Cristina Dexeus (AF): «La Fiscalía General se tiene que apartar de la imagen politizada que da»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recibido la crítica en el último informativo legal de Economist & Jurist, en la sección El Juicio, porque aunque se ha atribuido la responsabilidad última del contenido de la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha eludido pronunciarse sobre si la orden de emitir esa nota procedió de él mismo, y porque la orden dada por la teniente fiscal del Supremo, número dos de la Fiscalía, en el sentido de que se inadmitan las querellas del caso, supone un ejercicio de la jefatura que se aleja de un fiscal independiente que pudiera llevar la instrucción de las causas penales en España.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, analiza estas cuestiones en esta entrevista y explica las reformas que necesita el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para blindarse ante injerencias políticas y reforzar la independencia de la institución, así como las mejoras necesarias para el colectivo. 

Recientemente, también abordó en otra entrevista en este diario la ley de amnistía y la situación del Estado de Derecho en España.

Economist & Jurist (E&J): ¿Le preocupa la imagen que está dando actualmente la Fiscalía a la opinión pública?

E&J: Cristina Dexeus (C. D.): Enormemente, y es una preocupación compartida no sólo por mí, sino por la Asociación de Fiscales y la Carrera Fiscal en general, la imagen de politización que se está dando de nosotros a través de la actuación del fiscal general del Estado, que actúa de forma partidista. La Fiscalía General se tiene que apartar de la imagen partidista que da.

E&J: ¿La independencia de los fiscales se está viendo amenazada?

C. D.: Efectivamente, está en tela de juicio la independencia de actuación de los fiscales a raíz de hechos como los conocidos en el caso de la pareja de Ayuso, donde se traslada a la ciudadanía una imagen de actuación parcial apartada de la neutralidad de quien dirige la Carrera Fiscal que resulta dañina para todos los fiscales, porque traslada la idea de que quienes conformamos la Carrera Fiscal estamos a las órdenes del Gobierno de turno, lo que evidentemente no es así. Hay que distinguir la figura del fiscal general del Estado, que es nombrada por el Gobierno, de los miembros de la Carrera.

E&J: ¿Qué solución hay ante esta imagen de «politización»? ¿La dimisión del fiscal general?

C. D.: Sí. Desde la AF la venimos reclamando desde hace tiempo porque consideramos que la trayectoria del fiscal general del Estado no ha sido clara en la defensa de la independencia de los tribunales, de los fiscales y del Estado de Derecho.

La AF reclama que la Fiscalía tenga singularización presupuestaria y capacidad de gestión económica, también capacidad de reglamentación, que asuma la formación de los fiscales, se cree un Estatuto del fiscal general y se perfeccione un sistema de contrapesos que limite su poder para evitar desviaciones o excesos en su gestión

E&J: ¿La omisión por parte del fiscal general de si dio la orden de emitir la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid se realiza para no resultar responsable penalmente de los delitos que le imputan la pareja de Ayuso y el ICAM?

C. D.: Cuando se trata de actuaciones que están sub iudice, no es norma de la Asociación de Fiscales entrar a valorar el contenido de las mismas ni la actuación de las partes en la instrucción.

Jueces, fiscales y empleados públicos denunciaron el pasado 4 de abril en el Parlamento Europeo el «peligroso antecedente» de amnistiar la corrupción, entre quienes se encontraba la presidenta de la AF, Cristina Dexeus (segunda por la derecha). (Imagen: Cs)

E&J: ¿Es preciso revisar el Estatuto Orgánico de la Carrera Fiscal para reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado?

C. D.: Sí. La AF siempre ha defendido al Ministerio Fiscal como institución integrada en el Poder Judicial con autonomía funcional, formando parte del Poder Judicial, que es el mandato contenido en el artículo 124 de la Constitución y que implica su desvinculación absoluta del Gobierno, tal y como se quiso por el constituyente, donde las enmiendas que pretendían considerar al Ministerio Público como un órgano de representación del Gobierno ante los tribunales decayeron.

Para desarrollar en la práctica esa visión constitucional del Ministerio Público, es preciso un nuevo Estatuto Orgánico en el que se potencie esa desvinculación total respecto del Poder Ejecutivo a través de una independencia que se sustenta en varias medidas, como es la autonomía económica con capacidad de gestión de los medios propios; la capacidad de reglamentación de la Carrera, hoy en manos del Ministerio de Justicia; que la formación de los fiscales la asuma exclusivamente la Fiscalía General; la prohibición de las puertas giratorias; la creación de un Estatuto del fiscal general del Estado; y la perfección de un sistema de contrapesos en la carrera fiscal que limite el poder del fiscal general del Estado para evitar desviaciones o excesos en su gestión.

«Es imprescindible establecer una prohibición de nombramiento de fiscal general del Estado por cinco años, al menos, desde que se abandonó la política»

E&J: ¿La vinculación del cese del fiscal general al del Gobierno empaña su imagen de independencia?

C. D.: Sin duda, y especialmente en momentos políticos convulsos como el actual sería preciso potenciar la imagen de imparcialidad suprimiendo la posibilidad de cese del fiscal general del Estado cuando cesa el Gobierno que lo nombró, manteniendo el mandato del fiscal general del Estado un plazo de cinco años con independencia de las vicisitudes políticas del Ejecutivo que le propuso.

Actualmente, las decisiones sancionadoras no se adoptan por la Fiscalía, sino que se eleva la propuesta al Ministerio de Justicia para que dicte la resolución correspondiente y eso da imagen de vinculación al Ministerio de Justicia. Por ello, es necesario que el fiscal general del Estado tenga capacidad de decisión última, de forma que la resolución de los expedientes disciplinarios, por ejemplo, no tengan que pasar por el Ministerio. Debemos superar la dependencia del Ministerio de Justicia, por ejemplo, en materia de reglamentación. No es asumible en este momento que sea el Ministerio de Justicia quien realice las propuestas de nombramientos, resuelva los concursos de la Carrera Fiscal, pues debiera ser la propia institución la que se regulara.

E&J: ¿Y qué medidas propone para acabar con las puertas giratorias y el hecho de que desde el Ministerio de Justicia se salte a la Fiscalía General del Estado, como ocurrió con Dolores Delgado?

C. D.: Para evitar la tentación de acceder desde la política al cargo de fiscal general del Estado dando imagen de absoluta politización de nuestra institución, es imprescindible establecer una prohibición de nombramiento de fiscal general del Estado por cinco años, al menos, desde la marcha de la política.

«La comunicación del fiscal general con el Gobierno debe ser por escrito, pública y con transparencia»

E&J: ¿Qué otras reformas necesita el EOMF?

C. D.: En esencia, lo que se requiere es un nuevo Estatuto Orgánico que blinde al fiscal general del Estado y a su vez a los miembros de la carrera de toda intromisión política, así como de cualquier presión que pudieran sufrir en el ejercicio del cargo.

El fiscal general del Estado, con los representantes de las asociaciones y la fiscal jefe de la secretaría técnica. De izquierda a derecha: Jesús Arteaga (UPF); la fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León; Miguel Pallarés (APIF); el fiscal general, Álvaro García Ortiz; Cristina Dexeus (AF); y Miguel Pallarés (APIF). (Imagen: Fiscalía)

E&J: ¿Cuando el fiscal general del Estado sea consultado sobre alguna cuestión por el Gobierno, tendría que ser pública la información que dé?

C. D.: Sí, la comunicación del fiscal general con el Gobierno debe ser por escrito, pública y con transparencia. Hay que suprimir del Estatuto la norma que permite que el fiscal general del Estado sea llamado al Consejo de Ministros. Norma que se introdujo por Cándido Conde-Pumpido en su etapa de fiscal general, prestándose a dar cumplimiento de la misma asistiendo a un Consejo de Ministros, generando con ello una imagen de coparticipación en la gestión de gobierno, como si de otro ministro se tratara, lo que no corresponde en absoluto con la función del fiscal general. La previsión estatutaria que debe mantenerse, lógicamente, es la que establece que el fiscal general del Estado dé cuentas de la actuación de la institución ante el Congreso y el Senado, porque en ellos está representada la soberanía nacional.

«Hay que suprimir del EOMF la norma que permite que el fiscal general sea llamado al Consejo de Ministros, que introdujo Conde-Pumpido»

E&J: Con la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público Fiscal hoy puesta en tela de juicio, ¿cómo ve que la Fiscalía pueda asumir la instrucción de las causas penales en España?

C. D.: No se me ocurre momento más inoportuno para regular la atribución al fiscal de la investigación penal, precisamente por la imagen generada de partidismo o parcialidad de quien dirige la institución, que ensombrece la actuación recta y profesional de los fiscales, ajena a cualquier actuación política.

E&J: Por otra parte, la AF reclama la derogación del artículo 324 de la LECrim, destaca que cualquier reforma en el sistema de plazos de la instrucción supone un perjuicio para las causas complejas. Una reivindicación que la asociación viene haciendo desde 2015 y que el pasado 6 de febrero hizo al fiscal general del Estado. ¿Confía en que se derogue?

C. D.: No, no tengo confianza en que se derogue este sistema de plazos tremendamente recortados e insuficientes, en especial para la investigación de causas de complejidad.

«Es el momento más inoportuno para regular la atribución de la investigación penal al fiscal, precisamente por la imagen generada de partidismo o parcialidad de quien dirige la institución»

E&J: ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de la Asociación de Fiscales a nivel profesional?

C. D.:Actualmente, tenemos 13 sistemas de guardia diferentes según la materia y el tipo de población. Las hay semanales, de tres días, de 48 horas y de 24 y cada de ellas recibe una retribución diferente. Las guardias peor pagadas son las semanales de disponibilidad y generalmente esas son las que están despachando los fiscales de las últimas promociones. Si se hiciera una revisión al alza de la remuneración de esas guardias o de la retribución de las mismas, se mejoraría a los compañeros que menos perciben. Este asunto se abordará nuevamente a partir de hoy en la mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, cuya convocatoria llevábamos esperando nueve meses y finalmente fue convocada a finales de la semana pasada.

Uno de los temas que se suscitan en esta mesa de retribuciones es el relativo al complemento que se percibe por el grupo de población de destino correspondiente, que debe ser revisado para mejorar la distribución de las poblaciones en esos grupos, por razón de número de habitantes, de órganos judiciales y de litigiosidad, y ha de suprimirse la quinta categoría, a la que acceden los fiscales de la tercera categoría, que es la de inicio en la carrera. Con lo cual, si se suprimiese esta categoría, también supondría una mejora retributiva para los compañeros más jóvenes.

Cristina Dexeus es decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde ha ejercido toda su carrera. El pasado mes de febrero cumplió 35 años de profesión. (Imagen: E&J)

Las plantillas se tienen que reajustar no sólo a las necesidades existentes, puesto que existe un déficit de fiscales endémico, sino también en previsión de las próximas jubilaciones que se van a producir en la carrera.

En la Asociación de Fiscales hemos elaborado un informe que se ha remitido ya a la Fiscalía General y al Ministerio de Justicia sobre las carencias que se van a producir en la Carrera Fiscal en un plazo de 10-15 años por motivo de jubilaciones. Si a esto unimos la pretendida atribución al fiscal de la investigación penal, es evidente que las plantillas actuales no alcanzarán para asumir esta competencia, por lo que venimos exigiendo un estudio serio de cargas de trabajo que soportan los fiscales, no sólo a efectos de riesgos laborales, sino también para determinar las necesidades de la carrera para asumir tales retos en condiciones óptimas.

Por otra parte, reivindicamos un complemento de estabilización en determinados territorios, como Cataluña o el Campo de Gibraltar, para combatir que haya fuga de talento que se está produciendo o la situación de penuria que arrastran los fiscales más jóvenes destinados en las Islas Baleares, donde los alquileres de viviendas están disparados y no les alcanza el sueldo.

También es necesario valorar si los medios materiales son o no los adecuados. Todavía hay fiscalías en las que se está trabajando en una situación lamentable en cuanto a los edificios y despachos.

Para acabar con las puertas giratorias, Dexeus propone la prohibición de nombramiento de fiscal general del Estado por cinco años, al menos, desde la marcha de la política

E&J: ¿Y cómo es la situación en cuanto a medios informáticos? 

C. D.:Es muy desigual, al igual que en la Carrera Judicial. Salvo determinados territorios que han quedado concentrados en manos del Ministerio de Justicia, en la mayoría de los casos está descentralizado y es una competencia que corresponde a la comunidad autónoma afectada, y dependiendo de la inversión y del esfuerzo autonómico efectuado, el sistema está más o menos implantado y es más o menos obsoleto o efectivo.

Cuando un programa se instala exnovo siempre genera importantes déficits o problemas. Problemas que van asociados tanto a la falta en ocasiones de que el sistema se adapte a las necesidades de la actividad de las fiscalías, como por el hecho de que el cambio o el tránsito al sistema digital siempre conlleva problemas de aplicación, no sólo de carácter personal.

Actualmente, recibimos críticas y quejas por parte de los compañeros. Después, a medida que van avanzando en la implantación de los distintos sistemas, las deficiencias se suelen ir detectando y superando.

El ministro, flanqueado por la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, a la derecha, y Rosa Frías, miembro del comité ejecutivo de la asociación, a la izquierda. (Imagen: Ministerio de Justicia)

E&J: ¿Cómo está la implantación de la digitalización en la Fiscalía?

C. D.: La radiografía de la digitalización de la justicia depende de la inversión que cada autonomía haya dedicado a esta cuestión y de la relevancia que le haya dado a los distintos operadores jurídicos que tienen que participar en ello, quedando, además, parte del territorio nacional en manos del Ministerio de Justicia.

En esa radiografía queda reflejada una digitalización en la Justicia dispar e incompatible entre sí, lo que genera preocupación y frustración entre quienes trabajamos en la Administración de Justicia.

E&J: ¿Alguna propuesta?

C. D.: Siempre hemos propugnado que al menos los distintos sistemas sean compatibles entre sí y una adecuada inversión en la digitalización por parte de todos los gobiernos afectados.

E&J: Caminando de asunto, ¿cuáles son, a su juicio, los pros y contras de los juicios telemáticos?

C. D.: En el ámbito del proceso penal, me resulta incómodo considerar que todo juicio pueda realizarse telemáticamente, porque el principio de inmediación que lo caracteriza quedaría comprometido ante la falta de presencialidad, que aporta matices que no quedan tan patentes en las declaraciones que se efectúan telemáticamente y donde las garantías del acusado deben primar.

«En el ámbito del proceso penal, me resulta incómodo considerar que todo juicio pueda realizarse telemáticamente, ya que el principio de inmediación que lo caracteriza quedaría comprometido ante la falta de presencialidad»

E&J: ¿De la inteligencia artificial qué opina? ¿Va a contribuir a mejorar la Justicia?

C. D.: Puede ser un apoyo para la resolución de determinados casos en ámbitos civil o mercantil y en procedimientos menores, pero me cuesta admitir su eficacia en el ámbito penal y hacerla compatible con los derechos de los justiciables y la gran variedad de matices y circunstancias que pueden concurrir en los procesos penales.

No se puede poner en manos de la tecnología la resolución de los casos, porque no sólo se deshumanizaría la Justicia, sino que perdería la calidad técnica y jurídica y la percepción personal de jueces, fiscales y abogados en la resolución de los casos.