Concepción Campos, abogada experta en el sector público: “La aplicación de la IA será el revulsivo del cambio en las administraciones”

Esta entrevistada es una de las profesionales que mejor conoce el sector público. Es Concepción Campos, directiva pública profesional con más de 20 años de experiencia en el sector público, como secretaria de administración local, especializada en los ámbitos de transformación digital, inteligencia artificial (IA), integridad y gestión del cambio en las organizaciones. «La IA debe ayudar a la Administración a una transformación digital de acorde con los tiempos», aclara.

Desde su punto de vista «con la IA se podrían mejorar bastante todos los servicios públicos, simplificar la tramitación de algunas gestiones administrativas, generar mayor riqueza económica desde esa gestión de datos, promover empleo, hacer patrones, mejorar aquellas zonas despobladas del país, con la anonimización de los datos podríamos mejorar mucho los servicios públicos existentes. Es una gran oportunidad, desde una IA ética y responsable».

Esta experta es conocida por colaborar con entidades del sector público y del sector privado en los procesos de transformación digital y de implantación de una inteligencia artificial ética y confiable. También son destacables sus trabajos en el ámbito del buen gobierno corporativo y en la aplicación del compliance, especialmente en la contratación pública. Muchos de sus trabajos aparecen en su blog personal profesional.

Campos es codirectora de Red Localis y de la Cátedra Buen Gobierno Local (Universidad de Vigo y Xunta de Galicia). También es profesora asociada de Derecho Administrativo en la URV, miembro del Observatorio de los ODS en el Sector Público, y senior fellow de la Esade. Por último, es presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, una red que apoya el desarrollo profesional y personal de las mujeres que trabajan en el sector público.

Desde su punto de vista, el sector publico es muy global, ya que «abarca desde el Ministerio de Defensa y pequeños ayuntamientos, pasando con corporaciones locales o comunidades autónomas (CC. AA.). Hacer un juicio general es complicado. Parece que hay problemas de adaptación en el sector privado».

«Creo que lo más importante es que los responsables de gestionar esas herramientas sepan qué hacer. El Reglamento de IA se aprobó en agosto del 2024 y es obligatorio. Ya desde el pasado 2 de febrero empresas y administraciones habrán tenido que eliminar los sistemas de IA que prohíbe ese Reglamento», advierte.

Esta jurista considera que «la digitalización de la Administración, caballo de batalla en los últimos años, es algo cultural que debe hacerse. Aquí las palabras clave son ‘transformación digital’. Se trata de darse cuenta de que hay que romper las inercias y que hay que buscar otra forma de hacer las cosas. En el 2025 seguimos haciendo las cosas igual. El propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene diez palancas, y una de ellas se centra en definir una Administración para el siglo XXI. El ministro Escrivá nos pidió un informe a un Comité de Expertos, pero se ha quedado ahí, sin implementar».

Campos con María Emilia Adán, decana del Colegio de registradores (a su derecha) y otros miembros en la presentación del informe de mujeres en el sector público. (Imagen: Registradores)

Cumplir con la ley

Para esta experta, «desde el punto de vista regulatorio y de cumplimiento no nos lo estamos tomando en serio, ya no solo por las importantes sanciones que serán impuestas por los inspectores de AESIA, regulador específico de IA ubicado en A Coruña. Lo que más preocupa es cómo se protegen nuestros derechos como ciudadanos ante la irrupción de estas tecnologías. La entrada progresiva del Reglamento de IA es para facilitar a los operadores que puedan ir cumpliendo con estas obligaciones que la norma genera».

En su opinión, «ahora mismo no necesitamos crear más organismos, sino trabajar en una mayor actividad y coordinación para desarrollar esas aplicaciones de IA. Hay ya una estrategia nacional de IA que no es incompatible con que cada ministerio, CC. AA. y ayuntamiento esté trabajando en esta área especifica de la IA para buscar esos desarrollos propios. Lo mismo sucede en la conversión de empleados públicos para que realicen otras tareas que ayuden a impulsar el desarrollo de la IA».

A su juicio, «sabemos que ya hay administraciones que están pensando en poner en marcha proyectos de IA. En este sentido, es su obligación vigilar la posible brecha digital que se genere, evitar los sesgos de sus algoritmos, trabajar desde la transparencia para velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde nuestra Asociación Mujeres del Sector Público, que celebramos nuestro Congreso anual este mes de mayo en Bilbao, abordaremos la problemática de la IA. Tenemos un grupo de trabajo de datos y estamos en contacto con las instituciones para que escuchen nuestra opinión sobre la IA».

En este escenario, explica que ya hay informes que señalan que la IA va a sustituir diferentes tipos de trabajo: «Muchos de ellos han sido ocupados por mujeres, los riegos de nosotras ante la brecha digital son mucho mayores de los que pueda tener un hombre con carácter general. Al final, tenemos el derecho de saber hacia dónde van nuestros datos y qué se va a hacer con ellos en ese sentido. Las empresas que utilizan herramientas de IA deben informar a sus trabajadores de ese uso; hay que ver si lo hacen correctamente, al igual que esa recopilación de los datos y cómo se está produciendo».

En el terreno de las administraciones, considera que «en muchos casos se piensa sobre todo en regular. Quizás el foco no sea lo primero regular, sino ver la praxis donde pueda ser útil desde la simplificación administrativa hasta temas de calado relacionados con transporte y seguridad en todos los ámbitos. La IA opera en la burocracia, pero también en todos los sectores. Creo que hay una excesiva preocupación por el tema regulatorio y poca a nivel interno. Creo que se trabaja poco en que las personas que están en la Administración entiendan lo que va a pasar y cuál es el uso de la IA».

En este contexto, Campos aclara que el Gobierno creó ALIA como herramienta que abandera una IA española «y, al mismo tiempo, todas las CC. AA. están trabajando en desarrollos propios, como Galicia desde su Agencia Antega, y la propia Comunidad de Madrid desde su Consejería de Digitalización. Hay CC. AA. que han aprobado estrategias de IA como Baleares, Aragón y Andalucía. Son proyectos, pero no hay una visión 360 grados pese a que la IA afecta a todo, desde los vehículos autónomos hasta el cuidado de las personas. En muchos casos está aún en base beta de proyectos pilotos».

Esta jurista es la presidenta de la Asociación de Mujeres para el Sector Público. (Imagen: Mujeres y Sector Público)

Hay que formar sobre el Reglamento de IA

En su opinión, junto a este desarrollo incipiente tecnológico, «hay mucho desconocimiento sobre el Reglamento de IA y las obligaciones inherentes al mismo. Todavía se ha visto poco movimiento a este nivel regulatorio en cuanto al cumplimiento y seguimiento de las normas aprobadas. La IA necesita datos limpios y estructurados. Hay que hacer una buena gestión del dato. El problema es que la Administración Pública sigue sin gestionar datos. Por eso se impulsan proyectos muy concretos de IA y no una estrategia general».

Para esta jurista, «en este cambio producido por la IA, el sector público necesita crear otros perfiles profesionales más relacionados con la IA. Es una reconversión de empleo necesaria. La clave es la adaptabilidad y la flexibilidad. Y que otros que existen se vayan transformando, porque los que estamos en las administraciones iremos adquirido esas competencias y habilidades en la materia para saber qué hacemos con la información que tenemos a nuestra disposición. Necesitamos una brújula que nos lleve por el camino adecuado en esos momentos».

Concepción Campos comparte tesis con otros expertos, que opinan que «el desarrollo de la IA ayudará a la modernización plena de la Administración y a una mejora evidente de los servicios, mitigando en la medida posible la cita previa que aún se mantiene desde el Covid-19 en distintos organismos públicos para desesperación del ciudadano que no se ve atendido con prontitud. Al final se trata de definir una estrategia, en la que la ciberseguridad sea un punto clave pare mitigar el impacto de los ciberataques y de una inversión económica razonable parra que se puedan llevar a cabos estos proyectos».

Esta jurista no señala que «por lo que sabemos en el sector público se utilizan herramientas como ChatGPT y Copilot, sin mucho orden ni concierto. Es posible que sin darse cuenta estén alimentando a esas aplicaciones con datos protegidos y generándose brechas de seguridad. Por eso es muy importante tener esta concienciación y que se sepa donde se sube la información. Con esas herramientas de IA creo que la Administración dejará de pedir al ciudadano documentos que ya tiene en su poder, ya lo dice el artículo 28 de la Ley 39/2015 y que se los pide de forma recurrente».

A su juicio, desde esta perspectiva «en algunas ocasiones la Administración se convierte en un muro digital, infranqueable para ciudadanos vulnerables sin habilidades digitales. Eso genera una discriminación que el uso razonado de las herramientas de IA puede frenar en mayor parte y ayudar a la Administración correspondiente a una mejor gestión de esos datos de tercero y mayor fluidez en su relación con el ciudadano correspondiente. La gestión del cambio es el principal problema de la Administración en sus diferentes estadios».