El bloqueo del CGPJ y la posible amnistía centran las conversaciones tras la inauguración del año judicial

El año judicial se da por inaugurado el mismo día en que se jubila un magistrado más del Tribunal Supremo y en el que el actual presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial celebra su cumpleaños. En un día como hoy, poco menos de un año después de la dimisión de Lesmes, y a pesar del contundente discurso del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, la sensación que desprendían algunos de los miembros del CGPJ era la de resignación ante el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. No obstante, según fuentes del Consejo, desde el órgano de gobierno de los jueces se podría solicitar un encuentro con los responsables políticos para tratar de trasladar en primera persona la gravedad de la situación e invitarles a hacer un esfuerzo para acercar posturas.

Es patente el hastío ante una situación que se prolonga demasiado tiempo -con el CGPJ con un mandato que lleva caducado casi cinco años- y que está llevando a la Justicia “al borde del colapso”, según manifestaba en su discurso el propio presidente del Supremo. Desde el órgano de gobierno de los jueces ansían ya un movimiento y hay quien llega a verbalizar ciertas dudas sobre su “legitimidad”. Resulta obvio, dice un destacado miembro del CGPJ, que hay que acometer una reforma del sistema de elección de los jueces, aunque señalan que, en este punto, lo primero debe ser la reforma con el sistema actual y luego emprender el cambio de modelo.

Más allá de los discursos oficiales, en el acto de apertura del año judicial se ha hablado mucho de Carles Puigdemont, de la forma en que puede llegar a condicionar a un futuro Gobierno y del encaje constitucional de una ley de amnistía. Reconocidos juristas no han negado el encaje constitucional de una posible amnistía, ni han afirmado lo contrario. Según algunos de los asistentes al acto, habría que estudiar concienzudamente el tema para poder opinar sobre ello, aunque opinan que el legislador, en principio, podría aprobar esa ley si alcanza el consenso necesario.

Si se aprobase esta norma, cuya constitucionalidad alguna jurista destacada ha defendido comparándola con la de 1977 –elaborada por las mismas Cortes que aprobarían luego la Constitución-, los jueces tendrían que aplicarla, aunque está claro que hay quien podría elevar una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Si el tribunal de garantías fallase en sentido contrario a la norma… ahí nadie se atreve a decir cuál sería el efecto. Hay quien aventura que, presentada dicha cuestión, los jueces dilatarían los procesos en la medida de lo posible hasta conocer el sentido del fallo del TC.

Otra cuestión que advierten los juristas es que, aunque apuntan que la de ahora es una posición de máximos, lo que se está planteando por parte de los independentistas es una amnistía que no se circunscribe a los hechos concretos que sucedieron durante el Procés, sino que tendría un alcance indeterminado para proteger otras acciones en el marco de la causa independentista.

Fuentes fiscales han advertido que ellos no tendrían nada que decir en la hipotética tramitación de esta norma, a menos que se hiciese en forma de proyecto de ley y se les consultase, pero eso sería una vez que se constituyese el Gobierno, pues no podría presentarlo estando en funciones. O en el caso de que fuese recurrida ante el Tribunal Constitucional.