Comunicado de afectados al examen de acceso a la profesión de la abogacía

Los afectados por la suspensión de la prueba de acceso a la profesión de la abogacía comienza a remitir al Ministerio de Justicia escritos en reclamación de una solución a su futuro profesional.

.-21 DE ABRIL DE 2020

Este colectivo, organizado en torno a diferentes grupos a través de la aplicación Whastapp y en la red social Facebook, ha comenzado a hacer llegar diferentes escritos al Ministerio de Justicia en solicitud de una solución inmediata a una situación que consideran discriminatoria en comparación con otros colectivos de empresas y trabajadores de este país.

La Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador estableció como requisito la superación de un curso teórico-práctico de ejercicio profesional y una prueba de aptitud objetiva. Una vez superado el curso teóricopráctico (Máster en Acceso a la Abogacía), el 26 de diciembre de 2019 se convoco la prueba de aptitud objetiva para el año 2.020, se inscribieron cerca de 7.000 aspirantes de los que fueron admitidos al mismo más de 6.700.

El 10 de marzo de 2020 se procede al aplazamiento de la realización de la Prueba de Acceso a la Abogacía para el año 2.020. Aplazamiento supeditado a que las autoridades sanitarias lo autoricen. Sin ninguna alternativa ni fecha posible de realización. Este impedimento que se nos presentaba de forma temporal puede poner en peligro la viabilidad, en el formato actual, de la realización de prueba de Acceso a la Abogacía para el presente año, dejando sin poder colegiarse y por tanto ejercer la profesión de abogado a las 6.780 personas que, reuniendo los requisitos establecidos, habían sido admitidos a la realización de la prueba y por tanto entre otras cuestiones privándonos del derecho constitucional al trabajo tras el fin de las medidas.

Con esta medida se nos ha colocado en una situación inadmisible en un Estado Social Democrático de Derecho. Se nos imposibilita la realización del trabajo para el que nos hemos formado y al cual queremos dedicarnos, con una vulneración de nuestros derechos constitucionales al trabajo y al de elección libre de nuestra profesión.

Entendemos que existen opciones para, al igual que se están implementando en otros colectivos, no dejarnos en situación de desamparo, vulnerando nuestro derecho a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestros familiares. Remuneración, más esencial que nunca en una crisis como la actual.

Los estados excepcionales requieren medidas y soluciones excepcionales. El estado de alarma en el cual nos encontramos inmersos faculta a las autoridades a la adopción, como se ha podido ver, de drásticas medidas y la búsqueda de soluciones que impida un mayor daño que el ya producido por la propia situación.

En los escritos que durante estos días están haciendo llegar a la sede del Ministerio de Justicia se solicita la habilitación de una solución que permita el que se cumpla con nuestro derecho al acceso efectivo al ejercicio de la abogacía.

Es por ello que a tal extremo proponemos, sin excluir cualquier otra propuesta aceptable en derecho y que garantice la salud, las siguientes soluciones:

La convalidación o exoneración de la realización del examen o Prueba de Estado, dado que hablamos de profesionales con cualificación acreditada a falta únicamente de una prueba de carácter accesoria pero vinculante en este momento para la colegiación, o bien, la realización de la prueba de forma telemática o cualquier otro medio que, en la medida de lo posible reduzca la cantidad de desplazamientos necesarios para realización de la misma.

En cualquiera de los casos y como fin principal se solicita que se permita el ejercicio de la abogacía en un momento que se dan circunstancias excepcionales y que requieren de soluciones también excepcionales.