Condenado el Ministerio de Justicia a pagar 1.500 euros por demorarse más de un año en resolver una solicitud administrativa

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Justicia a abonar 1.500 euros en concepto de costas procesales por obligar a una ciudadana a iniciar un proceso judicial debido a la demora en la resolución de su solicitud de nacionalidad española, pues la Administración estuvo más de un año sin darle ningún tipo de réplica.

Según se desprende en el auto (cuyo contenido puede consultarse pinchando en ‘descargar resolución’), la mujer presentó una demanda en noviembre de 2022 tras no obtener respuesta por parte del Ministerio sobre si se le concedía o no la nacionalidad. Una resolución que llegó tres meses después, en enero de 2023, pero en la que se desestimaba su solicitud y se imponían las costas en su contra.

Sin embargo, antes de que dicho proceso judicial concluyera, el Ministerio de Justicia ya había concedido la nacionalidad española a la demandante, lo que supuso que se produjera una «satisfacción extraprocesal» de sus pretensiones. Esto es, que el pleito se resolvió antes de que se dictase una sentencia. Como resultado, se ordenó la finalización y archivo del mismo.

A pesar de ello, la demandante interpuso un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, por cuanto se vio obligada a iniciar el proceso judicial que le hizo perder tiempo y dinero debido a la pasividad administrativa. Una consideración que ahora, para la Audiencia Nacional, justifica la imposición de costas al Ministerio.

El tribunal se apoyó en la doctrina del Tribunal Supremo, basada en una sentencia de mayo de 2018, en la que se establece que la Administración debe dictar resolución expresa en todos los casos y respetar los plazos legales para resolver. En este caso, el Ministerio incumplió su deber, forzando a la demandante a acudir a los tribunales para obtener una resolución sobre su solicitud de nacionalidad.

En este sentido, la condena en costas impuesta al Ministerio asciende a un máximo de 1.500 euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 139.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Un fallo subraya la importancia de que la Administración cumpla con los plazos y procedimientos establecidos por ley para evitar la judicialización innecesaria de asuntos que pueden resolverse en la vía administrativa.