parece que ha dimitido, por lo que sabemos, con lo cual la propia Cámara Baja contestara cuál es su situación a nivel político. En este caso el Juzgado de Instrucción de Madrid si sería competente para llevar esta causa. Es previsible que salgan más denuncias, pero lo más lógico es que denuncian en los tribunales para que el Estado de Derecho funcione”.

Joaquim Bosch señala que más del 80% de mujeres víctimas de delitos sexuales no denuncian en los tribunales esos hechos. (Imagen: Universidad de Córdoba)