Díaz Ayuso subraya que «el derecho de los ciudadanos a ser iguales ante la ley es el pilar más importante de una democracia»

El Gobierno autonómico de Madrid aumentará la inversión para el servicio público de asistencia jurídica gratuita, destinado a las personas más vulnerables, hasta los 66,6 millones. Así se ha fijado en un acuerdo suscrito esta mañana en la sede de la Consejería de Presidencia y Justicia en un acto público. El texto recoge iniciativas como una subida lineal de todos los baremos, siendo de un 4% este año y de un 3% de 2025 a 2027; un 13% al final de la legislatura.

Al mimo tiempo, el acuerdo contempla 11 nuevos por actuaciones profesionales que serán retribuidas. También se aumentan las compensaciones económicas por las guardias especiales y se impulsarán actuaciones en materia de digitalización para optimizar la participación y la comunicación de ciudadanos y profesionales con la Administración de Justicia.

El año pasado 85.884 personas se beneficiaron de la asistencia jurídica gratuita, un 4,4% más que en 2022. Los expedientes registrados más numerosos estaban relacionados con el orden Penal (60%); Civil (24%); Contencioso-Administrativo (8%); y Social (7%).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló este lunes que el derecho de los ciudadanos a ser iguales ante la ley “no es uno de los pilares básicos, si no el más importante, de una democracia liberal”.

Díaz Ayuso ha firmado hoy un acuerdo con los Colegios oficiales de abogados y procuradores de la región para reforzar la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio para las personas más vulnerables, con un aumento de la inversión hasta los 66,6 millones de euros en 2027, casi un +30% a lo largo de la Legislatura.

Este convenio es el primero a largo plazo en España rubricado entre una Administración Pública con las competencias en esta materia y todos los colegios profesionales en este ámbito que servirá “para reforzar la tutela judicial efectiva” fijado en el artículo 24.1 de la Carta Magna.

En un acto celebrado en la Real Casa de Postas de la capital, la jefa del Ejecutivo autonómico ha firmado el documento con el decano Eugenio Ribón, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid; Ángel Llamas, decano del Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares; y Alberto García, presidente del Colegio Madrileño de Procuradores.

En el evento han estado presentes distintos operadores jurídicos como Ricardo Garrido, nuevo presidente del consejo General de Procuradores; la senadora Yolanda Ibarrola; o los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Antonio Moreno y Gemma Espinosa, amen de diputados de las Juntas de Gobierno de estas instituciones.

Palabras de Isabel Díaz Ayuso destacando la importancia de la Justicia como pilar del Estado de Derecho. (Imagen: CAM)

Madrid y los facilitadores judiciales

La presidenta madrileña ha subrayado que la Comunidad de Madrid es la primera región de España en poner en marcha el servicio público gratuito de facilitadores judiciales, para asegurar que todas las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a estos procesos en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.

Madrid es también la única Comunidad Autónoma que ha puesto en marcha el Servicio de Representación Procesal, para garantizar gratuitamente un procurador a las víctimas de violencia contra las mujeres y los delitos de odio. Asimismo, la presidenta madrileña ha destacado que el Gobierno regional invertirá en los próximos años 830 millones en esta materia, siendo la Ciudad de la Justicia la actuación más ambiciosa, con 653 millones que harán de este complejo el más grande, accesible y sostenible del mundo.

Ayuso también ha recordado como desde el año 2019 se han inaugurado los palacios de justicia de San Lorenzo de El Escorial, Navalcarnero y Valdemoro; y en pocos días entrará en funcionamiento la sede de Getafe; mientras que en marzo del próximo año empezará a funcionar la de Torrejón de Ardoz.

A ello hay que sumar el inminente comienzo de construcción de los nuevos edificios de los juzgados de Collado Villalba y Móstoles; el inicio del proceso para los de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda; la ampliación de Arganda del Rey; y los 10 millones de euros destinados a la rehabilitación y reforma de las instalaciones en Leganés, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada.

También se ha referido al incremento de 1.350 funcionarios interinos en este ámbito “ante la falta de convocatoria de plazas del Ministerio de Justicia”, así como las de las plantillas en Fiscalía, juzgados civiles de la capital, Instituto de Medicina Legal y Oficinas de Asistencia Víctimas de Delito, además de la mejora de las condiciones laborales de estos 7.200 trabajadores gracias al acuerdo firmado con todos los sindicatos.

Momento en el que la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y los Colegios han firmado este acuerdo. (Imagen: CAM)

Un acuerdo de legislatura necesario

En su turno de palabra cada decano expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado para toda la legislatura. Así, Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), destacó que “con este pacto hacemos la justicia asequible, accesible y digna a todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica. En 1596 cuando se creó en ICAM por 37 compañeros ya se manifestaron para trabajar por turnos para dar servicios a los ciudadanos más desfavorecidos”.

Ribón recordó que “ahora hablamos de más de 5.000 compañeros que prestan el servicio en Madrid con gran vocación de servicio público. El acuerdo tendrá gran impacto en miles de ciudadanos con escasos recursos y en los abogados y abogadas adscritos al turno de oficio. Es importante que gracias al diálogo con la Comunidad de Madrid y su Consejería de Justicia y presidencia llegamos a este acuerdo”.

El decano madrileño recordó que a día de hoy “las solicitudes crecieron un 4%, las designaciones un 7% y las asistencias prestadas un 11%. Al mismo tiempo este acuerdo rubrica el incremento sostenido y lineal de los baremos en lo que queda de legislatura hasta el 13%. Es la primera vez que en la CAM se produce ese incremento progresivo y continuado”.

Eugenio Ribón ha revelado que en este acuerdo “hay nuevas remuneraciones de actividades específicas, así se incorporan nuevas actuaciones como las medidas provisionales en los procedimientos de familia o las comparecencias de internamiento de los menores. El incremento en la partida de justicia es del 18,32% pasando de 56 millones al año a los 66,6 en el 2027. Al mismo tiempo la CAM se compromete a trabajar por buscar estacionamientos para lo abogados en sedes judiciales”.

La presidente madrileña ha estado arropada por diferentes personalidades en este acto institucional. (Imagen: CAM)

Por su parte, Alberto García, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, resaltó la importancia de este pacto de legislatura, el primero que se firma de estas características entre una administración y las entidades colegiales en materia del turno de Oficio y Justicia Gratuita: “Gracias a ese pacto hay una política de entendimiento y de consenso por el bien del justiciable y por las personas que ejercen el turno de oficio”.

Al mismo tiempo comentó que “el turno de oficio, no son números ni estadísticas, son personas que tienen problemas y nosotros, sus abogados, desde el servicio que les prestamos podemos ayudarles a resolver esas cuestiones. Cada citación que recibimos viene con un nombre y apellidos. Tanto las administraciones como los propios colegios debemos ayudarles en su vida diaria y en esos problemas”.

En su opinión “los porcentajes de incremento ayudan a esta profesión y la hacen que sea más fuerte a día de hoy: «Creo que este pacto de legislatura es posible al equipo de trabajo de la Sra. presidenta, encabezado por el Consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García. También soy afortunado con mi equipo de colaboradores, y en especial Antonio Sánchez Jauregui, una de las personas que más sabe del Turno de Oficio y de la Justicia Gratuita de este país”.

Por su parte Ángel Llamas, decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, comentó en su intervención que “este es un día importante para la asistencia jurídica gratuita por el acuerdo que hemos alcanzado las entidades colegiales con la Comunidad de Madrid. Recuerdo que en el 2018, la presidenta Ayuso era viceconsejera de Justicia y ya contactó con los colegios para explorar vías de colaboración entre entidades”.

Para Llamas “con estas mejoras en los baremos se refuerza la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Con este acuerdo se logra una aspiración importante y es que no haya ninguna actuación de estos profesionales sin retribución. Otro tema importante es que el acuerdo defiende la gestión del servicio por parte de los colegios de abogados y procuradores”.

Otro elemento que destacó el decano de Alcalá es “la actualización de los baremos para toda la legislatura hasta sumar un 13% cuando acabe el periodo 2024 a 2027, lo que evitará la perdida de poder adquisitivo. Ahora estaremos pendientes del correspondiente Decreto que de forma al acuerdo que este lunes hemos suscrito ambas partes. Un acuerdo que reconoce el compromiso de la CAM con la justicia como uno de los pilares del Estado de Derecho”.