El acuerdo entre PSOE y Sumar propone un nuevo marco normativo en el mercado de trabajo

El acuerdo entre el PSOE y Sumar para la constitución de un nuevo Gobierno progresista contempla objetivos ambiciosos que, según expertos consultados por Economist & Jurist, podrían impulsar una nueva reforma laboral con cambios notables que preocupan a las empresas. Esta medida puede afectar al crecimiento y la creación de empleo.

En ese documento se habla de la reducción, en dos fases, de la jornada laboral a 37,5 horas semanales; una nueva regulación del despido que se ajuste a la legislación europea, reforzando las causas de este; y la continuidad de la senda alcista del salario mínimo interprofesional (SMI), de forma que en el Estatuto de los Trabajadores quede reflejado que debe acompasarse al 60% del salario medio.

Según el texto del acuerdo, presentado en rueda de prensa por el presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, la política económica del próximo Gobierno se orientará a alcanzar el pleno empleo y a lograr que la tasa de paro converja con la media europea a lo largo de la legislatura. Además, pretende situar la tasa de empleo “por encima del 70%”, en línea con el resto de las economías de la UE.

Las medidas que planea la coalición PSOE y Sumar tienen el sello de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz  (Foto: E&J)

En este escenario se habla de impulsar «una segunda oleada de derechos laborales» en los próximos cuatro años, culminando un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que establecerá «una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales. Desde los autónomos hasta los cooperativistas, fomentar el desarrollo del trabajo por cuenta ajena que incorpore expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos, y la transición verde, a través de fórmulas de negociación colectiva que garanticen la sostenibilidad».

Este Estatuto pretende reforzar las garantías de los trabajadores en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues y se revisarán las causas para acogerse a estos procedimientos para que sólo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa puedan recurrirse a ellos.

Necesidad del diálogo social

Para Fernando Ruiz, socio de laboral de Deloitte Legal y responsable del grupo de Seguridad Social de Asnala, “el documento deja claro que estos cambios profundos que se plantean serán dentro de la mesa de diálogo social donde coexisten empresarios y trabajadores. Si estos cambios no se consensuan están abocados al fracaso. Las reformas laborales que han funcionado han contado con ese apoyo. Lo importante es que no haya un decretazo del Gobierno sin este diálogo social que es necesario”.

Desde su punto de vista, “realmente lo que se plantea es una nueva reforma laboral o mejor dicho una propuesta de reforma laboral bastante profunda que necesita, como ya se hizo con la última, de un acuerdo con los agentes sociales para que realmente pueda cuajar y estar operativa en la próxima legislatura si realmente se forma Gobierno”.

Este experto en relaciones laborales reconoce que la intranquilidad de las patronales CEOE y CEPYME y del propio Congreso de Empresa Familiar celebrado en Bilbao, donde los empresarios han mostrado su malestar por esa posible imposición de medidas. Aseguran que “todo lo que es tocar la jornada máxima genera intranquilidad porque si reduces horas y pagas lo mismo, los costes se elevan. Se da menos valor a la hora de trabajo, realmente”.

Ruiz recuerda que “la posible reducción de jornada será progresiva, sería hasta las 38,5 en el 2024 y en el 2025 llegar a las 37,5 horas. Debería venir por una reducción de cotizaciones, pero viendo como tenemos el déficit de Seguridad social, ningún Gobierno va a reducirlas. A lo que van los modelos laborales es a mayor flexiseguridad. Esta reducción tendrá que hacerse de manera específica en cada sector. Habrá algunos donde se pueda hacer y otros donde será complicado hacerlo”

Para este experto, esta medida “debe ir a la negociación colectiva, lo que no sería aconsejable es que pasara como en Francia que se impuso una jornada laboral de 35 horas y no funcionó y acabo revirtiéndose. Quien conoce las medidas que se pueden aplicar en cada sector son las empresas y sus sindicatos». Esta cuestión, a su juicio «debería acabar en la mesa del diálogo social”.

Fernando Ruiz, socio de laboral de Deloitte Legal, cree que no es momento para modificar las causas del despido (Foto: E&J)

Otra cuestión que este documento estratégico subraya es “ir hacia el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Es uno de los objetivos desde que Yolanda Díaz se hizo con el ministerio de Trabajo. De momento, lo que hace es parchear lo que tenemos. No se hace un análisis para empezar otro. Esos cambios hay que abordarlo en la mesa tripartita del diálogo social donde confluye Gobierno, empresarios y trabajadores. Sabemos que también hay un grupo de expertos trabajando, pero no conocemos su actividad por el momento”.

Sobre el principal escollo a la hora de modificarlo “es que estamos ante una norma que regula la normativa laboral en todo el país y no te puedes equivocar. Se están haciendo parches en determinadas cuestiones puntuales para intentar mejorarlo, pero cambiarlo porque si algo que está funcionando es arriesgado.  El problema actual es que se están aprobando muchas formas fuera del Estatuto que afectan a la normativa laboral, así el derecho a la desconexión aparece en la normativa de protección de datos”.

Desde su punto de vista, “es posible que tengamos que ir al modelo francés donde hay un único Código Laboral donde se han recogido todas las normas que afectan a las relaciones laborales. La solución podría ser refundir el Estatuto con todas esas normas que están fuera de esta normativa”.

La polémica del despido y sus indemnizaciones

Respecto a los cambios que se plantea sobre el despido, para este experto “no parece que haya motivos que justifiquen modificar ahora mismo los costes de despido, por lo menos hasta que se pronuncie en Europa el Comité Europeo de Derechos Sociales. La normativa laboral de despido está funcionando tanto para trabajadores como para empresas. No creo que ayude a nuestra economía un cambio en las reglas del despido, en relación con otros países no está muy diferenciada de su entorno”.

Sobre el pacto de rentas como objetivo para equilibrar los salarios de los trabajadores y la inflación existente, este jurista considera que “estamos en un año con una inflación tan alta que parece difícil alcanzar dicho pacto. Es otro tema para discutir en la mesa de diálogo social. Debería buscarse un acuerdo para que funcione y perdure en el tiempo. Sin ese acuerdo muchas medidas estarán abocadas al fracaso. Desde aquí habrá que abordar cualquier otro nuevo cuento al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”.

Respecto al SMI indica que “supone más coste para las empresas, tanto directo e indirecto en cuanto a coste de Seguridad Social. Cada subida de salario lleva añadido una subida del 30% en cotizaciones a la Seguridad Social, por eso insistimos en que ese Pacto de Rentas se logre dentro de la mesa de diálogo social”.

En cuanto al funcionamiento del SEPE, que impulsa las políticas activas de empleo, Fernando Ruiz cree que “hay que promover una reforma que está pendiente desde hace un año de realizar. Si mejora el funcionamiento del SEPE y de la Secretaría de Estado Empleo se darán mejoras en el mercado laboral español. Es importante invertir en esta entidad para lograr una verdadera reducción del desempleo en nuestro país”.

Respecto a la Seguridad Social y los cambios que se proponen, “hay que seguir avanzando en la flexibilización que ya acomete esta entidad en cuanto a la jubilación activa. Que sea más flexible la forma en la que una persona se jubila parcial o totalmente y pueda mantener una actividad. El envejecimiento de la población activa no puede provocar que se pierda talento por el hecho de la edad”. Pues, desde su punto de vista, en términos de la Seguridad Social, hay un gran desafío “como es la jubilación de la generación del baby boom. No podemos hacer que unas normas rígidas obliguen a jubilarse a profesionales capaces, que se encuentran bien y pueden aportar mucho al mercado laboral. Es uno de los retos de los próximos años que el documento no aborda a fondo”.

Para Ruiz, “en este contexto habrá que impulsar el trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No se habla de ello en el documento, pero está claro que cuanto mejores medios tengan, su funcionamiento en la supervisión y control de las relaciones laborales mejorará. Hay que seguir invirtiendo en este colectivo profesional, clave en esta supervisión”.

Una iniciativa de calado

Para Carlos de la Torre, socio de Gomez-Acebo & Pombo y vicepresidente de Adirelab, “es una declaración de intenciones muy ambiciosa con el sello de Yolanda Diaz y que debería consensuarse en la mesa del diálogo social con empresarios y sindicatos.  Se habla de más y mejores empleos, con más y mejores salarios. Estoy de acuerdo en que puede valorarse como una nueva reforma laboral por lo que plantea”.

Al final, para este jurista, “lo que se pretende es culminar esta iniciativa con un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que abarque tanto al trabajo por cuenta ajena como al autónomo y cooperativa». Pone el acento en que se debería atender a la transición digital con la inteligencia artificial que se incorpora al mercado de trabajo. «Ese Estatuto tendría más peso digital que analógico, incorporando la transición verde e incorporando las fórmulas de la negociación colectiva a la sostenibilidad”.

Desde su punto de vista, «es una propuesta ambiciosa vinculada a la producción normativa de la Unión Europea, donde ya tenemos la Directiva de Sostenibilidad y la que vendrá de Diligencia Debida, y ahí se va a poner el foco de las estrategias de ESG de las compañías con más atención en los riegos no financieros, pensando en las responsabilidades, porque la directiva incorpora responsabilidad de los administradores y consejos por incumplimientos laborales».

En este contexto, De la Torre afirma que se abren nuevas vías de modificación de instituciones clásicas del derecho laboral. «Una es los despidos, y ahí está la cuestión de la indemnización adicional restaurativa o reparadora y al final con independencia de la resolución final del Comité de Derechos Sociales sobre si cumplimos el articulo 24 parece que la estrategia política de un gobierno de coalición pasa por incorporarlo en el tablero de juego”.

Además, el letrado asegura que se incorporan cuestiones muy interesantes como “establecer garantías, por el momento genéricas para las personas trabajadoras, frente al despido y reforzar su causalidad en las extinciones, con lo cual el tema de la causalidad se modifica. Si esto cambiase como se prevé, sería una reforma severa del régimen de despidos. Si el legislador puso el foco en la contratación en la anterior legislatura, ahora lo pone en el despido y cambiar su dinámica”.

Carlos de la Torre, socio de Gomez-Acebo & Pombo no es partidario del decretazo y sí del acuerdo dentro de la mesa de diálogo social (Foto: E&J)

Como elementos novedosos relacionados con la negociación de convenios, “ahí lo que esta apuntando a que esa información económica la dispongan los sindicatos para que negocien en convenios sectoriales más sustanciales, y abre el melón de la jornada de trabajo y de la Ley de Usos del Tiempo. Sobre dicha jornada de trabajo, dice dos cosas relevantes. Habla de su reducción sin decremento salarial y apunta a 37,5 horas semanales”.

En este contexto, “se pretende lograr en los dos años venideros alcanzar las 37, 5 horas semanales sin que exista diferenciación por sectores. Es una reforma lineal en todos los sectores para avanzar rápido. Creo que tendría más lógica hacerla por sectores, pero su impacto sería más reducido, aunque cada sector tiene lógicas productivas y ganancias de productividad diferentes, los avances serían muy lentos y asimétricos”.

Respecto al Pacto de Rentas que plantea este acuerdo, “se trata de beneficiar el poder adquisitivo de los salarios, aunque ahora el tablero de juego laboral está mediatizado por el contexto económico y geopolítico. Ahora mismo, determinados factores no ayudarían a ese Pacto de Rentas. Por lo que se ve dichos conflictos bélicos, tanto en Ucrania como en Israel, tienen cierto impacto en la inflación, sobre todo en la cadena de suministro y en la disponibilidad de materias primas”.

Otro de los elementos que esboza este acuerdo político, es el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se pretende llegue al 60% del salario medio, “por el momento las subidas que se han producido no parece que hayan tenido en el pasado según algunos estudios que se conocen, impacto negativo en el empleo.  De todas formas, no será sencillo alcanzar ese Pacto de Rentas”.

Para Carlos de la Torre, hay cuestiones sobre las que se vuelve a incidir porque no se ha encontrado solución esta problemática “Ahí hay una serie de escenarios complejos, la población activa crece, pero no lo hace el número de horas que trabajan ni la productividad. Además, el paro juvenil y de larga duración sigue siendo elevado. Por el momento las políticas de empleo no funcionan en España. Creo que el SEPE debería tener el refuerzo de las empresas de trabajo temporal y cambiar su modelo de gobernanza y de gestión de recursos”.

En cuanto al tema de la jubilación parcial y el contrato de relevo, este jurista cree que esta coalición “no es muy ambiciosa en materia de Seguridad Social porque aún no se apuesta por la compatibilidad entre trabajo y pensión. Ahora mismo, el abismo de la jubilación obligatoria a los 67 años coloca a los jubilados en una situación de cero horas de prestación laboral y con muchas disfunciones en la normativa de acceso a la jubilación anticipada o gradual. No se entra ello y debería irse a ese modelo de forma gradual.”

El letrado afirma que otro tema interesante y complejo tiene que ver con desarrollar el artículo 129 de la Constitución Española “para impulsar una participación más eficaz de los trabajadores en el ámbito y sus empresas. No se dice como teniendo un sesgo ideológico importante. Alemania ha encontrado una fórmula de participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Puede ser una vía interesante pero peligrosa de sindicalización no solo de las empresas sino de los órganos de gobierno. Habrá que ver hasta dónde quieren llegar”.

Respecto al trabajo híbrido y al teletrabajo, “parece que esta propuesta se orienta más por las jornadas híbridas, ahí el legislador tendría que hacer un ejercicio de autocrítica y cambiar la normativa que penaliza ahora el régimen del teletrabajo por encima del 30% a lo largo de tres meses.  También, se anuncia reforzar el registro horario para reducir las horas extras que no se pagan e insisten que la digitalización está al servicio de estas personas”.

Sobre esta última cuestión, este jurista comenta que, “el uso de la tecnología algorítmica para el control de las prestaciones laborales deberá tener unos límites y estar al servicio de las personas. Al final todas estas propuestas van a necesitar de un diálogo social muy intenso. Sin embargo, por la práctica de este Gobierno en algunas ocasiones ha legislado cuando no ha habido acuerdo, como en el tema del SMI. Y en los derechos de conciliación y corresponsabilidad con las modificaciones técnicas importantes de los permisos”.

Desde este punto de vista, “al final hay que buscar sin duda escenarios de compromisos y equilibrios que tuvieron éxito en la última reforma laboral. El Gobierno tiene un precedente a seguir.  Ahora hay que seguir una directiva comunitaria y convertir los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas por hijo, a partir de agosto del 2024, que va a generar costes importantes en las empresas, en los sustituidos, así como reordenar la carga de trabajo de estos profesionales”.