De la Ley de Justicia Gratuita, pasando por la de Ciberseguridad y la esperada Ley ELA: más de 50 normas se reactivan tras agosto

El Congreso activará este próximo mes de septiembre la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España, junto con otras cuarenta leyes que continuarán sus debates en el próximo periodo de sesiones. También tendrá que aprobar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para regularizar a los 45.000 abogados del Turno de Oficio y actualizar la norma, que data de 1996.

Junto a la prórroga de enmiendas a esta ILP, se suman las relativas a otras normas recientemente debatidas, como la de la ELA, pendiente de entrar en comisión para su debate de enmiendas parciales. Hace cuatro años, Pedro Sánchez le dijo a Jordi Sabaté, afectado por esta enfermedad, que se aprobaría esa ley, pero por el momento, las prórrogas han sido notables ante la desesperación de familias, afectados y su entorno.

Sobre la futura Ley ELA, hay que señalar que hasta tres proposiciones de ley están en manos de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso: una del PP, otra de Junts, y la que aspira a absorber a ambas, la del PSOE, que incluye a todas las enfermedades neurodegenerativas. Todo el mundo espera que este periodo de sesiones sea el definitivo para su aprobación.

También quedarán pendientes para septiembre el debate de enmiendas a la totalidad de varios proyectos de ley, como el que prorroga las medidas de suspensión de desahucios para vulnerables, la Ley de Familias, y la de Movilidad Sostenible, que muchos expertos señalan que se ha quedado corta y no aborda asuntos clave, como podría ser la financiación de las infraestructuras y el tema de las concesiones, así como el Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud y del servicio a la clientela.

Asimismo, la Proposición de Ley de secretos oficiales, la de protección para la libertad de expresión (idea de Pedro Sánchez para acabar con los bulos), o el nuevo proyecto de derechos de autor arrancarán su tramitación parlamentaria en la Cámara baja, junto con la propuesta del Ministerio de Trabajo de derogar el despido por incapacidad sobrevenida, tras un acuerdo firmado con CERMI.

Pese a la situación de parálisis que se detecta en nuestro Parlamento, desde el PSOE se ha indicado que el Congreso de los Diputados ha aprobado en este primer periodo de sesiones, de enero a junio, siete decretos, seis proyectos de ley y 26 propuestas de ley, por lo que «no está paralizado».

Como tema también importante, cabe reseñar que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigido por la ministra y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, aprobará un anteproyecto para concretar la creación de la Comisión Nacional de la Energía. El Consejo de Ministros aprobó en febrero un anteproyecto de ley para el restablecimiento de este organismo.

Bolaños con el nuevo presidente del CGAE, Salvador González, quien reclama a Justicia baremos dignos y una nueva Ley de Justicia Gratuita. (Imagen: Ministerio de Justicia)

Justicia y sus proyectos de ley

Desde el negociado de Félix Bolaños, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se avanzará en el plan de Sánchez de regeneración democrática y control de bulos, del que se sabe poco. Algunas fuentes señalan a Economist & Jurist que dichas medidas podrían ir acompañadas de otras sobre delitos de odio y redes sociales, tras el crimen de Toledo.

Cabe señalar también que el Gobierno ha mandado al Senado el proyecto de la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, tras su aprobación en el Pleno del Senado. Durante su tramitación, se han incorporado diversas enmiendas presentadas por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que han fortalecido significativamente el derecho de defensa y mejorado la regulación de la abogacía en España.

De la mano de la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, Félix Bolaños pretende aprobar una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, una norma con la que se espera regular mejor una actividad cuyos baremos retributivos están congelados en el Ministerio desde hace cinco años. Los cálculos que se manejan indican que el texto podría llegar al Congreso en los próximos meses, con el propósito de actualizar la normativa vigente, que data de 1996.

Junto a estas iniciativas, está pendiente de tramitarse en el Congreso el Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea (UE), para su adecuación a la normativa sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, una norma clave en la persecución del delito.

Al mismo tiempo, deberá debatirse el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), comentada desde hace muchos años, el ministro Bolaños ya ha transmitido a asociaciones de jueces y de fiscales su visión al respecto.

Sobre la mesa de trabajo, ambas partes han debatido sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la mayor independencia del Ministerio Fiscal, que son preocupaciones del colectivo. Por su parte, el ministro ha explicado en detalle el modelo de justicia que quiere desarrollar en nuestro país, con un fuerte apoyo telemático y la modificación de los juzgados actuales en tribunales de instancia, con una nueva organización de la justicia.

Los afectados por ELA, que ya estuvieron en febrero en el Congreso, reclaman la ley que les ayude a costear el tratamiento de esta enfermedad. (Imagen: Congreso de los Diputados)

IA y función publica son claves

Por su parte, el Ministerio de José Luis Escrivá, quien podría convertirse este otoño en gobernador del Banco de España, tiene distintos frentes abiertos.

Con el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado en el Congreso y la posible reforma que le pide Bruselas para consolidar al millón de interinos en fraude de ley, Escrivá trabaja para implementar un nuevo modelo que elimine la tasa de reposición de funcionarios en los últimos compases de 2024, de cara a 2025.

Al mismo tiempo, otra de sus prioridades tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), donde ha manifestado la necesidad de alcanzar un acuerdo de país sobre este tema.

En este contexto, será clave la puesta en marcha del regulador específico sobre IA, AESIA, con un nuevo equipo directivo al frente, y su coordinación con los otros dos reguladores existentes: la AEPD y la CNMC. Uno de sus trabajos será aplicar el Reglamento Europeo de IA en nuestro país en los próximos meses.

Escrivá ha garantizado que antes de concluir 2024 comenzarán los trámites para llevar al Congreso una Ley de Ciberseguridad, necesaria para que nuestras infraestructuras críticas y la sociedad crezcan en un entorno seguro. Paralelamente, deberá seguir tramitando el anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros sobre la protección de menores en entornos digitales.

También podría impulsarse la reforma de la Ley del Procedimiento Administrativo Común para eliminar la obligatoriedad de las citas previas, así como la creación de una agencia para evaluar las políticas públicas.

Por otro lado, la ministra Sira Rego tiene pendiente llevar al Consejo de Ministros dos leyes que ya adelantó: la de Derechos de la Juventud y la de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Mientras tanto, el titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, además de tener en su mesa la futura ley ELA, también aborda otras cuestiones importantes.

Estamos hablando del Proyecto de Ley de Familias, que ha sido especialmente cuestionado por el colectivo de familias numerosas en nuestro país. Actualmente, este proyecto se encuentra paralizado en el Congreso de los Diputados debido a sucesivas ampliaciones de enmiendas.

Además, se pretende avanzar en la comprometida Ley de Cuidados y Dependencia, implementar la recientemente aprobada Estrategia Nacional de Cuidados, aprobar el Real Decreto relativo a la seguridad de los productos y el Proyecto de Ley de Consumo Sostenible.