CGPJ y asociaciones judiciales denuncian a la Comisión de Venecia los ataques que sufren los jueces por la ley de amnistía

En la tarde de este jueves, la Comisión de Venecia, junto con su vicepresidente Martin Kujier a la cabeza, recaló en el Consejo General del Poder Judicial. Primero se reunieron con el presidente saliente de este organismo, Vicente Guilarte, y varios vocales; luego mantuvieron un encuentro con las cuatro asociaciones judiciales.

Según ha podido confirmar este periódico, a la comitiva se le entregó un dosier donde se incluían todas las declaraciones institucionales emitidas por el órgano de gobierno de los jueces relacionadas con la medida de gracia y con los ataques a los magistrados que se han visto en los últimos meses. Los interlocutores, aseguran, se limitaron a escuchar sin plantear preguntas.

La Comisión de Venecia —un órgano consultivo del Consejo de Europa— ha mantenido una intensa ronda de contactos con las instituciones españolas a lo largo de este jueves 8 de febrero para analizar la proposición de ley de amnistía.

La delegación que ha aterrizado en Madrid ha estado compuesta por Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier; el exprimer ministro de Bulgaria, Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.

En el transcurso de estas conversaciones se les ha explicado el alcance de la ley de amnistía aún en tramitación y cómo los impulsores de dicha reforma, según ellos, «han aprovechado la ocasión para cargar contra los jueces y acusarles de generar situaciones de lawfare«. Junto a ese tema también se han abordado otras cuestiones como son la renovación del CGPJ, ahora pendiente de la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

Tres de las cuatro asociaciones convocadas coincidieron en resaltar su opinión crítica con el texto de la proposición de ley que ahora se debate en el Congreso de los Diputados y sus, dicen, problemas de legalidad. A excepción de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), todas ellas han alertado a este órgano consultivo del Consejo de Europa sobre las potenciales interferencias de la norma en el Estado de Derecho, el principio de Igualdad y la separación de poderes.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), representada por el magistrado Celso Rodríguez, se ha destacado que la iniciativa carece de causa relacionada realmente con el interés general, pues tan solo responde a un compromiso político exigido para fraguar el pacto de investidura y formación de gobierno.

De las asociaciones judiciales: Benjamín Sánchez, de JJpD; Celso Rodríguez, de APM; Carmen Gámiz, de AJFV; y Victoria Muñoz, de FJI; reunidos con la citada comisión. (Imagen: CGPJ)

En un comunicado que emitió esta asociación el jueves 8 por la tarde se insiste en que «al mismo tiempo, observamos que el alcance objetivo de la ley incluye graves figuras que, no solo desde el punto de vista penal, colisionan con aspectos básicos esenciales del ordenamiento comunitario. Particularmente la inclusión del terrorismo dentro de los delitos amnistiables, así como de la malversación de caudales públicos, implica el traspaso de una barrera que carece de justificación alguna».

Asimismo, se indica que «dado el formato resumido que venía dado a nuestras intervenciones, no dejamos de llamar la atención sobre lo que ha arrastrado el debate en torno a la ley de amnistía en los últimos meses: un ataque sin precedentes al Poder Judicial, y por lo tanto un grave deterioro del Estado de Derecho».

En este sentido, la información resalta que “la constitución (comprometida al tiempo que la amnistía) de comisiones parlamentarias de investigación para examinar el llamado lawfare, los insultos y acusaciones que se vierten sobre los jueces desde los otros poderes del Estado, la imputación directa –con nombres y apellidos- contra jueces que están instruyendo causas penales dentro del ejercicio de su función constitucional, son un cúmulo inaceptable de ataques a la independencia judicial y al principio de separación de poderes que no pueden tolerarse bajo ninguna excusa ni concepto”.

Para la APM todos estos acontecimientos perjudican al Poder Judicial. “Pero es más, al hilo de esta más que rechazable sucesión de acontecimientos, se está trasladando a la sociedad en general un mensaje demoledor. Se está minando la credibilidad y el respeto que merece el Poder Judicial como uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Se está debilitando, en suma, la verdadera democracia”, concluyen.

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