PSOE y Sumar hablan de reforzar el Turno de Oficio, pero Justicia sólo sube un 5% los baremos en 2024

“Reforzaremos la justicia gratuita y el Turno de Oficio como servicios públicos esenciales, mejorando los mecanismos de información a la ciudadanía sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita y los requisitos y las condiciones de la prestación” es el enunciado que aparece en el acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Sumar para avalar la candidatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Esa declaración de intenciones aparece el mismo día en que se da a conocer la oferta de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para subir los baremos del Turno de Oficio sólo un 5% para 2024, pese a que llevan sin tocarse desde 2018, lo que ha generado la indignación del CGAE y de las asociaciones de abogados, que confirman que en el trámite de audiencia para mejora de esos baremos que concluye el próximo 14 de noviembre presentarán alegaciones.

El documento de PSOE y Sumar, que abarca 48 páginas con 11 apartados donde se aborda la economía, medidas para el empleo y acceso a la vivienda, la agenda verde del país o la mejora de las administraciones entre otras cuestiones ofrece al final del mismo en el apartado Democracia y Justicia un decálogo de medidas.

Así, lo encabeza la idea de garantizar la reforma de los órganos constitucionales y del CGPJ “frente a la deslealtad de algunos”; el impulso de la ley de Memoria Democrática y otra ley de bebés robados, el reconocimiento y reparación de la represión de mujeres y colectivo LGTBI durante el franquismo, además del fortalecimiento de la ciberseguridad y la mejora de condiciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Junto a ellas también se esboza la derogación de la normativa que vaya contra los derechos de reunión y expresión, en especial la conocida como ley mordaza. En cuanto a la mejora de la Justicia, se indica que se dotará de más medios humanos y técnicos apostando por la digitalización y una reforma procesal de calado que agilice los procedimientos donde se homologue el Ministerio Fiscal a los estándares europeos.

En ese documento también se apuesta por la mediación y la justicia restaurativa como fórmula de resolver los conflictos por vía extrajudicial y se abre la puerta y se señala la apuesta “por un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales, desarrollando un sistema de becas públicas, ayudas y compensaciones para preparar el acceso al empleo público en la justicia, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades”.

Una subida mejorable

Este programa de Gobierno se ha dado a conocer el mismo día que trascendía la oferta del Ministerio de Justicia de los baremos del Turno de Oficio, sólo del 5% en el 2024, Para Javier Martín, secretario general del CGAE, explica que habrá una reunión interna este jueves para presentar alegaciones en el trámite de audiencia abierto. “Sólo el IPC es el 17% y nosotros habíamos pedido que se incluyeran algunos procedimientos judiciales que no están previstos en el baremo. Queremos que el incremento sea mayor porque los baremos no se han tocado desde el pasado 2018 y ese año fue muy leve”.

Javier Martín, secretario general del CGAE. (Foto CGAE)

La cabeza visible de las negociaciones es Antonio Morán, presidente de la subcomisión de Justicia Gratuita, que está empujando estos trabajos. Se quiere que, como ya indicaba Economist & Jurist hace unos días, al mismo tiempo de las subidas de jueces y fiscales con los LAJs se haga también un esfuerzo para actualizar los baremos de los abogados del Turno de Oficio.

Desde las asociaciones y desde el CGAE se apuesta por una modificación legislativa que regule la subida anual de los baremos teniendo en cuenta el IPC. “Nosotros los planteamos para incluir en una transitoria de la ley Orgánica de Derecho a la Defensa, pero como se disolvieron las Cortes ahí se quedó. También queríamos que se incluyera las personas jurídicas y otras cuestiones. Al final hace falta una ley nueva que regule la Justicia gratuita”, defiende Martín.

El malestar de las asociaciones del Turno de Oficio es más que evidente. Se han enterado por la prensa de que hay negociaciones abiertas y no entienden cómo no están en esa negociación como una de las partes implicadas. El último contacto fue en el Congreso de la Abogacía de Salou, pero fuera de ese ámbito el contacto es escaso.

Recurrir a la huelga para presionar

Belén García, abogada y secretaria general del sindicato Venia, confirma que su entidad también presentará alegaciones a la propuesta del Ministerio de Justicia, no descartando otras acciones paralelas como movilizaciones y la posibilidad de empujar una huelga a nivel nacional. “Los baremos son muy escasos en toda España, en el caso de Galicia la partida para Justicia Gratuita de la Xunta en el Proyecto Ley Presupuestos para 2024 aumenta un 2,91% para la abogacía y un 3,34% en la procura. Muy escaso”.

Desde Venia se cuestiona ese 5% que plantea el Ministerio de Justicia para 2024. “Hubo una bajada de honorarios que sufrimos en 2008 y 2010, lo subieron un poco en 2018, pero el nivel de vida es muy elevado y hemos perdido poder adquisitivo. Cada vez hacemos las guardias por menos dinero. Hay compañeros en esta situación y por las huelgas de LAJs y funcionarios de justicia han cerrado sus despachos. Suben los salarios a LAJs, jueces y fiscales que ahora hacen horas extraordinarias y ponen juicios por la tarde, lo que hace que cobren ese tiempo extraordinario. Esto nos perjudica a la Abogacía, que nos obliga a trabajar en esas horas, con la apretada agenda que tenemos”.

Belén García, secretaria general del sindicato Venia. (Foto: Venia)

Desde Venia se ve la huelga como una medida de presión para buscar esa mejora de baremos y condiciones del Turno de Oficio. “Es posible que empezara un día a la semana y se fuera incrementando progresivamente si no responden el Ministerio y las comunidades autónomas. Las retribuciones son escasas, pero luego hay mucho trabajo que no cobramos, como recursos de apelación frente a prisiones y frente denegaciones o concesiones de órdenes de protección son gratis, así como las ejecuciones y recursos reforma”, apunta.

Belen García aclara que su organización está peleando por formar parte de las mesas de negociaciones de los baremos en algunas autonomías. “No tiene sentido que se siente sólo el Colegio de Abogados a negociar, tiene un conflicto de interés evidente. Tiene que pedir dinero para su institución como gestora del servicio y al mismo tiempo para los abogados del Turno. A este respecto, no nos sentimos representados por Antonio Morán, presidente de la Subcomisión del CGAE del Turno de Oficio que no nos reconoce y no respalda nuestras reivindicaciones”.

No se cubre el IPC del 2022

Para Virginia de la Cruz, presidenta de ALTODO, entidad que en los próximos dos días celebra su Congreso en el ICAM, donde se abordará este asunto “la subida es ridícula”. El decreto de justicia gratuita se publicó en 2003 y ha tenido pequeños cambios. El 5% ofrecido es inferior a la subida del IPC de 2022. Hay que darse cuenta de que los baremos no se han revisado desde 2018. Si están revisando todas las retribuciones del personal de justicia, lo lógico es que también lo hagan con los abogados del Turno de Oficio”.

Virginia de la Cruz, presidenta de ALTODO. (Foto: ALTODO)

Señala que “la subida de 2109 fue por debajo del IPC. Haría falta una subida del 17% para recuperar el dinero perdido estos años. Siguen sin tocar las ejecuciones si se presentan en el plazo de dos años desde la resolución, muchos recursos pendientes o las reformas de las personas jurídicas que son obligatorias. Pedimos un trato digno. Nuestra función es esencial para el funcionamiento de la justicia “-

En esta asociación, centrada de forma exclusiva en la defensa del Turno de Oficio, no entienden que no se cuente con ellos para estas negociaciones. “La subida que plantea el Ministerio de Justicia es inaceptable. Presentaremos alegaciones en este periodo de audiencia pública porque no estamos de acuerdo con dicha propuesta que acabamos de conocer. No nos parece ni medio aceptable. El CGAE no cuenta con nosotros ni tampoco nos informa de lo que hace. Nos enteramos por la prensa especializada”.

«El CGAE no nos informa de nada»

Por su parte, Alicia Vega, presidenta de la Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (CEAT) y de la Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Toledo, también aclara que su asociación presentara alegaciones. “La actualización del 2018 fue mala, pero ha sido la última que se ha hecho. Lo que ahora plantea el Ministerio de Justicia es una burla y no podemos permitirlo. La vida ha subido más del 5% que ahora plantea”.

Al mismo tiempo, reconoce que “no se puede aceptar esa oferta y el movimiento asociativo va a presentar sus alegaciones porque la propuesta es escasa. Estamos más de acuerdo con la propuesta del CGAE, que reclama un 17% que podría ser más ajustado al momento actual. Ni siquiera el IPC nos resuelve el problema porque de las cuantías que se parte no son adecuadas al trabajo que se realiza. Primero hay que adecuar esas tarifas y luego actualizarlas al IPC”.

Alicia Vega, presidenta de CEAT y de ASATO. (Foto: Archivo)

En su opinión, “el movimiento asociativo debería estar presente en este tipo de reuniones de trabajo. Creo que no es lógico que nos enteremos por los medios de comunicación de lo que está pasando. Tampoco nos han pedido opinión ni sabíamos que hay este tipo de reuniones, con lo cual no hemos podido trasladar al CGAE nuestro sentir sobre este tipo de cuestiones. Siempre se podrían establecer reuniones previas para darle al CGAE nuestra visión de estos temas”.

El 5% son “migajas”

Desde la Plataforma Abogacía y Turno, Miguel Ángel González de Miguel uno de sus promotores explica a Economist & Jurist que “nos enteremos ahora de estas reuniones. Creemos que el 5% que se plantea son unas migajas, no corresponde con la realidad. También ese 17% que reclama el CGAE sería insuficiente. La subida es escasa y si se hace para maquillar un poco al Gobierno por el tema de la investidura y la amnistía resulta del todo insuficiente esa mejora que se plantea”.

En su opinión, “nuestra plataforma presentará alegaciones en este trámite de audiencia que se abre hasta el próximo 14 de noviembre. Es insuficiente totalmente para que este bien retribuido el servicio que hacemos los abogados y abogadas que estamos adscritos al mismo. La sensación es que somos, como ya dije a este diario, los últimos de la fila a la hora de mejorar nuestras retribuciones. Es una falta de respeto a nuestro colectivo”.

Miguel Ángel González de Miguel, socio fundador de la Plataforma Abogacía y Turno. (Foto: E&J)

Para Guerrero, “la noticia de esta pequeña subida ha caído como un jarro de agua fría en todo nuestro colectivo. Lo mínimo seria llegar a ese 17% que plantea el CGAE, pero a partir de ahí habría que lograr subidas anuales en función del IPC. La subida debe de estar en consonancia con lo que se paga en otras comunidades autónomas y no existan, como hay ahora, comunidades autónomas de primera y otras de segunda. Realmente esta subida no resuelve nada a nuestros profesionales porque además hay trabajo que no se retribuyen en la actualidad”.

Por su parte, la asociación “APROED” (Abogados y Ciudadanos pro Estado de Derecho), a través de su vicepresidente, el abogado Antonio Agúndez, denuncia especialmente la llamativa carencia en el baremo del Ministerio, entre otras actuaciones no retribuidas, del proceso de habeas corpus durante la asistencia penal al detenido”. Será una de alegaciones que presente esta asociación en este trámite de audiencia.

“Esto es, pese a tratarse de un proceso autónomo, de carácter constitucional y encaje europeo (como tutelar de las garantías del detenido reconocidas en el artículo 17.1 y 3 de la Constitución Española y la Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho a la información en los procesos penales) Aunque se ejercite, no se cobra nada”, comenta este abogado.

Desde su punto de vista, ante esta situación parece que hay una reflexión clara que hacerse en este contexto. Siendo mayoritaria la abogacía de oficio en la primera asistencia penal a detenidos, este abogado se pregunta si vulnera el Gobierno de España, de forma indirecta, Directivas UE cuando desincentiva económicamente usar esta garantía de los derechos del ciudadano europeo frente a una detención ilegal”.

Por su parte, la asociación “APROED” (Abogados y Ciudadanos pro Estado de Derecho), a través de su vicepresidente, el abogado Antonio Agúndez, denuncia especialmente la llamativa carencia en el baremo del Ministerio, entre otras actuaciones no retribuidas, del proceso de habeas corpus durante la asistencia penal al detenido”. Será una de alegaciones que presente esta asociación en este trámite de audiencia.

Antonio Agundez, vicepresidente de APROED. (Foto: ICAM)

“Esto es, pese a tratarse de un proceso autónomo, de carácter constitucional y encaje europeo (como tutelar de las garantías del detenido reconocidas en el artículo 17.1 y 3 de la Constitución Española y la Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho a la información en los procesos penales) Aunque se ejercite, no se cobra nada”, comenta este abogado.

Desde su punto de vista, ante esta situación parece que hay una reflexión clara que hacerse en este contexto. Siendo mayoritaria la abogacía de oficio en la primera asistencia penal a detenidos, este abogado se pregunta si vulnera el Gobierno de España, de forma indirecta, Directivas UE cuando desincentiva económicamente usar esta garantía de los derechos del ciudadano europeo frente a una detención ilegal”.