Condenado a 6 años de prisión un auxiliar administrativo de la Junta de CyL que se apropiaba del dinero de menores tutelados

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a 6 años de cárcel a un auxiliar administrativo de la Junta de Castilla y León (CyL) que entre 2012 y 2016 se apropió del dinero de seis menores tutelados. En total, 34.160 euros.

Es una sentencia de conformidad, por lo que ya es firme. El día del juicio, el penado admitió los hechos ante el tribunal, se declaró culpable de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida, y aceptó la condena solicitada por la Fiscalía y la acusación particular, que incluye también 6 años de inhabilitación especial para empleo público y una multa de 9.000 euros. 

Imitaba la firma de los dos gerentes que hubo en aquel periodo

El condenado era auxiliar administrativo en la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos y se encargaba, entre otras funciones, de la apertura, gestión y cancelación de las cuentas bancarias de los menores que se encontraban tutelados por la Gerencia, así como del archivo de sus expedientes, a cuya documentación tenía acceso.

Durante 4 años realizó diversos reintegros de dinero en efectivo que incorporaba a su patrimonio. (Foto: E&J)

Entre 2012 y 2016, «aprovechándose de las funciones propias de su cargo, actuando con el deseo de obtener un inmediato beneficio y alterando y faltando a la verdad –ya que de su propio puño y letra simulaba e imitaba la firma» de los entonces gerentes en los justificantes o modelos de solicitud de reintegros que se utilizaban para autorizar los actos de disposición del dinero de las cuentas bancarias titularidad exclusiva de los menores en las que se ingresaban sus pensiones–, acudía presencialmente a las oficinas de la entidad bancaria correspondiente y gracias a los justificantes en los que había fingido la firma de la persona autoriza para ello, «realizaba diversos reintegros de dinero en efectivo que incorporaba a su patrimonio».

De esta forma, entre agosto de 2012 y de 2016 se apoderó de 18.206,5 euros de un menor nacido en 1999 que fue declarado en desamparo en 2003, quedando desde ese momento bajo la tutela de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos hasta julio de 2012, cuando fue asumida por los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. 

Además, entre septiembre de 2014 y abril de 2015 hizo suyos 5.595 euros de una menor nacida en 2006 que fue declarada en situación de desamparo en julio de 2008, fecha a partir de la cual también quedó bajo la tutela de la administración autonómica hasta que, como consecuencia de su adopción, se acordó el cese de la tutela legal en mayo de 2011.

Edificio del TSJ de Castilla y León, que alberga la sede de la Audiencia Provincial de Burgos. (Imagen: TSJCyL)

Asimismo, entre agosto de 2015 y octubre de 2016 se apropió de un total de 2.110, 88 euros de un menor nacido en 2001 que quedó bajo la tutela de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos en octubre de 2005; y entre mayo de 2015 y octubre de 2016, de 4.827,5 euros de otra menor nacida en el año 2000 que fue declarada en desamparo en 2006, fecha a partir de la cual también quedó bajo la tutela de CyL.

De igual manera, se embolsó, entre mayo de 2015 y noviembre de 2016, de 1.860 euros de otra menor, nacida en 2006, que quedó bajo la tutela de esta administración en febrero de 2014; y entre mayo de 2014 y septiembre de 2015, de 1.562,4 euros de una menor nacida en 2007 que fue declarada en desamparo en febrero de 2012, fecha a partir de la cual también quedó bajo la tutela de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos.

Cuando ocurrieron los hechos, los menores se encontraban o se habían encontrado bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León permaneciendo a disposición de dichos servicios las cuentas bancarias de alguno de ellos, pese a no encontrarse ya bajo su tutela. 

La sentencia fue dictada in voce el pasado 22 de marzo (118/2024) y se ha conocido hoy. La firman los magistrados Francisco Manuel Marín Ibáñez (presidente), María Dolores Fresco Rodríguez (ponente) y María Luisa Quirós Hidalgo. Según recoge la resolución, la Junta de Castilla y León ha restituido a todos los perjudicados la totalidad del dinero que el condenado hizo suyo, incrementado en un 10%.