Cristina Dexeus (AF): «La Ley de Amnistía es una entrega del Estado de Derecho a quienes han atentado contra él»

«No todo vale por siete votos». Así lo subraya Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, preguntada por Economist & Jurist sobre la ley de amnistía, y advierte que estando abierta una investigación por terrorismo en el Tribunal Supremo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, esta proposición de ley «no debería prosperar si se impusiera la sensatez».

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué análisis hace de la situación de la Justicia y del Estado de Derecho en España?

Cristina Dexeus (C.D.): Estamos en el peor momento desde la transición, ya que estamos viviendo una situación de ataque a la independencia de los jueces y fiscales desde el poder político sin precedentes, asumiendo, además, quienes gobiernan actualmente España el relato incierto de la existencia de lawfare. 

Esto es, de «guerra de la justicia contra el independentismo», volcando la responsabilidad de los políticos que delinquieron y convirtieron a quienes, en el ejercicio de sus funciones, les persiguieron, no por su ideología, sino por transgredir el Código Penal.

E&J: ¿A qué dice Cristina Dexeus basta ya?

C. D.: A utilizar a la justicia para culpabilizar de los delitos cometidos por políticos, entre ellos delitos de corrupción, y justificar la impunidad para los mismos a través de la Ley de Amnistía, sólo por un puñado de votos que han favorecido la investidura de Pedro Sánchez y que suponen un ataque a la igualdad entre los españoles. Es una entrega del Estado de Derecho a quienes han delinquido, atentando contra el Estado de Derecho.

E&J: ¿No todo vale por siete votos?

C. D.: Exacto, no todo vale por siete votos. Se está concediendo no sólo una previsible amnistía, sino que, además, se permite la creación de las comisiones de investigación.

«No todo vale por siete votos»

Es necesario volver a los principios constitucionales de respeto a las instituciones democráticas, a la separación de poderes, a la independencia judicial, a la seguridad jurídica y a la igualdad de los españoles, y al respeto a la Corona. Lamentablemente, nos encontramos en una situación de alarmante retroceso por los pactos de gobernabilidad entre Junts y el PSOE.

Los políticos tienen que dejar trabajar a la justicia, legislar con técnica jurídica y para toda la sociedad. Y ha de legislarse con sosiego.

La presidenta de la AF reclama la derogación del artículo 324 de la LECrim, destaca que cualquier reforma en el sistema de plazos de la instrucción supone un perjuicio para las causas complejas. Una reivindicación que la asociación viene haciendo desde 2015 y que el pasado 6 de febrero hizo al fiscal general del Estado. (Imagen: FGE)

E&J: ¿Qué opinión tiene la Asociación de Fiscales sobre la constitucionalidad de la amnistía?

C. D.: No tiene encaje en la Constitución Española, que sólo prevé como posibilidad constitucional la concesión del indulto particular, lo que implica que sólo puede concederse tras el enjuiciamiento de la conducta por parte de los tribunales y que no supone la supresión del delito y sus consecuencias, sino que simplemente conlleva una reducción o supresión de la pena. 

Ya el propio constituyente se planteó la posibilidad de incluir la amnistía en la Constitución como medida de gracia y, tras los debates oportunos, no fue admitida. Que otros países en sus constituciones puedan dar reconocimiento a la figura, como Francia y Portugal, responde a la propia idiosincrasia e historia del país, habiéndose hecho uso de esa gracia en supuestos muy concretos y determinados que no se asemejan a los hechos delictivos cometidos en 2017 en España. 

«La ley de amnistía no tiene encaje en la Constitución Española»

E&J: ¿Tiene usted confianza en las instituciones europeas para frenar la ley de la amnistía?

C. D.: Efectivamente, desde la Asociación de Fiscales consideramos que Europa debe estar implicada en la defensa del Estado de Derecho en España, puesto que los valores que se defienden en nuestra Constitución son los valores de la Unión Europea y si se atacan, la Unión debe responder. 

A la Unión Europea le interesa que sus Estados miembros mantengan la separación de poderes, un poder judicial independiente y fuerte. Y esas son, además, sus prioridades, y sobre ellas versan sus constantes recomendaciones. 

Ejemplo de lo que digo es el borrador del informe de la Comisión de Venecia que se ha filtrado, en el que algunas de las objeciones que se ponen de manifiesto respecto de la Proposición de Ley de amnistía es que entra en contradicción con los principios de igualdad y seguridad jurídica que todos los Estados deben respetar. 

E&J: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo en Europa la Asociación de Fiscales contra la ley de amnistía?

C. D.: Fuimos la primera asociación del ámbito judicial en alertar a la Comisión Europea –en septiembre de 2023– de la pretensión de aprobar, a cambio de 7 votos, una Ley de Amnistía que suponía un ataque a los valores de la Unión y que versaría sobre delitos de corrupción y terrorismo. Por tanto, entendimos que desde Europa debían adoptarse medidas rigurosas para impedir que prosperase una norma que compromete los principios establecidos en el artículo 2 del tratado de la Unión. 

La Ejecutiva de la Asociación de Fiscales con Cristina Dexeus, en el centro. En la imagen, de izquierda a derecha: Antonio Roma, Enrique Valdés, Vicente Garrido, Cristina Dexeus, Esther Moreno, Rosa Frías y José Soler. (Imagen: Asociaciones de Fiscales).

E&J: ¿Aparte de este asunto, qué mas tratan en el informe?

C. D.: Entre otras cuestiones, también llamamos la atención de nuevo sobre las puertas giratorias y la necesidad de establecer prohibiciones para que no se produzcan nombramientos como el de Dolores Delgado, que desde el cargo de ministra y, por tanto, desde la política, pasó a desempeñar el cargo de fiscal general del Estado, lo que ha comprometido seriamente la imagen de neutralidad del Ministerio Público.

También destacamos la necesidad de que los nombramientos discrecionales se hagan con transparencia y ajustados a los criterios de mérito y capacidad. Y ponemos un acento especial en la necesidad de atender a la situación que en breve se va a producir, con la jubilación masiva de fiscales, sin que exista estudio o previsión alguna para su reposición por parte del Ministerio. 

 La semana pasada recibimos contestación de las autoridades europeas asegurando que están estudiando de cerca la situación de España. 

«Aunque parezca que la actuación de las instituciones europeas es lenta, existe una preocupación por el Estado de Derecho en España y una supervisión de lo que está ocurriendo»

E&J: Una respuesta algo tardía, ¿no cree?

C. D.: Sí, ciertamente, aunque lo positivo es la afirmación de que la Comisión Europea está pendiente del desarrollo de la ley de la situación del Estado de Derecho en España.

Desde nuestro punto de vista, resultaría intolerable que se permitiese en España aquello que en Polonia o en Hungría no se toleró, que es el ataque a la independencia judicial.

E&J: ¿Está siendo vulnerado el principio de independencia judicial?

C. D.: Efectivamente, el principio de independencia judicial es básico en la configuración de un verdadero Estado de Derecho e implica la imposibilidad de intromisión del poder legislativo y del ejecutivo en las funciones propias del poder judicial, y eso ocurre tanto si se somete a comisiones de investigación a jueces y fiscales por su actuación profesional en aplicación de la legalidad, como si se priva a los tribunales de investigar, enjuiciar y sentenciar conductas delictivas. 

Cristina Dexeus es decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona. En la imagen, en su despacho en la Fiscalía Provincial, donde ha ejercido toda su carrera. El pasado mes de febrero cumplió 35 años de profesión. (Imagen: Archivo)

E&J: ¿Estando abierta una investigación por terrorismo en el Supremo contra Puigdemont, tiene recorrido la Proposición de Ley de Amnistía?

C. D.: No debería tenerlo, ahora con mayor motivo. La Unión Europea es muy estricta en la lucha contra la corrupción y el terrorismo, por lo que la concesión de amnistía por estos delitos no debería pasar el filtro de la Unión, porque atenta contra los principios básicos de la misma.

E&J: ¿Cuándo habrá alguna conclusión sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea? 

C. D.: En enero emitimos el informe sobre la encuesta anual del Estado de Derecho en España, hoy se realizan las entrevistas a los miembros de las asociaciones judiciales y fiscales, y para el mes de mayo o junio, posiblemente tengan ya elaborado el informe anual.

Aunque parezca que la actuación de las instituciones europeas es lenta, lo cierto es que sí existe una preocupación por el Estado de Derecho en España y una supervisión de lo que está ocurriendo en nuestro país. 

«La UE es muy estricta en la lucha contra la corrupción y el terrorismo, por lo que la concesión de amnistía por estos delitos no debería pasar el filtro»

E&J: El exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar declaró en una reciente entrevista en Economist & Jurist que «sería muy conveniente que se promulgase un Código Penal Europeo». ¿Usted también lo ve necesario? ¿Así no podría modificarse ni amnistiarse fácilmente?

C. D.: Pese a considerar que mejoraría la respuesta penal común a todos los Estados en determinados tipos delictivos, lo cierto es que entraña graves dificultades derivadas de la historia y de la evolución de las sociedades de cada uno de los países miembros. Esta posibilidad ya se intentó con la creación de la Fiscalía Europea, pero no tuvo los resultados deseados y la función de dicha fiscalía se limitó exclusivamente a los delitos consistentes en fraudes comunitarios. 

Por otro lado, cuando estamos en presencia de determinados tipos delictivos graves y de afectación comunitaria, como puede ser el terrorismo o la corrupción, se ajustan las legislaciones de los Estados miembros a las directivas de la Comunidad Europea, que fija en unos mínimos comunes imprescindibles para que los miembros de la Unión luchen contra esas figuras delictivas. 

E&J: ¿Qué llamamiento haría a los políticos?

C. D.: Yo, como fiscal, difícilmente puedo hacer llamamientos a los partidos políticos, pero como ciudadana, sí rogaría que finalizase la situación de enfrentamiento que ahora se vive y que buscasen todos ellos fórmulas de consenso para superar la actual situación para la lograr el beneficio común de todos los españoles dentro de la Constitución.

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