Doce abogados del ICAVigo se postulan a la Presidencia del CGAE reivindicando el cambio del sistema de elección

En total, 28 abogados han presentado su candidatura a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), de los que 12 pertenecen al Colegio de la Abogacía de Vigo (ICAVigo), ejercientes en la ciudad de Vigo: Emma Alonso Méndez, Manuel Arias Santos, Consuelo Barreiro Couñago, Nuria Cachafeiro Lemos, Graciela Catalina Cal Villar, Pilar Fernández González, Beatriz Ferrer Falque, Manuel Ángel García Álvarez, María Jesús Martínez Borjas, Nieves Pilar Otero Lamas, Carlos Jacinto Rial Suárez y Paula Táboas Suárez, muchos de ellos integrantes de la Plataforma Marea Negra Jurídica y/o de la Asociación Nacional de Afectados de la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA).

Inicialmente, fueron presentadas 29 candidaturas a las elecciones del próximo 28 de junio, pero uno de los postulantes retiró la suya, José Luis Mazón.

«Nuestra candidatura multicéfala responde a un momento reivindicativo en defensa del Turno de Oficio digno, pensiones dignas y especialmente crítico con el sistema de elección del presidente del CGAE, un sistema caduco y anacrónico en el que pueden ser elegibles todos los abogados ejercientes de España, pero el cuerpo electoral únicamente lo forman los 83 decanos de los Colegios de la Abogacía de toda España, por lo que siempre sale elegido alguno de ellos», afirman los doce abogados del ICAVigo en un comunicado conjunto.

«Somos doce, pero con una sola voz. Todos reivindicamos lo mismo», declara a Economist & Jurist Manuel Ángel García, uno de los candidatos, y señala que «aunque se pueda presentar cualquier abogado ejerciente, en la práctica los únicos que tienen posibilidades son los decanos, porque el elegido saldrá de una votación de los 83 decanos de los Colegios de la Abogacía, integrados en el Consejo». Por ello, entre sus reivindicaciones está el cambio del sistema de elección y «que sea la abogacía quien vote para elegir al máximo representante de la profesión».

De izquierda a derecha: Manuel Ángel García Álvarez, Manuel Arias Santos, Nuria Cachafeiro Lemos, Carlos Jacinto Rial Suárez, Consuelo Barreiro Couñago, Beatriz Ferrer Falque, Nieves Pilar Otero Lamas, Paula Táboas Suárez, Pilar Fernández González, María Jesús Martínez Borjas y Graciela Catalina Cal Villar. (Imagen: Fernando Prieto)

Otra de las reclamaciones de estos doce postulantes es que haya «una mayor implicación del CGAE hacia la problemática en la que se encuentra el colectivo con las jubilaciones«. En este sentido, afirman que «la Mutualidad de la Abogacía nació como caja solidaria entre profesionales y ha ido evolucionando hasta convertirse en negocio asegurador, de manera que sólo quienes con un gran esfuerzo efectúan aportaciones económicas excepcionales pueden alcanzar una renta mensual en su jubilación de carácter digno, pero los que se han limitado al pago de la cuota básica obligatoria, se ven abocados a una pensión que no supera la cuantía de 420 euros al mes, sin pagas extras ni actualizaciones».

Y señalan que tanto los Colegios como el Consejo General «han hecho dejación de su función de control del sistema y de defensa de los intereses de los mutualistas como partícipes de un sistema alternativo a la Seguridad Social, lo que ha provocado una ola reinvindicativa a nivel estatal en la búsqueda de una pasarela al RETA, considerando las cotizaciones realizadas en la Mutualidad como efectuadas el sistema público a efectos de reconocimiento de derechos pasivos».

«Las quejas hacia nuestras instituciones rectoras se extienden también a la regulación y retribución del Turno de Oficio, indignas a todas luces», pues consideran que «las instituciones no negociando adecuadamente dichos aspectos». Al respecto, destacan que los profesionales del Turno de Oficio «atienden los casos que se les encomiendan con la misma diligencia y probidad profesional que a un cliente privado, pero la retribución que perciben es irrisoria y además tardía, después de múltiples trámites para justificar su derecho al cobro».

Entre sus reivindicaciones también está la cotización a efectos de derechos pasivos por todo el período de alta en el Turno de Oficio, como servicio público que es, y que las retribuciones se efectúen en el plazo de un mes desde que se justifican, «como últimamente ha aclarado la Comisión Europea».

«La inoperancia que se advierte en los órganos de la abogacía es lo que ha motivado la presentación de estas candidaturas que, aunque realizadas de forma individual, persiguen todas ellas dar publicidad a las anteriores reivindicaciones e intentan buscar soluciones desde el interior de las instituciones, aún a sabiendas de que el caduco sistema electivo difícilmente permitirá el acceso de ningún profesional de base», concluyen.