Días decisivos para el fiscal general: los mensajes de su teléfono podrán ser accesibles para el juez Hurtado

¿Podrá conocer la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el contenido de los mensajes de WhatsApp del móvil y de la cuenta de correo electrónico del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz? ¿Se conocerá con quién presuntamente estuvo en contacto la semana del 8 al 14 de marzo? Estas preguntas están a punto de contestarse gracias a la información aportada al juez Hurtado tras sendas comisiones rogatorias atendidas por Google y WhatsApp.

Los expertos consultados por Economist & Jurist creen que con la información que aporta Google y WhatsApp, pedida por Hurtado, la investigación abierta por el Supremo avanzará a pasos agigantados. En concreto, se desvelará si realmente Álvaro García Ortiz pudo haber filtrado a la prensa un documento de conformidad de Alberto González, novio de Isabel Díaz Ayuso, lo que si se responde en sentido afirmativo supondría que incurrió en un posible delito de revelación de secretos.

El magistrado instructor, Ángel Hurtado, comunicó este miércoles que ha abierto una pieza separada con estos correos y ha decretado el secreto del sumario durante un mes. Al mismo tiempo, ha pedido a la UCO que cada cinco días le dé novedades sobre la información relevante que descubran, cuestión que a los expertos consultados por Economist & Jurist les parece oportuno. De hecho, las mismas fuentes no descartan que ante tanta información prorroguen dichas medidas por otro mes.

Para este magistrado experto en tecnologías, «las carpetas comprimidas zip, que recibe desde Google en Irlanda y desde WhatsApp en Estados Unidos, contienen mucha información del propio García Ortiz. En teoría, desde su cuenta de Google puede acceder al back up de los mensajes de WhatsApp. Ahí están los metadatos que ayudan a saber el momento específico de cada mensaje, a nivel horario y de día».

Desde su punto de vista, «con esta información que la UCO va a recuperar de dichas carpetas hay dos cuestiones clave que pueden aclararse. Si fue él quien filtro esa nota de presa que ha generado esta imputación por revelación de secretos, y quién se lo contó. Aquí podría ser previsible que compartiera esa información con algún ministro de Moncloa o el propio Sánchez».

En España, a diferencia de otros países, «el borrado de las pruebas, como al parecer hizo el fiscal general con su móvil y sus mensajes de WhatsApp, no es delito. En derecho penal está la inexigibilidad de la conducta y por eso no se le puede pedir que colabore. Esto se base en que hay un derecho a no declarar contra ti mismo, por eso por el borrado de esos datos está impune de cualquier sanción. Ahora la UCO deberá analizar los gigas de información que hay en esas carpetas».

Manuel Huerta, perito judicial, cree que el backup que guarda Google de los mensajes de Ortiz puede ser accesible y descargable para conocer con quién estuvo hablando y cuál es su implicación en este asunto. (Imagen: Lazarus Technology)

El backup de Google

Manuel Huerta, perito y socio director de Lazarus Technology, quien asegura haber participado en más de 700 casos judiciales, aclara que «WhatsApp no tiene los datos de nada. Esos datos están contenidos en un back up del teléfono dentro de la cuenta de Gmail del fiscal general asociada a esa aplicación móvil. Los datos devueltos se pueden haber logrado por dos vías; una que le han dado acceso a la cuenta de correo y la UCO ha entrado o que Google haya exportado lo que se llama un take out, una función de todas las cuentas de Google para exportar todos los datos».

Sobre este borrado, comenta que Google suele colaborar en este tipo de asuntos, pese a lo que se dice frente a Meta, X o Instagram, que colaboran menos. «El borrado de los servidores de Google no lo hace hasta seis meses. Al parecer se reclamó su colaboración a los dos meses, con lo cual no se puede eliminar definitivamente esa información. A partir de ahí, con esa información ya parada, a través de los autos judiciales se les ha dado acceso a la información requerida, exportada bien en una carpeta zip o por acceso directo a la cuenta de Gmail del fiscal general», explica.

Al final, para él, en esa carpeta zip hay información valiosa. «Los correos electrónicos que mandó asociados a esa cuenta estarán ahí, así como los datos de todo el histórico de WhatsApp. Son pruebas muy importantes para resolver su participación real sobre este asunto de la posible filtración de información a un tercero. Es previsible que la defensa de García Ortiz quiera invalidar la prueba alegando que también hay datos personales en esa información. La UCO tendrá que buscar los datos de WhatsApp de la aplicación en esas fechas concretas, sin ver esa otra información privada. Sin embargo, juega a su favor, al de la UCO, que en este caso el derecho a la privacidad no está por encima de la investigación», recuerda.

Para este experto en tecnología, «es complicado que Google haga un filtrado para sacar los datos de WhatsApp entre el 8 y 14 de marzo del 2024. Las bases de datos dentro del backup están cifradas y se tienen que abrir con el número del teléfono del fiscal. Hablamos de carpetas comprimidas zip donde está toda esa información. Fácilmente puede haber 250 gigas de datos. Una cantidad de información que habrá que partir en trozos, pues no se puede bajar de golpe. Te los dan en bloques de 50 gigas, habitualmente. Con esa función de takeout, la cuenta de Google estará trabajando dos o tres días imprimiendo toda la información que hay. Al final tienes un fichero comprimido para que te lo descargues».

En este sentido, Huerta aclara que «cuando abres el primero fichero, concatena con todos los demás y te abre una imagen completa de toda la información que hay. Lo que se podría haber hecho es coger un teléfono nuevo, conectarse a la cuenta y restaurar ese backup donde está toda la información. El juez tendrá toda la información de esas conversaciones, según sabemos había siete backup del teléfono antes de que se borrara dicha información».

Para Huerta, «en esta actividad Google podría tener un problema legal. Google no puede ofrecer los datos de mensajería instantánea de un tercero, aplicación que estaba en el teléfono del fiscal general. Por eso te da toda la información asociada a esa cuenta para que se busque lo que se considera necesario. Si el analista de Google extrajera esos datos se podrían poner en cuestión, sería un tercero que no está en la causa y que ha devuelto unos datos que no hay forma de verificarlos. La única solución para que se mantenga la cadena de custodia de la prueba es que se haga la descarga de todo el contenido».

El abogado Ignacio Sánchez advierte del crecimiento exponencial de los delitos de revelación de secretos: «Es fundamental una buena custodia de la prueba». (Imagen: Hogan Lovells)

Un momento clave para la investigación

Hay que recordar que esta nueva documentación llega en un momento clave de la investigación, centrada en esclarecer si desde la Fiscalía se filtró deliberadamente un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— en el que reconocía dos fraudes fiscales y proponía un acuerdo a cambio de evitar la prisión.

Esa filtración, ocurrida entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, provocó que González Amador se querellara contra la Fiscalía por revelación de secretos. Poco después de ser formalmente encausado, García Ortiz eliminó todos los datos de su dispositivo móvil, dificultando enormemente las pesquisas. Pero ahora, según el auto del juez, los datos requeridos podrían haberse recuperado gracias a la colaboración de las tecnológicas.

Para Ignacio Sánchez, socio responsable del área de Investigaciones, Compliance y Penal Económico de Hogan Lovells en Madrid, «hay que darse cuenta que el tema del descubrimiento y revelación de secretos cada vez se persigue más y a todos los niveles. Cuando tienes una información que es un secreto para las partes y se la das a un tercero para utilizarla con determinados intereses, eso encaja dentro del tipo penal. Hay uno que está en el artículo 197 del Código Penal que es el básico, otro el articulo 417 sobre la filtración por parte de una autoridad es también delictivo».

En su opinión, no es casual que el  fiscal general haya querido destruir las posibles pruebas para que no se le incriminase: «Estamos ante un momento clave del procedimiento. Si realmente el juez Hurtado cuenta con la información proporcionada por Google y WhatsApp, la investigación puede dar un giro de 180 grados. Es lógico que este magistrado declare secreto este asunto y lo convierta en pieza separada para evitar más filtraciones sobre esta cuestión. Estas plataformas tienen la información durante un tiempo determinado, se ha pedido en ese espacio de tiempo y al parecer se cuenta con la información del teléfono del propio fiscal general».

A su juicio, «es lógico que se abra esa pieza separada por la propia repercusión del asunto y que la UCO le informe cada cinco días de lo que vaya descubriendo del teléfono de Álvaro García Ortiz. Todavía no sabemos realmente lo que se ha recuperado. Puede ser una prueba clave para el propio futuro del mencionado fiscal general. Es evidente que entramos en una fase decisiva de esta instrucción, en cuanto a que esa información que se logre recuperar contenga datos clave de este asunto. La teoría del hallazgo casual habla de que buscando un delito te encuentras con otra cuestión de manera fortuita».

Este interlocutor reconoce que las pruebas digitales han venido para quedarse en cualquier procedimiento judicial. A su juicio, hay que mantener la cadena de custodia de la misma para evitar que pueda ser impugnada por la otra parte en el transcurso de cualquier asunto judicial. «En este asunto hay dos cuestiones jurídicas de relieve, una la legalidad de acceder, fuera de toda duda porque la ha pedido un juez y al mismo tiempo preservar dicha cadena de custodia para que realmente se justifique que la información facilitada es la que había en su teléfono móvil. Por lo que sabemos será difícil de discutir», concluye.