El ‘caso Mediador’ que salpica al PSOE reabre el debate sobre la corrupción política en España

El caso Mediador es un ejemplo del uso de la influencia política para obtener favores y comisiones importantes. Este escándalo se vertebra como una trama de corrupción y tráfico de influencias en la que se encuentra inmerso Juan Bernardo Fuentes, hasta hace un par de semanas diputado del PSOE por Canarias en el Congreso de los Diputados, como una de las cabezas visibles.

Según la jueza que investiga este asunto, Fuentes, junto a varios colaboradores, contactaban con empresarios a quienes presuntamente convencían de que les pagaran un dinero a cambio de utilizar sus influencias para beneficiar a sus empresas a través de tratos de favor por parte de la Administración. Luego las noches acababan en cenas en un conocido restaurante madrileño hasta altas horas de la madrugada.

Fuentes, que ha sido llamado a declarar por la titular del juzgado 4 de instrucción de Tenerife, ha visto cómo la petición de la jueza de requisar los dispositivos electrónicos que el exdiputado tenía en su despacho parlamentario ha sido concedida por la Secretaría General del Congreso de los Diputados, una vez que lo ha autorizado la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

De esta manera, la juez pedía acceso policial a los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, así como a las anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad, actas, extractos, expedientes y documentos registrales, notariales y tributarios.

La corrupción vuelve a estar en medio de la actualidad con un partido político de por medio. Expertos consultados por Economist & Jurist analizan el problema de la corrupción política en nuestro país, un fenómeno que no siempre se ha saldado con sentencias judiciales por la lentitud de los procesos de instrucción.

Programas de compliance fallidos

Para Jorge Navarro, socio de Molins Defensa Penal, “en el año 2012 se introdujo la responsabilidad penal de los partidos políticos, que no existía con la reforma del Código Penal de 2010, si bien es cierto que al introducirla ese año tampoco era obligatoria. Eso significaba que los partidos políticos no tenían que realizar sus modelos de compliance al no ser imperativo”.

Jorge Navarro. (Foto: Molins Defensa Penal)

Sin embargo, aclara que cuando se modifica la ley de partidos políticos en el 2015 sí es imperativo que los partidos tengan en su modelo de prevención de delitos.

Para este abogado, “esos programas de compliance están fallando. Realmente es un mero maquillaje que ampara un modelo que lo que hace es dar una imagen de solvencia y de cultura ética que no se corresponde con la realidad de ese partido político”.

Desde su punto de vista, “no nos encontramos ante un problema jurídico, sino una cuestión ética. Si no están imbuidos los principios éticos, lo siguen haciendo. Al final es una cuestión más de valores. Los partidos políticos no son muy sensibles con la ética y la moral. No tienen escrúpulos a la hora de delinquir. Se aprovechan del cargo para cometer estos comportamientos delictivos”.

A su juicio, “el status político te da una impunidad, esto es muy habitual. Siempre hay justificación moral a estos comportamientos, pero es censurable, pese a que hasta la fecha la tendencia judicial es restrictiva a la imputación de los propios partidos políticos”.

Navarro cree que “se han investigado muchos hechos anteriores al 2012, pero parece que ahora puede haber un cambio de criterios, aunque en muchos casos la dinámica judicial no permite que se determine la responsabilidad de las personas jurídicas, y eso puede retrasar la investigación. Por el momento hay poca sensibilidad por parte de los órganos judiciales a nivel de imputación de esos partidos políticos”.

Navarro recuerda que “en el tema de los ERE de Andalucía, en las piezas grandes están fuera los partidos políticos o sindicatos, sin embargo, ahora se abren piezas breves con los sindicatos y los beneficios que obtuvieron de esa trama, lo que puede suponerles, además de la responsabilidad civil, una posible condena penal. Si fueran condenados no podrían recibir subvenciones, como marca la ley”.

Sobre el caso Mediador, Navarro recuerda que “la ambición de las personas es desmedida y en este caso sería necesario que los partidos políticos contaran con unos controles reales para frenar este tipo de situaciones. Al mismo tiempo, los canales de denuncia deberán utilizarse ante situaciones de corrupción. Veremos realmente qué utilidad tienen con la nueva ley de protección del denunciante aprobada”.

Para Jorge Navarro, “al final se trata de regenerar nuestra sociedad, donde la corrupción se ha instalado a todos los niveles. No será fácil que desaparezca porque parece algo intrínseco al ser humano. En este contexto, los partidos políticos mayoritarios utilizan su influencia y resortes para ser cada vez más grandes pese a algunas condutas irregulares que generan”.

En su opinión, una de las soluciones podría pasar por crear una fiscalía anticorrupción de seguimiento a los políticos “no puede ser que un político acabe su carrera política y no pegue un palo al agua porque ha multiplicado su patrimonio por cinco. Ese tipo de cuestiones habría que investigarlas más a fondo”.

No hay planes de integridad

Joan Linares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, señala que está “cansado” de hacer la reflexión sobre que fallan los controles en los partidos políticos. “Los partidos políticos no tienen ningún plan de integridad que ponga barreras a que se cuelen personajes de este calibre. No hay mecanismos preventivos para que nadie se incruste dentro de la estructura del partido”.

Joan Linares, presidente de la Agencia Valenciana Antifraude. (Foto: AVA)

En ausencia de planes de integridad y planes antifraude dentro de estas formaciones políticas se generan este tipo de asuntos que ahora ocupan las portadas de los principales medios de comunicación y de los telediarios. Eso hace que la mayor parte de la corrupción en nuestro país esté ligada a los partidos políticos”.

De hecho, en la propia ley de protección al informante “los partidos políticos tienen obligación de tener canales internos de denuncia y el canal externo conectarlo con la autoridad nacional, si el partido es nacional o conectarlo a nivel regional si el partido es de ese ámbito”.

Para Linares, “con esta ley que acaba de aprobarse de protección al denunciante, vamos a insistir en la obligación de que cualquier organización tenga sus canales internos o externos, tanto partidos políticos como sindicatos, empresas a partir de 50 trabajadores y todas las administraciones públicas. Creemos que es fundamental para luchar contra la corrupción”.

A su juicio, “si bien los procedimientos de compliance los tienen las grandes empresas, en los partidos políticos nunca ha habido ningún interés y tampoco en los sindicatos. La parte positiva de esta ley es que los partidos políticos deberán contar con un buzón interno de corrupción y la persona que lo vaya a llevar deberá estar coordinada con la autoridad antifraude correspondiente, en función de su ámbito regional o nacional”.

Desde la propia Agencia Valenciana Antifraude “hemos firmado protocolos con distintos ayuntamientos de la región para ayudarles a que se instalen sus canales internos y que los externos se conectan con el buzón de la propia denuncia. Ya hemos firmado 30 convenios y siguen llegando peticiones, porque en tres meses los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes deben contar con ese canal interno, so pena de multas elevadas de hasta un millón de euros si la falta es muy grave”.

La corrupción, «en el ADN de los partidos»

Para Santiago Milans del Bosch, abogado penalista y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE, “el momento que vivimos es preocupante. Parece que la corrupción forma parte del ADN de los partidos que se alternan en el poder. La sensación que se ofrece es de impunidad”.

Santiago Milans del Bosch. (Foto: Milans del Bosch Abogados)

Para este abogado “a ello contribuye que la justicia es lenta. Parece una tomadura de pelo que ante sentencias condenatorias, como el caso ERE, que es impresionante ante la cuantía de la corrupción desde la propia Junta de Andalucía, parece haber una impunidad porque al final viene la modificación de los delitos de malversación, el indulto o la suspensión de una ejecución”.

Lo que más asombra a este penalista es que todo esto va unido al ataque a la justicia independiente. “Si tenemos unas reformas que establecen que el partido mayoritario, el PSOE, con sus socios de Gobierno colocan a los magistrados en el Tribunal Constitucional, genera que la última instancia judicial esté manipulada del todo en cuanto a sus decisiones”.

A juicio de este experto “no es solo el fallo del sistema judicial. Esto no se arregla solo con una justicia independiente, sino también con una ética y seguridad jurídica y un plan de formación que ahora mismo no existe”.

Para Milans del Bosch, “en este contexto es difícil asegurar que vaya a funcionar una ley de protección al denunciante en lo relacionado con los partidos políticos. Parece que será una ley ineficaz. Los canales internos no van a funcionar porque ellos nombrarán a esos responsables”.

“Al mismo tiempo es poco de fiar la Autoridad Independiente que nombrará el Gobierno oído el Ministerio de Justicia. No es un problema que se arregla con leyes, sino con ejemplos de austeridad, servicio público y no de servirse de la política para hacer carrera con idea de enriquecerte”, sentencia el experto.

Desde su punto de vista, la solución no parece sencilla: “Necesitaríamos de una prensa independiente de los hechos y respetuosa de la investigación judicial. Al mismo tiempo, una justicia eficaz no puede ser lenta ni estar en manos de una fiscalía que responde, a nivel de la Fiscalía General del Estado, a planteamientos ideológicos con una carencia de medios que hace que estos procedimientos sean muy lentos”.

Al final, este penalista destaca que “en algunos casos, la sentencia se paraliza porque se cambia la ley o se aplica un indulto con el efecto pedagógico para la sociedad que ven que los poderosos salen siempre beneficiados e impunes de muchas de estas tramas”.

Corrupción endémica

Por su parte, Francisco Bonatti, socio de Bonatti Penal y presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC), cree que “donde hay poder hay corrupción. Hoy en día tenemos un modelo en España donde los partidos políticos acaban controlando a quienes están en las instituciones. Eso hace que dicha corrupción se trasmita a los cargos electos”.

Francisco Bonatti. (Foto: Bonatti Penal)

Desde su punto de vista, “esto hace que los partidos políticos tengan un poder enorme y si ese partido no tiene unos controles internos adecuados, es lógico que acabe influyendo en regidores, alcaldes o diputados nacionales o autonómicos. En otros países, uno se debe más sus votantes y hay un punto de independencia mayor que la que hay en España”.

A su juicio, “esta tendencia arranca desde la transición democrática de nuestro país. En aquel momento la Constitución apostó por un modelo que impulsaba los partidos políticos ante el temor a un retroceso de las garantías democráticas. Se apostó por reforzar su papel en el momento que eran embrionarios en España como oposición a la dictadura franquista”.

En su opinión, “esta tendencia se ha consolidado en estos últimos 50 años, donde ponen y quitan a los cargos electos, como uno de los puntos clave. Otro daño colateral es que esa maquinaria necesita engrasarse con dinero para las elecciones. Eso hace que la corrupción aparezca por la necesidad de los partidos políticos de contar con financiación para competir en campañas electorales. Es ahí donde se juegan el futuro del partido. La financiación ilegal del partido puede ser un atajo en este tipo de situaciones”.

Desde esta perspectiva, “hay falta de control interno porque realmente desde los partidos políticos se reparten los cargos. Este es el punto clave de poder político y marca mucho, sobre todo en el ámbito autonómico y municipal. En esas formaciones políticas hay ciertas personas que controlan el partido de forma poderosa, eso hace que esta entidad se abra al nepotismo y a la corrupción”:

Para Bonatti, “cuesta mucho conocer quién es el compliance officer de un partido político, no son figuras conocidas, pese a que es obligatorio que tengan su sistema de compliance. Sin embargo, hay poca transparencia en estos temas y no hay acciones que identifiquen que los partidos tengan su área de compliance y si tienen un canal de denuncia. El partido político como organización tiene responsabilidad penal, pero se sabe poco del canal”.

Respecto al impacto de la ley de protección de denunciantes ya en vigor desde este lunes, este abogado considera que “tengo la sensación que no va a mejorar mucho el tema desde el partido político. No se sabe absolutamente nada de cómo trabajan ellos los temas de compliance y de canales de denuncia. La ley les exige un poco más, pero todo dependerá de la elección de la Autoridad Independiente que se designe, entre otras cuestiones”.

Este experto penalista recuerda que “la misma ley establece que el Consejo de Ministros tiene un año para aprobar el Estatuto que regulará dicha Autoridad Independiente de Protección al Denunciante, eso quiere decir que pasaremos todos los ciclos electorales en los que no hay canal externo ni dicha Autoridad a lo largo de ese próximo año”.

La otra cara de este fenómeno está en los tribunales: “Con el modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica que tenemos, se hace muy urgente que el procedimiento penal se asimile más a modelos como el norteamericano. En ese modelo hay un organismo que acusa con todas las facultades y una agilidad mayor que los tribunales españoles”.

A su juicio, “el problema que tenemos es que nuestro sistema judicial es deficiente. Los juzgados están colapsados, y ahora notan mucho la huelga de los LAJs, que genera más retrasos de juicios y prolongación de los mismos en el tiempo. Eso desincentiva cualquier acción penal”.

Al mismo tiempo, revela que “el modelo de instrucción penal que tenemos puede ser muy útil para algunas otras cosas, pero para impulsar la responsabilidad penal de la persona jurídica no es el modelo adecuado. Se alargan los temas y las estrategias de defensa son legítimas. Cualquier querella que se interpone puede extenderse entre cinco y siete años como mínimo”.