El caso Grifols pone a prueba la gobernanza de las empresas y la capacidad técnica de la CNMV como supervisor

El desplome bursátil de Grifols continúa, más de una semana después de que el fondo bajista Gotham publicase un informe en el que le acusaba de manipular su contabilidad para simular menos deuda y mayor resultado operativo.

La farmacéutica catalana desmintió las afirmaciones del texto y aseguró que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le había hecho un requerimiento de información respecto a las relaciones cruzadas con el vehículo inversor Scranton Enterprises, donde hay miembros de la familia fundadora y controla el 8,4% del capital, como segundo mayor accionista de la empresa.

El plazo del supervisor era de diez días y concluye el próximo miércoles 24 de enero. Mientras tanto, el precio de la acción y la cotización de la empresa sigue sufriendo y el valor ha perdido ya casi un 42% en bolsa desde que estalló el caso.

En total, casi 3.600 millones de desplome de uno de los componentes del Ibex 35. Ante este escenario, los despachos trabajan ya en una eventual demanda para exigir responsabilidades a los gestores de la empresa por prácticas que aún están por aclarar al organismo que preside Rodrigo Buenaventura para defender los intereses de inversores institucionales y minoristas.

Hay que aclarar la realidad existente

Miguel Crespo, abogado del Estado en excedencia y exsecretario general del Consejo de Bankia, especializado en derecho público, administrativo y regulatorio, se ha unido recientemente al despacho Monedero Gil & Crespo como nuevo socio del área de Gobernanza, Cumplimiento, Regulación Societaria y Económico-Financiera. Este experto, según ha informado a Economist & Jurist, considera crucial esclarecer la situación actual con prontitud debido al impacto que está teniendo en el mercado y en la propia compañía afectada.

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, se enfrenta ante uno de los asuntos más espinosos de su mandato. (Imagen: CNMV)

A su juicio, tratándose de una sociedad presente en varios mercados y con un relevante número de empleados, máxime cuando se trata de una sociedad cotizada, debe actuarse con prudencia y, en consecuencia, esperarse al pronunciamiento de las autoridades supervisoras, que en nuestro país tienen una alta capacidad técnica y experiencia probada.

En todo caso, parece claro que «si hay responsabilidad hay que exigirla ya que habrá inversores y accionistas perjudicados, pero si no la hay, ni se puede ni se debe actuar de modo que se perjudique la viabilidad de la empresa, de sus accionistas, de los inversores en general y de otros interesados. Por ello, tiene todo el sentido esperar a que actúen las autoridades supervisoras».

También señala que «es posible entender que desde el mercado se han expresado críticas significativas sobre la transparencia del grupo y sus operaciones vinculadas. Se podría considerar que hay una información asimétrica en comparación con la disponible en la sociedad, ya que parece que el mercado no comprende completamente la estructura del negocio y algunas operaciones relevantes. En este sentido, esto sirve como prueba del funcionamiento y la consistencia no solo del gobierno corporativo, sino también de la gobernanza interna».

Crespo aborda el tema de la gobernanza interna, que engloba «desde la dirección financiera, que tiene la obligación de diligencia en el desarrollo de sus funciones, en segundo lugar la comisión de auditoría, también el Consejo de Administración, los dos últimos son órganos de gobierno en los que recaen las funciones de supervisión y control. Y, por supuesto, de sus auditores externos. Parece evidente que la sociedad debería ofrecer una respuesta clara sobre lo que está sucediendo».

Miguel Crespo, abogado del Estado en excedencia, cree clave el papel del regulador para aclarar el caso Grifols. (Imagen: Cesión propia)

En este contexto, ve lógica la entrada de los supervisores como la propia CNMV y, en su caso, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en tanto, por seguridad del mercado y de los inversores, «hay que aclarar la situación existente. Ahora lo que se conoce es por los medios de comunicación, pero falta información para valorar lo que está pasando. Ya tuvimos el precedente de Gowex con la misma empresa Gotham que generó en su día pérdidas importantes a los accionistas y problemas legales a su administrador. En todo caso, debe quedar claro que no siempre que se suscite algún caso controvertido el final es negativo. Por eso, como he dicho, debe dejarse actuar a las autoridades supervisoras», explica.

En este caso, se recuerda que se ha hecho referencia a la existencia de vinculaciones. Al respecto, se señala que «si hay un entramado de vinculaciones entre las empresas, las mismas deben ser transparentes en cuanto a las relaciones existentes entre las partes, así como a las condiciones de las mismas y su comparabilidad con el mercado; lo exige así la legislación societaria. Y hasta donde conozco, se trata de una cuestión sobre la que no se han dado muchas explicaciones, cuando lo cierto es que debiera estar documentada».

En este contexto, «puede entenderse que muchos inversores estén analizando la situación y valorando la posibilidad de demandar a la empresa, si bien, me reitero, que no considero conveniente precipitarse. Debe dejarse actuar a los supervisores. Será relevante la posición que fije la CNMV, una vez recibida y analizada la información, tras su requerimiento a Grifols».

Los resultados de ese requerimiento informativo de la CNMV van a ser clave en este asunto. «En función de lo que resuelvan, el caso pudiera entrar en vías de solución o dar lugar a la apertura de algún procedimiento nuevo, según los ajustes que, en su caso, se les pidan y lo que impliquen realmente. Es un procedimiento que puede durar algunas semanas más y, en el que presumo que ninguna autoridad con responsabilidad se va a precipitar».

Desde su punto de vista, no debe perderse la perspectiva de que estamos ante una empresa en funcionamiento y, por ello, «deben diferenciarse dos niveles: el del desarrollo del negocio, que parece que sigue funcionando; y el referente a la cotización, que afecta a los accionistas y condiciona la viabilidad de la empresa, y que se ve totalmente impactado por la controversia existente, condicionando el valor de la acción. Lo que no parece admisible, ni puede ser gratuito, es tumbar una empresa que sea viable y sostenible. Por ello, es relevante esperar a que fije su criterio unas autoridades supervisoras, con una independencia y capacidad técnica acreditada».

¿Quién tiene razón?

Por su parte, el especialista en derecho financiero, Fernando Zunzunegui, destaca que esta situación presenta dos vertientes: «podríamos encontrarnos ante una manipulación del mercado por parte de Gotham Research, lo cual ha causado daño a Grifols y, en este caso, se podría contratar al despacho Proskauer para demandar a esta entidad; o bien la información es correcta, no era pública, y el mercado se ha inclinado por esa postura, evidenciado por la persistente caída del 40% en el valor bursátil».

Al final, la disyuntiva es clara: “O Grifols tiene razón y Gotham ha manipulado la cotización o bien Gotham tiene razón y ha actuado en corto realizando una ganancia, y parece ser que mantiene operaciones abiertas. El mercado se inclina por dar la razón a Gotham y estamos a la espera de conocer los datos del requerimiento de la CNMV cuyo plazo concluye el próximo 24 de enero”.

Desde su punto de vista, “este es uno de los asuntos clave que debe definir la capacidad de la CNMV como regulador y una prueba de fuego para su propio presidente Rodrigo Buenaventura. Por el momento, su actuación es contradictoria; al principio dijo que no podíamos dudar de las cuentas de Grifols y de su auditoría y en las siguientes horas planteó a la empresa un requerimiento en diez días para que aclarase la situación”.

Para este experto, “al final parece como si el mercado no conociera la situación financiera real de Grifols, creo que debería haber suspendido la cotización dado que hay asimetría informativa, que es una de las causas legales para suspender dicha cotización, de esta forma se hubiera evitado el repunte que hubo del 20% al día siguiente y luego volvió a caer”.

Desde su punto de vista, “aquellas personas que compraron el valor fiándose en la integridad de las cuentas que dijo la CNMV podrían plantearse una demanda al supervisor. Hasta ahora, la actuación del regulador deja mucho que desear en este asunto. Tienen el poder de actuar y no puede verse sobrepasada por los hechos y debe responder a la situación del mercado”.

Zunzunegui recuerda que Gotham destapó el caso de Gowex, otra empresa de gran tamaño, la empresa más capitalizada del MAB, “que luego era como un cascarón vacío viendo sus cuentas reales. En el caso del IBEX tuvimos el caso relevante de Pescanova con pérdidas elevadas, junto a otros casos bancarios como son los de Banesto o Popular. Forma parte de la actividad de mercado”.

Fernando Zunzunegui advierte que las perdidas del valor han sido ya notables y que hay inversores dispuestos a ir a los tribunales. (Imagen: Zunzunegui Abogados)

La gobernanza, en entredicho

Para este jurista, con este tipo de actuaciones, se pone el foco en la gobernanza de las empresas y en los controles existentes para evitar este tipo de fraudes: “una cosa es la legalidad, el cumplimiento formal de las cuentas y otra cosa es la gobernanza. Las empresas de este tipo deben contar con un sistema de buen gobierno; la propia CNMV publica un informe sobre dicha gobernanza en las empresas cotizadas, donde se habla de controles internos que en Grifols han fallado de forma estrepitosa”.

Por el momento, las explicaciones de Grifols han sido escasas: “desmintieron públicamente las acusaciones de Gotham, pero sin ningún dato o informe que acompañara esas afirmaciones. Los propios analistas han llegado a decir que no había nada nuevo y que esto era conocido por el mercado; si esto es así, se produce una enorme contradicción que nadie ha sabido explicar y que ha generado que el valor en bolsa haya bajado un 40%”.

Desde su punto de vista, “los inversores, ya sean minoristas como institucionales, están en una expectativa, aunque parece que creen más a Gotham que a Grifols. Habrá que ver las conclusiones del requerimiento hecho por la CNMV y qué hará el regulador; veremos si considera suficiente la información o le abre un expediente y si realmente toma alguna medida. En ese momento sabremos realmente de qué estamos hablando en este caso Grifols”.

Desde Zunzunegui Abogados, con el apoyo del perito Prosper Lamothe, catedrático de economía financiera de la Universidad Autónoma de Madrid, ya se preparan las primeras demandas contra los administradores de Grifols: “tanto para inversores minoristas o institucionales que hayan perdido dinero como consecuencia de esa falta de información del mercado. Hay algunos inversores que les han cerrado las posiciones y ya han realizado la pérdida. Podríamos estar hablando de una pérdida de unos 3.000 millones de euros”.

Al mismo tiempo, señala que el Banco Central Europeo ha pedido a los bancos que digan cuáles son sus posiciones abiertas en Grifols porque pueden tener que reflejar pérdidas importantes. «Esto que ha hecho el BCE lo hace en momentos importantes que pueden afectar a la solvencia de la banca. Se podría hablar de 9.000 millones de endeudamiento», concluye.

Un problema reputacional abierto

Mercedes Asorey, consultora y profesora de comunicación corporativa, fundadora de ASOMAR, advierte del problema reputacional que se ha abierto para Grifols con este asunto. Al analizar las primeras actuaciones de Grifols en la comunicación de crisis, señala que el mercado parece coincidir en que ha existido falta de transparencia, reacción lenta y sensación de improvisación. Pero, realmente ¿es esto así?

«El primer comunicado se realizó en apenas minutos, a este le siguió un segundo comunicado; además, en 48 horas compareció ante los analistas el CEO de la compañía. ¿Grifols ha hecho todo mal en la comunicación de crisis? Seguramente no; quizás ha pecado de ‘optimismo’ pensando que con su palabra bastaba para convencer a sus stakeholders«, comenta.

Para esta experta, «podría ser también que 48 horas sea un plazo muy largo para comparecer, lo que se ha traducido en una pérdida de oportunidad para dar su versión. En una crisis de este calibre es adecuado que las explicaciones ante la opinión pública vayan de la mano de los máximos responsables, como ha sido el caso. El problema es que esta comparecencia se tradujo en otra pérdida del valor de las acciones de la compañía».

Mercedes Asorey, experta en comunicación de crisis, cree que Grifols llega tarde en sus explicaciones. (Imagen: Cesión propia)

A su juicio, «sin duda, podemos decir que las acciones de comunicación apenas han servido para que Grifols le gane la batalla de la credibilidad al fondo bajista Gotham City Research, que durante días ha manejado el relato».

«Además, Gotham ha mantenido la incertidumbre sobre un segundo informe que aún podría dañar más a la compañía. De esa forma, la crisis se mantiene ‘viva’ y resulta más difícil para el perjudicado ‘cerrarla’ o intentar controlar los tiempos para reaccionar a las nuevas informaciones», comenta.

También advierte que «en estos momentos, ya estamos viendo cómo la información financiera con la que comenzó la crisis está cediendo cierto protagonismo a la información jurídica. Los reguladores han pedido explicaciones y la compañía, que ha prometido celeridad, parece estar apurando los plazos». De esa forma, indica que varios despachos de abogados están anunciando acciones legales contra Grifols por parte de los accionistas y la propia empresa ha anticipado que denunciará a Gotham.